El Ministerio Público deberá decidir este lunes si inicia una investigación contra los 22 pobladores acusados por el Gobierno de cometer actos violentos en la Región de Aysén, luego que el Tribunal de Letras de la zona acogiera a trámite la querella.

Una acusación que para el abogado Marcelo Rodríguez, del Vicariato Apostólico, y uno de los 19 defensores que representarán a los acusados, no tiene antecedentes que le otorguen sustento.

“Se han analizado los antecedentes y creemos que no existen antecedentes serios que permitan hacer una acusación tan grave en contra de estas personas”, señaló el profesional, explicando que en la demandas “se hace referencia  a la existencia de supuestos partes de Carabineros, que ni siquiera se acompañan conjuntamente a la querella, que darían cuenta de la presencia de de estos habitantes de de Aysén, participando supuestamente de alguna marcha o alguna barricada,  pero, claramente, no hay una descripción de la participación de alguno de ellos cometiendo un ilícito específico”.

El jurista agregó que “no entendemos cómo se trata de criminalizar a estas personas y decir que son delincuentes cuando no hay antecedentes formales que permita aseverar eso” y declaró que el fin último de la querella tiene un objetivo político “y de amedrentar a la gente para que no asista a manifestarse públicamente de aquí en adelante y eso es un atentado grave al derecho de las personas a emitir opinión y manifestarse”.

Rodríguez añadió que la querella es un acto comunicacional que intenta criminalizar la protesta social que se desarrolla en Aysén, “aprovechando la quema de un bus y un guanaco por parte de una turba de manifestantes, haciendo creer a la gente que tienen que ver estas personas con ese incidente, pero si uno lee la querella ellos no tienen nada que ver con esos hechos”.

Los delitos que se imputan a los 22 aiseninos tienen relación con provocar desórdenes o actos de violencia, destinados a alterar la tranquilidad pública; promover o destruir instalaciones o servicios públicos y obstruir el libre tránsito de las personas.

Uno de los patagones solicitados por la Ley de Seguridad del Estado es Honorino Angulo, pescador artesanal que respondió a las acusaciones del Gobierno de ser instigador a la violencia. El dirigente sindical señaló que “si es violencia llamar al resto de compañeros a salir a las calles, arrancar del guanaco y de los perdigones que te disparan, sí, es violencia”.

Además, Angulo sostuvo que la aplicación de esta medida era algo que se esperaba, pues “como dirigente antiguo y por haberme criado en una dictadura de 20 años, no esperaba más sabiendo que los que gobiernan hoy son los sobrinos, los hijos y los nietos de esa dictadura. No esperábamos más de este Gobierno de derecha que oprimir a los dirigentes sociales con tal de que nadie más levante la voz”, dijo.