Diputados y senadores encabezan la lista en la novena versión del estudio anual “Percepción de la población pobre de Santiago sobre probidad y corrupción en Chile al año 2011 y visión evolutiva desde el año 2003”, realizado por la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez.
En general un 77,4 por ciento de las personas pobres de Santiago considera que hay un “Alto” o “Muy alto” nivel de corrupción en el país en la actualidad, cifra que crece 13 por ciento respecto a la medición del 2010.
A los parlamentarios, que obtienen un 65,3 por ciento de puntaje, le siguen las empresas privadas con un 58,8 por ciento; el Gobierno con un 58,3 por ciento; los juzgados con un 57,6 por ciento, y las municipalidades con un 56,3 por ciento.
La encuesta arrojó que todas las instancias que se deberían preocupar de solucionar la corrupción obtienen notas bajo 3,8 en una escala de 7 puntos, incluyendo a los partidos políticos, parlamentarios, tribunales, el Estado, el ministerio de Justicia, las municipalidades, investigaciones, las Fuerzas Armadas y Carabineros, entre otros.
Lo más preocupante, según el investigador Marcelo Yáñez, es que se volvió a alcanzar el nivel de percepción de los años 2006 y 2007 cuando se conocieron casos notables de corrupción.
“El 2010 se incrementa la percepción negativa en materia de corrupción en nuestro país, tanto a nivel del gobierno como a nivel del sector judicial, de los propios partidos políticos, en general, en todos aquellos ámbitos en donde hay aspectos de interés público”, agregó Yañez.
El académico explicó que persiste en esta población una percepción generalizada de altos niveles de corrupción en el ámbito público, gubernamental, judicial y legislativo, lo que obedecería a una falta de legitimidad, de interpretación y representación que sienten las personas respecto de autoridades directamente electas.
“Un estudio como este viene, simplemente, a constatar una vez más que lo que están haciendo las diversas instancias vinculadas a lo público no logra generar impacto para modificar la percepción negativa que se tiene respecto de la institucionalidad y de los actores involucrados”, indicó el investigador.
Entre los resultados positivos, se mantiene Bomberos con el menor nivel de percepción de corrupción, seguido de universidades, colegios y juntas de vecinos.
Yáñez explicó que se considera a una persona en condición de pobreza si su ingreso líquido mensual per cápita es hasta de 158 mil pesos en el caso de familias de dos o más integrantes, y de hasta 237 mil pesos si es una familia unipersonal.
Diputados y senadores encabezan la lista en la novena versión del estudio anual “Percepción de la población pobre de Santiago sobre probidad y corrupción en Chile al año 2011 y visión evolutiva desde el año 2003”, realizado por la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez.
En general un 77,4 por ciento de las personas pobres de Santiago considera que hay un “Alto” o “Muy alto” nivel de corrupción en el país en la actualidad, cifra que crece 13 por ciento respecto a la medición del 2010.
A los parlamentarios, que obtienen un 65,3 por ciento de puntaje, le siguen las empresas privadas con un 58,8 por ciento; el Gobierno con un 58,3 por ciento; los juzgados con un 57,6 por ciento, y las municipalidades con un 56,3 por ciento.
La encuesta arrojó que todas las instancias que se deberían preocupar de solucionar la corrupción obtienen notas bajo 3,8 en una escala de 7 puntos, incluyendo a los partidos políticos, parlamentarios, tribunales, el Estado, el ministerio de Justicia, las municipalidades, investigaciones, las Fuerzas Armadas y Carabineros, entre otros.
Lo más preocupante, según el investigador Marcelo Yáñez, es que se volvió a alcanzar el nivel de percepción de los años 2006 y 2007 cuando se conocieron casos notables de corrupción.
“El 2010 se incrementa la percepción negativa en materia de corrupción en nuestro país, tanto a nivel del gobierno como a nivel del sector judicial, de los propios partidos políticos, en general, en todos aquellos ámbitos en donde hay aspectos de interés público”, agregó Yañez.
El académico explicó que persiste en esta población una percepción generalizada de altos niveles de corrupción en el ámbito público, gubernamental, judicial y legislativo, lo que obedecería a una falta de legitimidad, de interpretación y representación que sienten las personas respecto de autoridades directamente electas.
“Un estudio como este viene, simplemente, a constatar una vez más que lo que están haciendo las diversas instancias vinculadas a lo público no logra generar impacto para modificar la percepción negativa que se tiene respecto de la institucionalidad y de los actores involucrados”, indicó el investigador.
Entre los resultados positivos, se mantiene Bomberos con el menor nivel de percepción de corrupción, seguido de universidades, colegios y juntas de vecinos.
Yáñez explicó que se considera a una persona en condición de pobreza si su ingreso líquido mensual per cápita es hasta de 158 mil pesos en el caso de familias de dos o más integrantes, y de hasta 237 mil pesos si es una familia unipersonal.
Diputados y senadores encabezan la lista en la novena versión del estudio anual “Percepción de la población pobre de Santiago sobre probidad y corrupción en Chile al año 2011 y visión evolutiva desde el año 2003”, realizado por la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez.
En general un 77,4 por ciento de las personas pobres de Santiago considera que hay un “Alto” o “Muy alto” nivel de corrupción en el país en la actualidad, cifra que crece 13 por ciento respecto a la medición del 2010.
A los parlamentarios, que obtienen un 65,3 por ciento de puntaje, le siguen las empresas privadas con un 58,8 por ciento; el Gobierno con un 58,3 por ciento; los juzgados con un 57,6 por ciento, y las municipalidades con un 56,3 por ciento.
La encuesta arrojó que todas las instancias que se deberían preocupar de solucionar la corrupción obtienen notas bajo 3,8 en una escala de 7 puntos, incluyendo a los partidos políticos, parlamentarios, tribunales, el Estado, el ministerio de Justicia, las municipalidades, investigaciones, las Fuerzas Armadas y Carabineros, entre otros.
Lo más preocupante, según el investigador Marcelo Yáñez, es que se volvió a alcanzar el nivel de percepción de los años 2006 y 2007 cuando se conocieron casos notables de corrupción.
“El 2010 se incrementa la percepción negativa en materia de corrupción en nuestro país, tanto a nivel del gobierno como a nivel del sector judicial, de los propios partidos políticos, en general, en todos aquellos ámbitos en donde hay aspectos de interés público”, agregó Yañez.
El académico explicó que persiste en esta población una percepción generalizada de altos niveles de corrupción en el ámbito público, gubernamental, judicial y legislativo, lo que obedecería a una falta de legitimidad, de interpretación y representación que sienten las personas respecto de autoridades directamente electas.
“Un estudio como este viene, simplemente, a constatar una vez más que lo que están haciendo las diversas instancias vinculadas a lo público no logra generar impacto para modificar la percepción negativa que se tiene respecto de la institucionalidad y de los actores involucrados”, indicó el investigador.
Entre los resultados positivos, se mantiene Bomberos con el menor nivel de percepción de corrupción, seguido de universidades, colegios y juntas de vecinos.
Yáñez explicó que se considera a una persona en condición de pobreza si su ingreso líquido mensual per cápita es hasta de 158 mil pesos en el caso de familias de dos o más integrantes, y de hasta 237 mil pesos si es una familia unipersonal.
