16 de los 22 habitantes de la región de Aysén que fueron querellados por Ley de Seguridad del Estado fueron sobreseídos el miércoles por el Tribunal de Letras y Garantía de Puerto Aysén.
Esto, luego que el Gobierno desistiera de las querellas en el marco de las conversaciones que sostuvo con la mesa social durante el conflicto en Aysén.
La resolución judicial fue recibida con satisfacción por los habitantes de la zona. Elizabeth Paillavele manifestó su tranquilidad por el fin de la causa: “Por fin salimos de esto, estamos súper tranquilos, más aliviados por mis vecinos y compañeras igual, las que tenemos hartos hijos, que nos fue harto duro. A nivel de familia fue complicado, porque en la calle de repente, por talla y todo, te gritan terrorista, terrorista. Ya pasó a segundo plano, ya no soy terrorista”, dijo.
Mientras, Juan Luis Atton, primo del subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, dijo que “tenía muy presente que tenía que ser así, no había mucho que discutir en el fondo. Ahora hay que esperar los pasos a seguir de nuestra parte. Yo, al menos, no voy a dejarlo aquí. Ahora empieza la carrera por el otro lado”.
La justicia determinó además que las costas del proceso sean pagadas por el ministerio del Interior, cifra que según la Defensoría Penal Pública alcanzaría poco más de un millón 179 mil pesos por cada imputado.
Sin embargo, la defensa de los acusados espera que sea el propio ministro Rodrigo Hinzpeter, y no el Estado, quien asuma el costo del proceso. Uno de los abogados, Rodrigo de los Reyes, lo planteó de este modo: “¿Quién paga esas costas? Todo indica que las paga el ministerio del Interior, pero en definitiva, suena absurdo, porque el ministerio fue vencido, no pudo probar ninguno de sus dichos ni la intendenta regional tampoco. Y tampoco se han disculpado con nuestros representados. Pero esa plata sale del bolsillo de todos los chilenos. Lo lógico sería que se abriera una investigación administrativa y sea el ministro quien tenga que pagar las costas, que no son pocas”, indicó.
Rodrigo de los Reyes lamentó además que, aun cuando el Gobierno retiró las querellas, nunca se disculpó con los habitantes de Aysén querellados por Ley de Seguridad del Estado: “Hasta el momento, y eso es lo que molesta, no existe una sola disculpa de alguna autoridad con esos vecinos, a los cuales se les hizo un daño irreparable en sus vidas. Para cualquier ciudadano común y corriente, no es fácil que el ministerio del Interior, con toda la maquinaria represiva que tiene, lo acuse de terrorista y sea sindicado públicamente por los medios de prensa como personas que tienen que ver conn hechos que deberían haberse investigado bien. Esa gente vivió un verdadero calvario durante dos meses”, afirmó.
La defensa presentó además una denuncia por querella calumniosa en contra del ministro Hinzpeter, la cual fue acogida por el Ministerio Público.
Cabe recordar que los restantes seis vecinos de Aysén que habían sido querellados fueron sobreseídos en Puerto Cisnes, donde el ministerio del Interior también fue condenado a pagar las costas del proceso.
16 de los 22 habitantes de la región de Aysén que fueron querellados por Ley de Seguridad del Estado fueron sobreseídos el miércoles por el Tribunal de Letras y Garantía de Puerto Aysén.
Esto, luego que el Gobierno desistiera de las querellas en el marco de las conversaciones que sostuvo con la mesa social durante el conflicto en Aysén.
La resolución judicial fue recibida con satisfacción por los habitantes de la zona. Elizabeth Paillavele manifestó su tranquilidad por el fin de la causa: “Por fin salimos de esto, estamos súper tranquilos, más aliviados por mis vecinos y compañeras igual, las que tenemos hartos hijos, que nos fue harto duro. A nivel de familia fue complicado, porque en la calle de repente, por talla y todo, te gritan terrorista, terrorista. Ya pasó a segundo plano, ya no soy terrorista”, dijo.
Mientras, Juan Luis Atton, primo del subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, dijo que “tenía muy presente que tenía que ser así, no había mucho que discutir en el fondo. Ahora hay que esperar los pasos a seguir de nuestra parte. Yo, al menos, no voy a dejarlo aquí. Ahora empieza la carrera por el otro lado”.
La justicia determinó además que las costas del proceso sean pagadas por el ministerio del Interior, cifra que según la Defensoría Penal Pública alcanzaría poco más de un millón 179 mil pesos por cada imputado.
Sin embargo, la defensa de los acusados espera que sea el propio ministro Rodrigo Hinzpeter, y no el Estado, quien asuma el costo del proceso. Uno de los abogados, Rodrigo de los Reyes, lo planteó de este modo: “¿Quién paga esas costas? Todo indica que las paga el ministerio del Interior, pero en definitiva, suena absurdo, porque el ministerio fue vencido, no pudo probar ninguno de sus dichos ni la intendenta regional tampoco. Y tampoco se han disculpado con nuestros representados. Pero esa plata sale del bolsillo de todos los chilenos. Lo lógico sería que se abriera una investigación administrativa y sea el ministro quien tenga que pagar las costas, que no son pocas”, indicó.
Rodrigo de los Reyes lamentó además que, aun cuando el Gobierno retiró las querellas, nunca se disculpó con los habitantes de Aysén querellados por Ley de Seguridad del Estado: “Hasta el momento, y eso es lo que molesta, no existe una sola disculpa de alguna autoridad con esos vecinos, a los cuales se les hizo un daño irreparable en sus vidas. Para cualquier ciudadano común y corriente, no es fácil que el ministerio del Interior, con toda la maquinaria represiva que tiene, lo acuse de terrorista y sea sindicado públicamente por los medios de prensa como personas que tienen que ver conn hechos que deberían haberse investigado bien. Esa gente vivió un verdadero calvario durante dos meses”, afirmó.
La defensa presentó además una denuncia por querella calumniosa en contra del ministro Hinzpeter, la cual fue acogida por el Ministerio Público.
Cabe recordar que los restantes seis vecinos de Aysén que habían sido querellados fueron sobreseídos en Puerto Cisnes, donde el ministerio del Interior también fue condenado a pagar las costas del proceso.
16 de los 22 habitantes de la región de Aysén que fueron querellados por Ley de Seguridad del Estado fueron sobreseídos el miércoles por el Tribunal de Letras y Garantía de Puerto Aysén.
Esto, luego que el Gobierno desistiera de las querellas en el marco de las conversaciones que sostuvo con la mesa social durante el conflicto en Aysén.
La resolución judicial fue recibida con satisfacción por los habitantes de la zona. Elizabeth Paillavele manifestó su tranquilidad por el fin de la causa: “Por fin salimos de esto, estamos súper tranquilos, más aliviados por mis vecinos y compañeras igual, las que tenemos hartos hijos, que nos fue harto duro. A nivel de familia fue complicado, porque en la calle de repente, por talla y todo, te gritan terrorista, terrorista. Ya pasó a segundo plano, ya no soy terrorista”, dijo.
Mientras, Juan Luis Atton, primo del subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, dijo que “tenía muy presente que tenía que ser así, no había mucho que discutir en el fondo. Ahora hay que esperar los pasos a seguir de nuestra parte. Yo, al menos, no voy a dejarlo aquí. Ahora empieza la carrera por el otro lado”.
La justicia determinó además que las costas del proceso sean pagadas por el ministerio del Interior, cifra que según la Defensoría Penal Pública alcanzaría poco más de un millón 179 mil pesos por cada imputado.
Sin embargo, la defensa de los acusados espera que sea el propio ministro Rodrigo Hinzpeter, y no el Estado, quien asuma el costo del proceso. Uno de los abogados, Rodrigo de los Reyes, lo planteó de este modo: “¿Quién paga esas costas? Todo indica que las paga el ministerio del Interior, pero en definitiva, suena absurdo, porque el ministerio fue vencido, no pudo probar ninguno de sus dichos ni la intendenta regional tampoco. Y tampoco se han disculpado con nuestros representados. Pero esa plata sale del bolsillo de todos los chilenos. Lo lógico sería que se abriera una investigación administrativa y sea el ministro quien tenga que pagar las costas, que no son pocas”, indicó.
Rodrigo de los Reyes lamentó además que, aun cuando el Gobierno retiró las querellas, nunca se disculpó con los habitantes de Aysén querellados por Ley de Seguridad del Estado: “Hasta el momento, y eso es lo que molesta, no existe una sola disculpa de alguna autoridad con esos vecinos, a los cuales se les hizo un daño irreparable en sus vidas. Para cualquier ciudadano común y corriente, no es fácil que el ministerio del Interior, con toda la maquinaria represiva que tiene, lo acuse de terrorista y sea sindicado públicamente por los medios de prensa como personas que tienen que ver conn hechos que deberían haberse investigado bien. Esa gente vivió un verdadero calvario durante dos meses”, afirmó.
La defensa presentó además una denuncia por querella calumniosa en contra del ministro Hinzpeter, la cual fue acogida por el Ministerio Público.
Cabe recordar que los restantes seis vecinos de Aysén que habían sido querellados fueron sobreseídos en Puerto Cisnes, donde el ministerio del Interior también fue condenado a pagar las costas del proceso.
