La división planteada por el mandatario no es nueva, sino que se está barajando desde el año 2000 como parte de las reformas a la justicia y los sistemas de infancia y adolescencia, e incluso ya ha sido presentada en otros discursos del 21 de mayo.
Sin embargo Alicia del Basto, presidenta de los funcionarios del Sename expresó abiertamente su rechazo. “Los trabajadores no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado a las diferentes autoridades que han estado dirigiendo el ministerio de Justica y el Sename, por la sencilla razón que esta división no nos da garantías de que los servicios vayan a tener mejor calidad o mejor atención a los jóvenes y, además, las condiciones de los trabajadores que no queda claro en ninguna parte”, dijo.
“Nosotros planteamos que debiera ser un solo servicio con dos subdirecciones, porque esto ya está dividido al interior del Sename en infractores de ley y protección de derechos que hoy se trabajan por separado”, añadió Del Basto.
Para la dirigenta sindical este es el camino que hay que seguir, pero mejorando el tema presupuestario, las condiciones, la infraestructura y todo lo que, afirman, han planteado por años los trabajadores. “Si no hay disposición a entregar más recursos, aunque el servicio se divida todo va a seguir igual”, afirmó.
Además, mostró su preocupación por los pocos centros de protección que aún administran, y afirmó que “si se van al Ministerio de Desarrollo Social podrían ser privatizados y allí nada asegura que los niños estén cuidados como corresponde”.
Por otro lado, el abogado especialista en derecho penal juvenil y profesor de nuestra casa de estudios, Gonzalo Berríos, se mostró a favor de la división de funciones y apostó por una renovación del servicio.
“Nunca hay certezas con los cambios meramente legales, lo que sí tenemos certeza es que tal y como está funcionando el Sename hoy, tampoco se están cumpliendo sus objetivos. Desde este punto de vista, yo prefiero innovar por la vía de separar estos servicios, sin perjuicio de clarificar cuáles van a ser las funciones que van a tener, cuáles van a ser los recursos con que van a contar para cumplir sus tareas, porque muchas veces las leyes establecen funciones, pero no otorgan los recursos necesarios para cumplirlas” , aseguró Berríos.
El académico añadió que, al principio, la idea parece correcta porque permite la especialización, pero hay que ver cómo viene el proyecto, ya que también debe detallarse el grado de profesionalización de quienes entregarán las prestaciones y si se establecerán los medios para que los trabajadores que lo requieran sean capacitados en sus nuevas funciones, datos que se podrán analizar cuando se dé a conocer el proyecto de ley.
La división planteada por el mandatario no es nueva, sino que se está barajando desde el año 2000 como parte de las reformas a la justicia y los sistemas de infancia y adolescencia, e incluso ya ha sido presentada en otros discursos del 21 de mayo.
Sin embargo Alicia del Basto, presidenta de los funcionarios del Sename expresó abiertamente su rechazo. “Los trabajadores no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado a las diferentes autoridades que han estado dirigiendo el ministerio de Justica y el Sename, por la sencilla razón que esta división no nos da garantías de que los servicios vayan a tener mejor calidad o mejor atención a los jóvenes y, además, las condiciones de los trabajadores que no queda claro en ninguna parte”, dijo.
“Nosotros planteamos que debiera ser un solo servicio con dos subdirecciones, porque esto ya está dividido al interior del Sename en infractores de ley y protección de derechos que hoy se trabajan por separado”, añadió Del Basto.
Para la dirigenta sindical este es el camino que hay que seguir, pero mejorando el tema presupuestario, las condiciones, la infraestructura y todo lo que, afirman, han planteado por años los trabajadores. “Si no hay disposición a entregar más recursos, aunque el servicio se divida todo va a seguir igual”, afirmó.
Además, mostró su preocupación por los pocos centros de protección que aún administran, y afirmó que “si se van al Ministerio de Desarrollo Social podrían ser privatizados y allí nada asegura que los niños estén cuidados como corresponde”.
Por otro lado, el abogado especialista en derecho penal juvenil y profesor de nuestra casa de estudios, Gonzalo Berríos, se mostró a favor de la división de funciones y apostó por una renovación del servicio.
“Nunca hay certezas con los cambios meramente legales, lo que sí tenemos certeza es que tal y como está funcionando el Sename hoy, tampoco se están cumpliendo sus objetivos. Desde este punto de vista, yo prefiero innovar por la vía de separar estos servicios, sin perjuicio de clarificar cuáles van a ser las funciones que van a tener, cuáles van a ser los recursos con que van a contar para cumplir sus tareas, porque muchas veces las leyes establecen funciones, pero no otorgan los recursos necesarios para cumplirlas” , aseguró Berríos.
El académico añadió que, al principio, la idea parece correcta porque permite la especialización, pero hay que ver cómo viene el proyecto, ya que también debe detallarse el grado de profesionalización de quienes entregarán las prestaciones y si se establecerán los medios para que los trabajadores que lo requieran sean capacitados en sus nuevas funciones, datos que se podrán analizar cuando se dé a conocer el proyecto de ley.
La división planteada por el mandatario no es nueva, sino que se está barajando desde el año 2000 como parte de las reformas a la justicia y los sistemas de infancia y adolescencia, e incluso ya ha sido presentada en otros discursos del 21 de mayo.
Sin embargo Alicia del Basto, presidenta de los funcionarios del Sename expresó abiertamente su rechazo. “Los trabajadores no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado a las diferentes autoridades que han estado dirigiendo el ministerio de Justica y el Sename, por la sencilla razón que esta división no nos da garantías de que los servicios vayan a tener mejor calidad o mejor atención a los jóvenes y, además, las condiciones de los trabajadores que no queda claro en ninguna parte”, dijo.
“Nosotros planteamos que debiera ser un solo servicio con dos subdirecciones, porque esto ya está dividido al interior del Sename en infractores de ley y protección de derechos que hoy se trabajan por separado”, añadió Del Basto.
Para la dirigenta sindical este es el camino que hay que seguir, pero mejorando el tema presupuestario, las condiciones, la infraestructura y todo lo que, afirman, han planteado por años los trabajadores. “Si no hay disposición a entregar más recursos, aunque el servicio se divida todo va a seguir igual”, afirmó.
Además, mostró su preocupación por los pocos centros de protección que aún administran, y afirmó que “si se van al Ministerio de Desarrollo Social podrían ser privatizados y allí nada asegura que los niños estén cuidados como corresponde”.
Por otro lado, el abogado especialista en derecho penal juvenil y profesor de nuestra casa de estudios, Gonzalo Berríos, se mostró a favor de la división de funciones y apostó por una renovación del servicio.
“Nunca hay certezas con los cambios meramente legales, lo que sí tenemos certeza es que tal y como está funcionando el Sename hoy, tampoco se están cumpliendo sus objetivos. Desde este punto de vista, yo prefiero innovar por la vía de separar estos servicios, sin perjuicio de clarificar cuáles van a ser las funciones que van a tener, cuáles van a ser los recursos con que van a contar para cumplir sus tareas, porque muchas veces las leyes establecen funciones, pero no otorgan los recursos necesarios para cumplirlas” , aseguró Berríos.
El académico añadió que, al principio, la idea parece correcta porque permite la especialización, pero hay que ver cómo viene el proyecto, ya que también debe detallarse el grado de profesionalización de quienes entregarán las prestaciones y si se establecerán los medios para que los trabajadores que lo requieran sean capacitados en sus nuevas funciones, datos que se podrán analizar cuando se dé a conocer el proyecto de ley.
