A principios de junio se cumplirán cinco años de la implementación de la Ley de Responsabilidad Adolescente, normativa que no ha estado ajena a complicaciones, ya sea por recursos, infraestructura, capacitación del personal; pero que además de esto, no se ha registrado una disminución en las cifras de reincidencia en los jóvenes que pasan por los centros del Sename.
Estudios de la Fundación Paz Ciudadana demuestran que el 55% de los menores han sido requeridos de una nueva condena y un 70% han presentado una nueva causa; cifras desalentadoras a las que se sumará un estudio de la Universidad de Chile, sobre el impacto de la normativa.
A esto se suma el que se haya duplicado la cifra de hogares cerrados por el Servicio Nacional de Menores entre el 2010 y el 2011, esto a causa de que la institución considerara evaluaciones insatisfactorias.
Agudizando este eventual escenario de crisis, se suman los sumarios ordenados por largas listas de espera para jóvenes víctimas de abuso, donde se presenta un déficit a casi 6 mil menores, de lo cual el director del servicio, Rolando Melo, se defendió justificando en una “brecha de oferta”.
Quien se reunió, y en tres ocasiones con el jefe del Sename, es el presidente de la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, el UDI Issa Kort, quien coincidió con Melo, pero llamó al servicio a ser más proactivo a conseguir sostenedores.
De esta manera, el parlamentario gremialista señaló que “la realidad del país es que en este momento tenemos una alta demanda de sostenedores de hogares de menores y tenemos una muy baja oferta, lo que significa que el Sename tiene que tener un rol pro activo para poder ir conquistando a instituciones o privados que no tengan fines de lucro, para que mantengan este tipo de hogares que son tan necesarios para nuestro país en todas las regiones”.
Para hacer frente a los distintos problemas en este caso, Kort afirmó que es necesario actualizar la legislación, en orden a separar a los menores vulnerables y abusados de delincuentes juveniles, donde se agudizan los conflictos y los casos de reincidencia.
El parlamentario, en ese sentido dijo que es necesario regular la protección a la infancia mediante una nueva institucionalidad.
“Queremos que se legisle sobre una ley de protección a la infancia y en este caso la normativa de protección a la infancia tendría que resguardar justamente a estos menores que tienen riesgo social o tienen algún riesgo vulnerable, que los afecta a ellos. En ese sentido, la idea de crear una nueva institución que se haga cargo del sistema penal de los menores, pero también una institución, como la figura de la superintendencia o un servicio nacional de protección de la infancia, que dependa del ministerio de Desarrollo Social y que no dependa del ministerio de Justicia”, afirmó el diputado.
Pero la situación actual mantiene los problemas que funcionarios del Sename advirtieron al dictarse la LRPA, en cuanto a problemas de infraestructura, capacitación, recursos y capacitación de funcionarios.
Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (AFUSE), aseguró que la normativa que pronto cumplirá cinco años de funcionamiento no ha servido para hacer frente a las malas condiciones de desempeño.
En esa perspectiva, la presidenta de los funcionarios señaló que “este Gobierno tampoco ha insertado cursos nuevos para que estos centros funcionen por lo que siguen en las mismas condiciones y lo más grave de todo es el hacinamiento de los jóvenes al interior de los centros, las agresiones que sufren los educadores y profesionales. Eso es una crisis, no hemos avanzado en nada respecto de lo que teníamos en años anteriores”.
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, planteó hace algunas semanas que la RPA ha fallado por instalarse sin recursos materiales y humanos que son necesarios para que se sustente, todos éstos, aspectos que han sobrepasado las capacidades Sename y generado una complicada situación en su funcionamiento.
A principios de junio se cumplirán cinco años de la implementación de la Ley de Responsabilidad Adolescente, normativa que no ha estado ajena a complicaciones, ya sea por recursos, infraestructura, capacitación del personal; pero que además de esto, no se ha registrado una disminución en las cifras de reincidencia en los jóvenes que pasan por los centros del Sename.
Estudios de la Fundación Paz Ciudadana demuestran que el 55% de los menores han sido requeridos de una nueva condena y un 70% han presentado una nueva causa; cifras desalentadoras a las que se sumará un estudio de la Universidad de Chile, sobre el impacto de la normativa.
A esto se suma el que se haya duplicado la cifra de hogares cerrados por el Servicio Nacional de Menores entre el 2010 y el 2011, esto a causa de que la institución considerara evaluaciones insatisfactorias.
Agudizando este eventual escenario de crisis, se suman los sumarios ordenados por largas listas de espera para jóvenes víctimas de abuso, donde se presenta un déficit a casi 6 mil menores, de lo cual el director del servicio, Rolando Melo, se defendió justificando en una “brecha de oferta”.
Quien se reunió, y en tres ocasiones con el jefe del Sename, es el presidente de la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, el UDI Issa Kort, quien coincidió con Melo, pero llamó al servicio a ser más proactivo a conseguir sostenedores.
De esta manera, el parlamentario gremialista señaló que “la realidad del país es que en este momento tenemos una alta demanda de sostenedores de hogares de menores y tenemos una muy baja oferta, lo que significa que el Sename tiene que tener un rol pro activo para poder ir conquistando a instituciones o privados que no tengan fines de lucro, para que mantengan este tipo de hogares que son tan necesarios para nuestro país en todas las regiones”.
Para hacer frente a los distintos problemas en este caso, Kort afirmó que es necesario actualizar la legislación, en orden a separar a los menores vulnerables y abusados de delincuentes juveniles, donde se agudizan los conflictos y los casos de reincidencia.
El parlamentario, en ese sentido dijo que es necesario regular la protección a la infancia mediante una nueva institucionalidad.
“Queremos que se legisle sobre una ley de protección a la infancia y en este caso la normativa de protección a la infancia tendría que resguardar justamente a estos menores que tienen riesgo social o tienen algún riesgo vulnerable, que los afecta a ellos. En ese sentido, la idea de crear una nueva institución que se haga cargo del sistema penal de los menores, pero también una institución, como la figura de la superintendencia o un servicio nacional de protección de la infancia, que dependa del ministerio de Desarrollo Social y que no dependa del ministerio de Justicia”, afirmó el diputado.
Pero la situación actual mantiene los problemas que funcionarios del Sename advirtieron al dictarse la LRPA, en cuanto a problemas de infraestructura, capacitación, recursos y capacitación de funcionarios.
Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (AFUSE), aseguró que la normativa que pronto cumplirá cinco años de funcionamiento no ha servido para hacer frente a las malas condiciones de desempeño.
En esa perspectiva, la presidenta de los funcionarios señaló que “este Gobierno tampoco ha insertado cursos nuevos para que estos centros funcionen por lo que siguen en las mismas condiciones y lo más grave de todo es el hacinamiento de los jóvenes al interior de los centros, las agresiones que sufren los educadores y profesionales. Eso es una crisis, no hemos avanzado en nada respecto de lo que teníamos en años anteriores”.
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, planteó hace algunas semanas que la RPA ha fallado por instalarse sin recursos materiales y humanos que son necesarios para que se sustente, todos éstos, aspectos que han sobrepasado las capacidades Sename y generado una complicada situación en su funcionamiento.
A principios de junio se cumplirán cinco años de la implementación de la Ley de Responsabilidad Adolescente, normativa que no ha estado ajena a complicaciones, ya sea por recursos, infraestructura, capacitación del personal; pero que además de esto, no se ha registrado una disminución en las cifras de reincidencia en los jóvenes que pasan por los centros del Sename.
Estudios de la Fundación Paz Ciudadana demuestran que el 55% de los menores han sido requeridos de una nueva condena y un 70% han presentado una nueva causa; cifras desalentadoras a las que se sumará un estudio de la Universidad de Chile, sobre el impacto de la normativa.
A esto se suma el que se haya duplicado la cifra de hogares cerrados por el Servicio Nacional de Menores entre el 2010 y el 2011, esto a causa de que la institución considerara evaluaciones insatisfactorias.
Agudizando este eventual escenario de crisis, se suman los sumarios ordenados por largas listas de espera para jóvenes víctimas de abuso, donde se presenta un déficit a casi 6 mil menores, de lo cual el director del servicio, Rolando Melo, se defendió justificando en una “brecha de oferta”.
Quien se reunió, y en tres ocasiones con el jefe del Sename, es el presidente de la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, el UDI Issa Kort, quien coincidió con Melo, pero llamó al servicio a ser más proactivo a conseguir sostenedores.
De esta manera, el parlamentario gremialista señaló que “la realidad del país es que en este momento tenemos una alta demanda de sostenedores de hogares de menores y tenemos una muy baja oferta, lo que significa que el Sename tiene que tener un rol pro activo para poder ir conquistando a instituciones o privados que no tengan fines de lucro, para que mantengan este tipo de hogares que son tan necesarios para nuestro país en todas las regiones”.
Para hacer frente a los distintos problemas en este caso, Kort afirmó que es necesario actualizar la legislación, en orden a separar a los menores vulnerables y abusados de delincuentes juveniles, donde se agudizan los conflictos y los casos de reincidencia.
El parlamentario, en ese sentido dijo que es necesario regular la protección a la infancia mediante una nueva institucionalidad.
“Queremos que se legisle sobre una ley de protección a la infancia y en este caso la normativa de protección a la infancia tendría que resguardar justamente a estos menores que tienen riesgo social o tienen algún riesgo vulnerable, que los afecta a ellos. En ese sentido, la idea de crear una nueva institución que se haga cargo del sistema penal de los menores, pero también una institución, como la figura de la superintendencia o un servicio nacional de protección de la infancia, que dependa del ministerio de Desarrollo Social y que no dependa del ministerio de Justicia”, afirmó el diputado.
Pero la situación actual mantiene los problemas que funcionarios del Sename advirtieron al dictarse la LRPA, en cuanto a problemas de infraestructura, capacitación, recursos y capacitación de funcionarios.
Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (AFUSE), aseguró que la normativa que pronto cumplirá cinco años de funcionamiento no ha servido para hacer frente a las malas condiciones de desempeño.
En esa perspectiva, la presidenta de los funcionarios señaló que “este Gobierno tampoco ha insertado cursos nuevos para que estos centros funcionen por lo que siguen en las mismas condiciones y lo más grave de todo es el hacinamiento de los jóvenes al interior de los centros, las agresiones que sufren los educadores y profesionales. Eso es una crisis, no hemos avanzado en nada respecto de lo que teníamos en años anteriores”.
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, planteó hace algunas semanas que la RPA ha fallado por instalarse sin recursos materiales y humanos que son necesarios para que se sustente, todos éstos, aspectos que han sobrepasado las capacidades Sename y generado una complicada situación en su funcionamiento.
