A poco de dar a conocer el fallo:
Organizaciones de DD.HH llaman a jueces del Caso Bombas a no dejarse presionar
A poco de conocerse el fallo sobre el denominado Caso Bombas, diversas organizaciones de Derechos Humanos y familiares de los imputados hicieron un llamado a los jueces a fallar en conciencia, sin presiones, y manifestaron su confianza en que las personas procesadas sean absueltas. En tanto, el Tercer Tribunal Oral, antes de deliberar, le dio la oportunidad al Ministerio Público de cambiar la figura penal de colocación de artefacto explosivo, a los ilícitos de incendio y daño, lo que fue rechazado por los querellantes.
Miércoles 30 de mayo 2012 14:02 hrs.
Organizaciones de Derechos Humanos que han estado presentes siguiendo las audiencias del denominado Caso Bomba, con el objetivo de velar por el respeto del debido proceso, hicieron un llamado a los jueces del Tribunal Oral que lleva el caso a fallar en justicia y rechazar presiones.
A través de un comunicado, las agrupaciones dieron cuenta de las irregularidades del proceso, que demuestran que se trató de un montaje, y condenaron los allanamientos durante las detenciones, la reclusión de los 14 detenidos inicialmente en la Cárcel de Alta Seguridad durante ocho meses y la extracción por la fuerza de muestras de ADN, lo que implicaría un acto de tortura.
Los actuales enjuiciados por el caso bombas son Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar y Gustavo Fuentes Aliaga, quienes enfrentan cargos por colocación de artefactos explosivos, mientras que Omar Hermosilla y Carlos Riveros, fueron formalizados por financiamiento terrorista.
En el texto, las organizaciones hacen, además, un llamado a los diputados a exigir cuentas sobre los recursos financieros, humanos y materiales utilizados en juzgar a estas personas con falsas pruebas.
Alejandra Arriaza, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), sostuvo que aunque se encuentre responsabilidad en la colocación de artefactos explosivos, no es razón suficiente para asegurar que se trató de una asociación ilícita terrorista.
“Estamos hablando de un delito de daño y no es un delito terrorista por cuanto no dice relación con la definición amplia que tiene nuestra legislación. En ningún caso ese hecho, que tiene que ver con la rotura de vidrios, va a incrementar o pretender ser un germen de terror de la comunidad, más aún cuando no hay ninguna persona que haya resultado dañada. Creemos que recalificar el delito era lo adecuado, ellos si es que fueron formalizados y existió algún delito, desde siempre, desde el inicio, pudo haber sido el delito de daño y, claramente, el proceso, las penas y el sistema carcelario al que ellos hubiesen estado expuestos, no habría sucedido”, aseguró Arriaza.
En este sentido Paulina Acevedo, representante del Observatorio Ciudadano, cuestionó que en este caso se haya invocado la Ley Antiterrorista.“Una ley que ha sido altamente cuestionada por organismos internacionales de Derechos Humanos. Se le ha señalado al Estado chileno en múltiples oportunidades que esta ley tiene que ser modificada por sus alcances demasiado altos y que establecen estándares de terrorismo para elementos y hechos que no lo son. Hay que poner una alerta respecto al uso de esta ley, no solamente por ser contraveniente de Derechos Humanos, sino porque está siendo utilizada para perseguir movimientos sociales, para perseguir personas que se alzan en demanda de sus derechos humanos”, sostuvo.
En tanto Verónica Guajardo, madre de Felipe Guerra, sostuvo que han sido dos años muy difíciles para la familia y reiteró que su hijo y los demás imputados fueron torturados. No obstante, manifestó que “estamos optimistas que va haber una absolución, creo que todas las irregularidades de este juicio han salido, la opinión pública tiene claro lo que fue. Estamos muy optimistas como familia esperando el veredicto”, dijo.
Guajardo manifestó además que espera que el ex fiscal a cargo de la investigación, Alejandro Peña, cuya conducta fue reprochada por un sumario del Ministerio Público, sea sancionado, a pesar de que ahora trabaje para el ministerio de Interior.
La mañana de este miércoles, antes de retirarse a deliberar, los jueces del Tercer Tribunal Oral le sugirieron a la Fiscalía Sur la posibilidad de recalificar los delitos terroristas, ya que cuatro hechos presentados en el juicio podrían configurar los delitos de incendio y daños, alejándose de la figura de colocación de artefacto explosivo con motivaciones terroristas por los que el Ministerio Público presentó acusación.
No obstante, la fiscalía insistió en que las características de los bombazos están enmarcadas en la Ley Antiterrorista sobre colocación de explosivos, por lo que reiteró su hipótesis, al igual que la parte querellante del Ministerio del Interior.
Organizaciones de Derechos Humanos que han estado presentes siguiendo las audiencias del denominado Caso Bomba, con el objetivo de velar por el respeto del debido proceso, hicieron un llamado a los jueces del Tribunal Oral que lleva el caso a fallar en justicia y rechazar presiones.
A través de un comunicado, las agrupaciones dieron cuenta de las irregularidades del proceso, que demuestran que se trató de un montaje, y condenaron los allanamientos durante las detenciones, la reclusión de los 14 detenidos inicialmente en la Cárcel de Alta Seguridad durante ocho meses y la extracción por la fuerza de muestras de ADN, lo que implicaría un acto de tortura.
Los actuales enjuiciados por el caso bombas son Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar y Gustavo Fuentes Aliaga, quienes enfrentan cargos por colocación de artefactos explosivos, mientras que Omar Hermosilla y Carlos Riveros, fueron formalizados por financiamiento terrorista.
En el texto, las organizaciones hacen, además, un llamado a los diputados a exigir cuentas sobre los recursos financieros, humanos y materiales utilizados en juzgar a estas personas con falsas pruebas.
Alejandra Arriaza, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), sostuvo que aunque se encuentre responsabilidad en la colocación de artefactos explosivos, no es razón suficiente para asegurar que se trató de una asociación ilícita terrorista.
“Estamos hablando de un delito de daño y no es un delito terrorista por cuanto no dice relación con la definición amplia que tiene nuestra legislación. En ningún caso ese hecho, que tiene que ver con la rotura de vidrios, va a incrementar o pretender ser un germen de terror de la comunidad, más aún cuando no hay ninguna persona que haya resultado dañada. Creemos que recalificar el delito era lo adecuado, ellos si es que fueron formalizados y existió algún delito, desde siempre, desde el inicio, pudo haber sido el delito de daño y, claramente, el proceso, las penas y el sistema carcelario al que ellos hubiesen estado expuestos, no habría sucedido”, aseguró Arriaza.
En este sentido Paulina Acevedo, representante del Observatorio Ciudadano, cuestionó que en este caso se haya invocado la Ley Antiterrorista.“Una ley que ha sido altamente cuestionada por organismos internacionales de Derechos Humanos. Se le ha señalado al Estado chileno en múltiples oportunidades que esta ley tiene que ser modificada por sus alcances demasiado altos y que establecen estándares de terrorismo para elementos y hechos que no lo son. Hay que poner una alerta respecto al uso de esta ley, no solamente por ser contraveniente de Derechos Humanos, sino porque está siendo utilizada para perseguir movimientos sociales, para perseguir personas que se alzan en demanda de sus derechos humanos”, sostuvo.
En tanto Verónica Guajardo, madre de Felipe Guerra, sostuvo que han sido dos años muy difíciles para la familia y reiteró que su hijo y los demás imputados fueron torturados. No obstante, manifestó que “estamos optimistas que va haber una absolución, creo que todas las irregularidades de este juicio han salido, la opinión pública tiene claro lo que fue. Estamos muy optimistas como familia esperando el veredicto”, dijo.
Guajardo manifestó además que espera que el ex fiscal a cargo de la investigación, Alejandro Peña, cuya conducta fue reprochada por un sumario del Ministerio Público, sea sancionado, a pesar de que ahora trabaje para el ministerio de Interior.
La mañana de este miércoles, antes de retirarse a deliberar, los jueces del Tercer Tribunal Oral le sugirieron a la Fiscalía Sur la posibilidad de recalificar los delitos terroristas, ya que cuatro hechos presentados en el juicio podrían configurar los delitos de incendio y daños, alejándose de la figura de colocación de artefacto explosivo con motivaciones terroristas por los que el Ministerio Público presentó acusación.
No obstante, la fiscalía insistió en que las características de los bombazos están enmarcadas en la Ley Antiterrorista sobre colocación de explosivos, por lo que reiteró su hipótesis, al igual que la parte querellante del Ministerio del Interior.
Organizaciones de Derechos Humanos que han estado presentes siguiendo las audiencias del denominado Caso Bomba, con el objetivo de velar por el respeto del debido proceso, hicieron un llamado a los jueces del Tribunal Oral que lleva el caso a fallar en justicia y rechazar presiones.
A través de un comunicado, las agrupaciones dieron cuenta de las irregularidades del proceso, que demuestran que se trató de un montaje, y condenaron los allanamientos durante las detenciones, la reclusión de los 14 detenidos inicialmente en la Cárcel de Alta Seguridad durante ocho meses y la extracción por la fuerza de muestras de ADN, lo que implicaría un acto de tortura.
Los actuales enjuiciados por el caso bombas son Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar y Gustavo Fuentes Aliaga, quienes enfrentan cargos por colocación de artefactos explosivos, mientras que Omar Hermosilla y Carlos Riveros, fueron formalizados por financiamiento terrorista.
En el texto, las organizaciones hacen, además, un llamado a los diputados a exigir cuentas sobre los recursos financieros, humanos y materiales utilizados en juzgar a estas personas con falsas pruebas.
Alejandra Arriaza, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), sostuvo que aunque se encuentre responsabilidad en la colocación de artefactos explosivos, no es razón suficiente para asegurar que se trató de una asociación ilícita terrorista.
“Estamos hablando de un delito de daño y no es un delito terrorista por cuanto no dice relación con la definición amplia que tiene nuestra legislación. En ningún caso ese hecho, que tiene que ver con la rotura de vidrios, va a incrementar o pretender ser un germen de terror de la comunidad, más aún cuando no hay ninguna persona que haya resultado dañada. Creemos que recalificar el delito era lo adecuado, ellos si es que fueron formalizados y existió algún delito, desde siempre, desde el inicio, pudo haber sido el delito de daño y, claramente, el proceso, las penas y el sistema carcelario al que ellos hubiesen estado expuestos, no habría sucedido”, aseguró Arriaza.
En este sentido Paulina Acevedo, representante del Observatorio Ciudadano, cuestionó que en este caso se haya invocado la Ley Antiterrorista.“Una ley que ha sido altamente cuestionada por organismos internacionales de Derechos Humanos. Se le ha señalado al Estado chileno en múltiples oportunidades que esta ley tiene que ser modificada por sus alcances demasiado altos y que establecen estándares de terrorismo para elementos y hechos que no lo son. Hay que poner una alerta respecto al uso de esta ley, no solamente por ser contraveniente de Derechos Humanos, sino porque está siendo utilizada para perseguir movimientos sociales, para perseguir personas que se alzan en demanda de sus derechos humanos”, sostuvo.
En tanto Verónica Guajardo, madre de Felipe Guerra, sostuvo que han sido dos años muy difíciles para la familia y reiteró que su hijo y los demás imputados fueron torturados. No obstante, manifestó que “estamos optimistas que va haber una absolución, creo que todas las irregularidades de este juicio han salido, la opinión pública tiene claro lo que fue. Estamos muy optimistas como familia esperando el veredicto”, dijo.
Guajardo manifestó además que espera que el ex fiscal a cargo de la investigación, Alejandro Peña, cuya conducta fue reprochada por un sumario del Ministerio Público, sea sancionado, a pesar de que ahora trabaje para el ministerio de Interior.
La mañana de este miércoles, antes de retirarse a deliberar, los jueces del Tercer Tribunal Oral le sugirieron a la Fiscalía Sur la posibilidad de recalificar los delitos terroristas, ya que cuatro hechos presentados en el juicio podrían configurar los delitos de incendio y daños, alejándose de la figura de colocación de artefacto explosivo con motivaciones terroristas por los que el Ministerio Público presentó acusación.
No obstante, la fiscalía insistió en que las características de los bombazos están enmarcadas en la Ley Antiterrorista sobre colocación de explosivos, por lo que reiteró su hipótesis, al igual que la parte querellante del Ministerio del Interior.
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