Hasta el Sexto Juzgado Civil llegó el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, a declarar sobre las decisiones del municipio en una serie de modificaciones que ha realizado a la Plaza del Roto Chileno, al talar cuatro árboles y cambiar la indumentaria, con lo que habría violado la Ley de Monumentos Nacionales.
El abogado de los vecinos y también ecologista, Luis Mariano Rendón, explicó que la municipalidad, a partir de la autorización del alcalde, arriesga una multa de hasta 200 UTM por las intervenciones: “La ley es muy clara en este aspecto porque señala, incluso, que aquellas intervenciones de mera conservación, como argumentaba la municipalidad, tiene que autorizarlas previamente el Consejo de Monumentos Nacionales. No basta con que el municipio diga que los árboles estaban enfermos, tiene que haber un peritaje independiente que diga que el árbol estaba en malas condiciones y que la única solución es cortarlo”, afirmó.
Rendón añadió que “es particularmente grave que un órgano del Estado como es un municipio viole la ley, porque les da un pésimo ejemplo a los privados”.
Por su parte, Rosario Carvajal, presidenta de los vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, afirmó que este tipo de actitudes de parte de la municipalidad son constantes: “Es una mala práctica recurrente. Creemos que la gestión de una alcaldía no puede ser a punta de tribunales, de denuncias en Contraloría, que la información que se nos niega tenemos que exigirla por la Ley de Transparencia. Una comuna no se puede gestionar de esta manera, los vecinos apostamos por la democratización de la administración de los territorios con participación ciudadana vinculante, donde tengamos la posibilidad de decidir e incidir sobre los destinos de nuestros barrios y nuestro patrimonio. Eso es lo que está de fondo”, recalcó.
Esto sucede cuando la reciente consulta nacional que realizaron distintas organizaciones sociales reveló que el 98,3 por ciento de los votantes considera que los ciudadanos deben tener derecho a voz en las decisiones sobre cambios al patrimonio y que un 94,3 por ciento cree que leyes y autoridades protegen mal o parcialmente el patrimonio del país.
La encuesta contó con el respaldo de Voto Ciudadano, organización que ha realizado varios plebiscitos electrónicos. Su representante, Rosana Dresdner, enfatizó que “es increíble la cantidad de gente que se involucró en un tema que supuestamente no es tan masivo. Que hayan votado 17.430 personas en una encuesta autogestionada, que hicieron estas organizaciones con mucho esfuerzo, yo creo que es notable. Lo que más me llama la atención es la cantidad de personas que consideran el patrimonio como un tema propio, importante, y que tiene que ver con el desarrollo del país y de la vida que ellos quieren construir”.
Al recibir los resultados, Magdalena Krebs, vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales y directora de la Dibam, se mostró sorprendida por la alta participación de esta consulta. Mientras, el secretario ejecutivo del consejo, Emilio de la Cerda, agradeció la información y la calificó de “inédita”.
Para los vecinos del Barrio Yungay esto sólo demuestra cómo un órgano que durante años ha trabajado de forma cerrada y sin mayor integración de la comunidad, descubre el alto interés que suscita este tema y la necesidad de los ciudadanos de estar presentes en la construcción de sus espacios y la sociedad en la que viven.
Hasta el Sexto Juzgado Civil llegó el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, a declarar sobre las decisiones del municipio en una serie de modificaciones que ha realizado a la Plaza del Roto Chileno, al talar cuatro árboles y cambiar la indumentaria, con lo que habría violado la Ley de Monumentos Nacionales.
El abogado de los vecinos y también ecologista, Luis Mariano Rendón, explicó que la municipalidad, a partir de la autorización del alcalde, arriesga una multa de hasta 200 UTM por las intervenciones: “La ley es muy clara en este aspecto porque señala, incluso, que aquellas intervenciones de mera conservación, como argumentaba la municipalidad, tiene que autorizarlas previamente el Consejo de Monumentos Nacionales. No basta con que el municipio diga que los árboles estaban enfermos, tiene que haber un peritaje independiente que diga que el árbol estaba en malas condiciones y que la única solución es cortarlo”, afirmó.
Rendón añadió que “es particularmente grave que un órgano del Estado como es un municipio viole la ley, porque les da un pésimo ejemplo a los privados”.
Por su parte, Rosario Carvajal, presidenta de los vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, afirmó que este tipo de actitudes de parte de la municipalidad son constantes: “Es una mala práctica recurrente. Creemos que la gestión de una alcaldía no puede ser a punta de tribunales, de denuncias en Contraloría, que la información que se nos niega tenemos que exigirla por la Ley de Transparencia. Una comuna no se puede gestionar de esta manera, los vecinos apostamos por la democratización de la administración de los territorios con participación ciudadana vinculante, donde tengamos la posibilidad de decidir e incidir sobre los destinos de nuestros barrios y nuestro patrimonio. Eso es lo que está de fondo”, recalcó.
Esto sucede cuando la reciente consulta nacional que realizaron distintas organizaciones sociales reveló que el 98,3 por ciento de los votantes considera que los ciudadanos deben tener derecho a voz en las decisiones sobre cambios al patrimonio y que un 94,3 por ciento cree que leyes y autoridades protegen mal o parcialmente el patrimonio del país.
La encuesta contó con el respaldo de Voto Ciudadano, organización que ha realizado varios plebiscitos electrónicos. Su representante, Rosana Dresdner, enfatizó que “es increíble la cantidad de gente que se involucró en un tema que supuestamente no es tan masivo. Que hayan votado 17.430 personas en una encuesta autogestionada, que hicieron estas organizaciones con mucho esfuerzo, yo creo que es notable. Lo que más me llama la atención es la cantidad de personas que consideran el patrimonio como un tema propio, importante, y que tiene que ver con el desarrollo del país y de la vida que ellos quieren construir”.
Al recibir los resultados, Magdalena Krebs, vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales y directora de la Dibam, se mostró sorprendida por la alta participación de esta consulta. Mientras, el secretario ejecutivo del consejo, Emilio de la Cerda, agradeció la información y la calificó de “inédita”.
Para los vecinos del Barrio Yungay esto sólo demuestra cómo un órgano que durante años ha trabajado de forma cerrada y sin mayor integración de la comunidad, descubre el alto interés que suscita este tema y la necesidad de los ciudadanos de estar presentes en la construcción de sus espacios y la sociedad en la que viven.
Hasta el Sexto Juzgado Civil llegó el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, a declarar sobre las decisiones del municipio en una serie de modificaciones que ha realizado a la Plaza del Roto Chileno, al talar cuatro árboles y cambiar la indumentaria, con lo que habría violado la Ley de Monumentos Nacionales.
El abogado de los vecinos y también ecologista, Luis Mariano Rendón, explicó que la municipalidad, a partir de la autorización del alcalde, arriesga una multa de hasta 200 UTM por las intervenciones: “La ley es muy clara en este aspecto porque señala, incluso, que aquellas intervenciones de mera conservación, como argumentaba la municipalidad, tiene que autorizarlas previamente el Consejo de Monumentos Nacionales. No basta con que el municipio diga que los árboles estaban enfermos, tiene que haber un peritaje independiente que diga que el árbol estaba en malas condiciones y que la única solución es cortarlo”, afirmó.
Rendón añadió que “es particularmente grave que un órgano del Estado como es un municipio viole la ley, porque les da un pésimo ejemplo a los privados”.
Por su parte, Rosario Carvajal, presidenta de los vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, afirmó que este tipo de actitudes de parte de la municipalidad son constantes: “Es una mala práctica recurrente. Creemos que la gestión de una alcaldía no puede ser a punta de tribunales, de denuncias en Contraloría, que la información que se nos niega tenemos que exigirla por la Ley de Transparencia. Una comuna no se puede gestionar de esta manera, los vecinos apostamos por la democratización de la administración de los territorios con participación ciudadana vinculante, donde tengamos la posibilidad de decidir e incidir sobre los destinos de nuestros barrios y nuestro patrimonio. Eso es lo que está de fondo”, recalcó.
Esto sucede cuando la reciente consulta nacional que realizaron distintas organizaciones sociales reveló que el 98,3 por ciento de los votantes considera que los ciudadanos deben tener derecho a voz en las decisiones sobre cambios al patrimonio y que un 94,3 por ciento cree que leyes y autoridades protegen mal o parcialmente el patrimonio del país.
La encuesta contó con el respaldo de Voto Ciudadano, organización que ha realizado varios plebiscitos electrónicos. Su representante, Rosana Dresdner, enfatizó que “es increíble la cantidad de gente que se involucró en un tema que supuestamente no es tan masivo. Que hayan votado 17.430 personas en una encuesta autogestionada, que hicieron estas organizaciones con mucho esfuerzo, yo creo que es notable. Lo que más me llama la atención es la cantidad de personas que consideran el patrimonio como un tema propio, importante, y que tiene que ver con el desarrollo del país y de la vida que ellos quieren construir”.
Al recibir los resultados, Magdalena Krebs, vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales y directora de la Dibam, se mostró sorprendida por la alta participación de esta consulta. Mientras, el secretario ejecutivo del consejo, Emilio de la Cerda, agradeció la información y la calificó de “inédita”.
Para los vecinos del Barrio Yungay esto sólo demuestra cómo un órgano que durante años ha trabajado de forma cerrada y sin mayor integración de la comunidad, descubre el alto interés que suscita este tema y la necesidad de los ciudadanos de estar presentes en la construcción de sus espacios y la sociedad en la que viven.
