El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, también se unió al debate generado este fin de semana a partir de las palabras del ministro de agricultura, Luis Mayol, quien aseguró que “comprende” que algunos agricultores hayan decidido adquirir armas de fuego para proteger a sus familias ante la frecuencia de ataques incendiarios en la zona.
Ribera siguió la línea trazada por el mismo titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien desautorizó a Mayol al afirmar que la responsabilidad es del Estado, pero dejó la puerta abierta: “A nadie se le puede prohibir que ejerza lógicamente actividades de defensa de sí mismo, porque la vida sigue siendo el principal valor. No creo que armarse sea una respuesta adecuada en este caso, porque cuando uno hace uso de las armas asume riesgos que pueden conllevar responsabilidad penal. Ahora, a nadie le puedo pedir que no tome los resguardos al interior de su casa para proteger su familia, su mujer e hijos”, dijo.
En este contexto, José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, afirmó que son preocupantes los ataques y enfrentamientos en Ercilla, pero añadió que dar por supuesto que los agresores son necesariamente mapuches es una total irresponsabilidad, ya que no se ha realizado la debida investigación para probarlo.
En ese sentido, fue especialmente crítico con los medios de comunicación y con el diputado UDI Iván Moreira, quien afirmó que hay una estructura institucional detrás de los ataques en el sur: “Ha habido otras declaraciones irresponsables al voleo, como las del diputado Iván Moreira, quien dice que detrás de esto hay coordinadoras y ONGs internacionales financiándolas. Me parece que es una imputación irresponsable, gratuita, y no da cuenta de cuáles son esas ONGs. Él hace una imputación directa al mundo mapuche y deja entrever una responsabilidad de las ONGs”, indicó.
Aylwin afirmó que si bien el derecho a la legítima defensa existe en el código penal, tiene sus requisitos, como que esta sea una agresión ilegítima y se repela de manera proporcional. Además, tiene que ver con la defensa de la integridad física y la vida, no así de la propiedad como ocurre en muchos de estos casos.
Por su parte, Martín Pascual, presidente de la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales ACCIÓN, calificó de “gravísima” esta situación, la que “va de la mano con la intención de las autoridades de criminalizar a los movimientos sociales”.
En ese sentido, Pascual advirtió que, de justificarse la violencia, esto podría salir de La Araucanía: “Es un tema que puede partir en la zona mapuche pero, como hemos visto por la actitud de algunos alcaldes y ministros que aparecen tan permisivos, esto se podría generalizar en el país. Mañana o pasado podríamos tener un grupo que plantee la autodefensa para barrios de Santiago frente a una marcha, etc. Ya hemos visto en una marcha del año pasado que se disparó de un edificio contra manifestantes, entonces me parece un hecho sumamente grave y condenable”, explicó.
El presidente de ACCIÓN hizo un llamado al Gobierno a zanjar de una vez este debate, descartar la utilización de leyes especiales al pueblo mapuche y desistir en sus intentos de llevar al Parlamento leyes que sólo limitan la expresión de las mayorías ciudadanas.
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, también se unió al debate generado este fin de semana a partir de las palabras del ministro de agricultura, Luis Mayol, quien aseguró que “comprende” que algunos agricultores hayan decidido adquirir armas de fuego para proteger a sus familias ante la frecuencia de ataques incendiarios en la zona.
Ribera siguió la línea trazada por el mismo titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien desautorizó a Mayol al afirmar que la responsabilidad es del Estado, pero dejó la puerta abierta: “A nadie se le puede prohibir que ejerza lógicamente actividades de defensa de sí mismo, porque la vida sigue siendo el principal valor. No creo que armarse sea una respuesta adecuada en este caso, porque cuando uno hace uso de las armas asume riesgos que pueden conllevar responsabilidad penal. Ahora, a nadie le puedo pedir que no tome los resguardos al interior de su casa para proteger su familia, su mujer e hijos”, dijo.
En este contexto, José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, afirmó que son preocupantes los ataques y enfrentamientos en Ercilla, pero añadió que dar por supuesto que los agresores son necesariamente mapuches es una total irresponsabilidad, ya que no se ha realizado la debida investigación para probarlo.
En ese sentido, fue especialmente crítico con los medios de comunicación y con el diputado UDI Iván Moreira, quien afirmó que hay una estructura institucional detrás de los ataques en el sur: “Ha habido otras declaraciones irresponsables al voleo, como las del diputado Iván Moreira, quien dice que detrás de esto hay coordinadoras y ONGs internacionales financiándolas. Me parece que es una imputación irresponsable, gratuita, y no da cuenta de cuáles son esas ONGs. Él hace una imputación directa al mundo mapuche y deja entrever una responsabilidad de las ONGs”, indicó.
Aylwin afirmó que si bien el derecho a la legítima defensa existe en el código penal, tiene sus requisitos, como que esta sea una agresión ilegítima y se repela de manera proporcional. Además, tiene que ver con la defensa de la integridad física y la vida, no así de la propiedad como ocurre en muchos de estos casos.
Por su parte, Martín Pascual, presidente de la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales ACCIÓN, calificó de “gravísima” esta situación, la que “va de la mano con la intención de las autoridades de criminalizar a los movimientos sociales”.
En ese sentido, Pascual advirtió que, de justificarse la violencia, esto podría salir de La Araucanía: “Es un tema que puede partir en la zona mapuche pero, como hemos visto por la actitud de algunos alcaldes y ministros que aparecen tan permisivos, esto se podría generalizar en el país. Mañana o pasado podríamos tener un grupo que plantee la autodefensa para barrios de Santiago frente a una marcha, etc. Ya hemos visto en una marcha del año pasado que se disparó de un edificio contra manifestantes, entonces me parece un hecho sumamente grave y condenable”, explicó.
El presidente de ACCIÓN hizo un llamado al Gobierno a zanjar de una vez este debate, descartar la utilización de leyes especiales al pueblo mapuche y desistir en sus intentos de llevar al Parlamento leyes que sólo limitan la expresión de las mayorías ciudadanas.
El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, también se unió al debate generado este fin de semana a partir de las palabras del ministro de agricultura, Luis Mayol, quien aseguró que “comprende” que algunos agricultores hayan decidido adquirir armas de fuego para proteger a sus familias ante la frecuencia de ataques incendiarios en la zona.
Ribera siguió la línea trazada por el mismo titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien desautorizó a Mayol al afirmar que la responsabilidad es del Estado, pero dejó la puerta abierta: “A nadie se le puede prohibir que ejerza lógicamente actividades de defensa de sí mismo, porque la vida sigue siendo el principal valor. No creo que armarse sea una respuesta adecuada en este caso, porque cuando uno hace uso de las armas asume riesgos que pueden conllevar responsabilidad penal. Ahora, a nadie le puedo pedir que no tome los resguardos al interior de su casa para proteger su familia, su mujer e hijos”, dijo.
En este contexto, José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, afirmó que son preocupantes los ataques y enfrentamientos en Ercilla, pero añadió que dar por supuesto que los agresores son necesariamente mapuches es una total irresponsabilidad, ya que no se ha realizado la debida investigación para probarlo.
En ese sentido, fue especialmente crítico con los medios de comunicación y con el diputado UDI Iván Moreira, quien afirmó que hay una estructura institucional detrás de los ataques en el sur: “Ha habido otras declaraciones irresponsables al voleo, como las del diputado Iván Moreira, quien dice que detrás de esto hay coordinadoras y ONGs internacionales financiándolas. Me parece que es una imputación irresponsable, gratuita, y no da cuenta de cuáles son esas ONGs. Él hace una imputación directa al mundo mapuche y deja entrever una responsabilidad de las ONGs”, indicó.
Aylwin afirmó que si bien el derecho a la legítima defensa existe en el código penal, tiene sus requisitos, como que esta sea una agresión ilegítima y se repela de manera proporcional. Además, tiene que ver con la defensa de la integridad física y la vida, no así de la propiedad como ocurre en muchos de estos casos.
Por su parte, Martín Pascual, presidente de la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales ACCIÓN, calificó de “gravísima” esta situación, la que “va de la mano con la intención de las autoridades de criminalizar a los movimientos sociales”.
En ese sentido, Pascual advirtió que, de justificarse la violencia, esto podría salir de La Araucanía: “Es un tema que puede partir en la zona mapuche pero, como hemos visto por la actitud de algunos alcaldes y ministros que aparecen tan permisivos, esto se podría generalizar en el país. Mañana o pasado podríamos tener un grupo que plantee la autodefensa para barrios de Santiago frente a una marcha, etc. Ya hemos visto en una marcha del año pasado que se disparó de un edificio contra manifestantes, entonces me parece un hecho sumamente grave y condenable”, explicó.
El presidente de ACCIÓN hizo un llamado al Gobierno a zanjar de una vez este debate, descartar la utilización de leyes especiales al pueblo mapuche y desistir en sus intentos de llevar al Parlamento leyes que sólo limitan la expresión de las mayorías ciudadanas.
