El abogado Mauricio Daza, quien representa a más de 200 estudiantes de la Universidad del Mar, pidió que el ministro de Educación, Harald Beyer, preste declaración en la investigación que lleva el fiscal Occidente Tufit Bufadel, luego que el Noveno Tribunal de Garantía acogiera la querella por estafa en contra de la institución.

Entrevistado en el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Daza criticó la actitud que ha tenido el secretario de Estado respecto del tema asegurando que “ha señalado reiteradamente en distintos medios de comunicación que los antecedentes contenidos en el informe del lucro de la Cámara de Diputados era información que todo el mundo conocía y que, en el fondo, no aportada nada nuevo. A mí me llama la atención porque yo no conocía esos antecedentes y soy una persona relativamente informada. Ahora, como fuese, es importante que, en el contexto de esta querella criminal que hemos colocado, él vaya y colabore para decir desde cuándo conocía esos antecedentes, cómo lo conocía y cuál es el detalle de éstos”.

El abogado insistió en que el lucro en la educación superior es un delito en Chile ya que, a diferencia de lo que ocurre en la educación escolar, sí hay una norma legal que lo prohíbe, por lo que no es un tema “debatible”.

Mauricio Daza explicó que la querella por estafa se debe a que “la Universidad del Mar opera a partir de un engaño”, presentándose como una corporación sin fines de lucro para ocultar un giro comercial cuyo objetivo principal es generar utilidades para repartirse entre los dueños en perjuicio de los estudiantes.

Para concretar este fin, Daza subrayó que se realizaban una serie de maniobras fraudulentas, como la existencia de al menos 17 sociedades espejos alrededor de la universidad, contratación de arriendos a precios superiores al mercado y contratación de asesorías inexistentes, entre otras.

Por ello, el jurista añadió que también solicitó que declararan los dueños de estas sociedades; los dueños del fondo de inversión Southern Cross, Norberto Norita y Raúl Sotomayor, que aparecen ligados a la indagatoria sobre el caso La Polar; Rodrigo Lahsen, quien hasta el año pasado era el jefe de gabinete de la dirección de Educación Superior del Mineduc y que llegó a la institución superior a gestionar las subvenciones del Crédito con Aval del Estado: y finalmente, los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, por permitir que se imparta la carrera de Medicina.

El profesional manifestó su anhelo de que, luego del polémico caso de la Universidad del Mar, cambie la situación actual: “Tengo la esperanza de que esta acción, de prosperar, marque un antes y un después. En el fondo, se ha señalado en muchos ámbitos que muchas universidades lucran y hay algunas que es manifiesto que no lo hacen, por lo que esto no es un ataque directo a las universidades privadas, sino a la ilegalidad que significa que muchas de ellas lucren. Ahora, desde esa perspectiva, esta sería la primera vez que una autoridad hace algo para controlar esta ilegalidad. Hasta el momento el ministerio de Educación lo único que hace es sostener reiteradamente que ellos no tienen facultades y que esto está en manos del Congreso o de cualquier otra persona, menos de ellos, cuando eso legalmente no es así”, señaló.

Alejandro Silva, dirigente nacional de los estudiantes de la cuestionada universidad, valoró el hecho de que el ministro pueda ser citado a declarar: “Tiene que ver, básicamente, con la mala gestión que ha tenido el ministerio y la falta de voluntad que ha tenido para solucionar lo de la Universidad del Mar. Las querellas que se están presentando en Maipú, pero también en otras sedes como Iquique este jueves, también por estafa, se debe a que existe una vulneración en los derechos de los estudiantes. El ministerio no se ha hecho partícipe ni ha sido un agente mediador real”, acusó.

Además, este jueves a las 10 de la mañana en el Centro de Justicia se sumarán 50 nuevos estudiantes a la querella por estafa presentada en junio pasado.

Cabe recordar que, paralelamente, la Fiscalía investiga los resultados del informe de la Comisión Investigadora de la Cámara y el delito de cohecho y negociación incompatible entre la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) con al menos cinco universidades y un instituto profesional.

Por éste último caso, que lleva el fiscal Carlos Gajardo, el ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz, fue interrogado por segunda vez el martes en la Fiscalía de Ñuñoa, retirándose sin dar declaraciones.

Por otra parte, un grupo de diputados se encuentra estudiando la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro Beyer.

La moción es impulsada por la diputada Alejandra Sepúlveda, presidenta de la comisión investigadora sobre el lucro en las universidades, quien explicó que once abogados asesoran a los parlamentarios para presentar la acusación: “Nos están ayudando a poder sustentar esta acusación desde el punto de vista de los argumentos, para posteriormente presentarla a los diputados que la quieran firmar y a las bancadas que quieran apoyar esta iniciativa”, dijo.

Alejandra Sepúlveda afirmó que la iniciativa ya cuenta con el respaldo de varios diputados opositores y que “va a quedar abierta para los distintos sectores, pero lo más importante es que tengamos sustento jurídico que permita tener el sustento de los votos”.