Los DC, Patricio Vallespín y Matías Walker se reunieron con el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, para presentar un oficio que contemplaría los vicios legales del proceso de licitaciones del litio respecto de la legislación ambiental chilena.
El proyecto emanado desde el Ejecutivo ha sido criticado por “no contemplar estudios medioambientales específicos”, antes de entregar los derechos de extracción a quienes se adjudiquen los permisos.
En esa línea, el diputado Matías Walker, señaló que “la medida adoptada por el Gobierno de Sebastián Piñera, no se sujeta al proceso de evaluación ambiental, lo que supone un vicio en la legalidad”.
Walker añadió que “supone un impacto importante en el recurso hídrico y, particularmente, respecto de la explotación del litio en la reservas del Salar de Atacama que constituyen aproximadamente el 80 por ciento de las reservas de litio existentes en el país, lo cual supone un uso intensivo del agua. Estamos hablando de cerca de tres mil litros por segundo en una zona donde hoy día el agua es un valor absolutamente escaso”.
Asimismo, Patricio Vallespín, manifestó que “existen más incumplimientos en el proyecto oficialista, que el Gobierno no ha querido o no ha sabido reconocer”.
En tanto, Raimundo Bordagorry, especialista en ingeniería ambiental y recursos naturales de la Universidad Diego Portales, manifestó que la ley no obliga a realizar estos estudios de impacto antes de la licitación.
Sin embargo, Bordagorry manifestó que “sería bueno que la autoridad estableciera topes máximos, a fin de preservar los recursos y mantener un equilibrio medioambiental”.
“En este momento el litio está en forma acuosa. Lo que hacen es, básicamente, bombear el agua del salar y evaporarla y esa agua evaporada se pierde del salar y habría que ver cómo poder reinyectarla. Se tendría que mitigar recomponiendo el agua o haciendo un balance adecuado. Lo podrían hacer antes y decir ‘mira, vamos a hacer esto bajo este método de explotación y con estas restricciones’ pero la ley no lo exige como tal sino que da atribuciones para licitar la explotación. Después la empresa que se lo asigne tendría que especificar bien cómo hacerlo y cómo mitigar los impactos”, advirtió.
La medida presentada por los diputados democratacristianos se suma a la demanda encabezada por los senadores Ximena Rincón (DC), Isabel Allende (PS) y José Antonio Gómez (PRSD), que fue declarada inadmisible por la jueza del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, despachando la demanda de nulidad pública hacia la Corte de Apelaciones.
Respecto de la medida judicial, la senadora PS, Isabel Allende, manifestó que “la demanda continúa vigente y sólo cambia el tribunal”.
“Ella se declara incompetente y lo manda a la Corte de Apelaciones y, por lo tanto, hay que atenerse ahora a lo que sucede ahí. No ha tocado el fondo del tema, se mantiene lo que nosotros hemos hecho como acción jurídica. Ahora veremos qué reacción hay, a qué sala va, a qué ministros les va a tocar. Lo que nosotros esperamos es que efectivamente haya un pronunciamiento en las próximas una o dos semanas en el sentido de dar admisibilidad y, a partir de ahí, ojalá que hayan medidas cautelares”, explicó la senadora.
Con dos medidas complementarias, que buscan el freno del proceso de licitación y que acusan de “ilegal” al proyecto de licitaciones presentado por el Gobierno, se espera la pronta respuesta del contralor general, Ramiro Mendoza, en tanto la demanda de nulidad se prevé para inicios de septiembre, a días de conocer los nuevos licitantes del litio del norte de Chile.
Los DC, Patricio Vallespín y Matías Walker se reunieron con el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, para presentar un oficio que contemplaría los vicios legales del proceso de licitaciones del litio respecto de la legislación ambiental chilena.
El proyecto emanado desde el Ejecutivo ha sido criticado por “no contemplar estudios medioambientales específicos”, antes de entregar los derechos de extracción a quienes se adjudiquen los permisos.
En esa línea, el diputado Matías Walker, señaló que “la medida adoptada por el Gobierno de Sebastián Piñera, no se sujeta al proceso de evaluación ambiental, lo que supone un vicio en la legalidad”.
Walker añadió que “supone un impacto importante en el recurso hídrico y, particularmente, respecto de la explotación del litio en la reservas del Salar de Atacama que constituyen aproximadamente el 80 por ciento de las reservas de litio existentes en el país, lo cual supone un uso intensivo del agua. Estamos hablando de cerca de tres mil litros por segundo en una zona donde hoy día el agua es un valor absolutamente escaso”.
Asimismo, Patricio Vallespín, manifestó que “existen más incumplimientos en el proyecto oficialista, que el Gobierno no ha querido o no ha sabido reconocer”.
En tanto, Raimundo Bordagorry, especialista en ingeniería ambiental y recursos naturales de la Universidad Diego Portales, manifestó que la ley no obliga a realizar estos estudios de impacto antes de la licitación.
Sin embargo, Bordagorry manifestó que “sería bueno que la autoridad estableciera topes máximos, a fin de preservar los recursos y mantener un equilibrio medioambiental”.
“En este momento el litio está en forma acuosa. Lo que hacen es, básicamente, bombear el agua del salar y evaporarla y esa agua evaporada se pierde del salar y habría que ver cómo poder reinyectarla. Se tendría que mitigar recomponiendo el agua o haciendo un balance adecuado. Lo podrían hacer antes y decir ‘mira, vamos a hacer esto bajo este método de explotación y con estas restricciones’ pero la ley no lo exige como tal sino que da atribuciones para licitar la explotación. Después la empresa que se lo asigne tendría que especificar bien cómo hacerlo y cómo mitigar los impactos”, advirtió.
La medida presentada por los diputados democratacristianos se suma a la demanda encabezada por los senadores Ximena Rincón (DC), Isabel Allende (PS) y José Antonio Gómez (PRSD), que fue declarada inadmisible por la jueza del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, despachando la demanda de nulidad pública hacia la Corte de Apelaciones.
Respecto de la medida judicial, la senadora PS, Isabel Allende, manifestó que “la demanda continúa vigente y sólo cambia el tribunal”.
“Ella se declara incompetente y lo manda a la Corte de Apelaciones y, por lo tanto, hay que atenerse ahora a lo que sucede ahí. No ha tocado el fondo del tema, se mantiene lo que nosotros hemos hecho como acción jurídica. Ahora veremos qué reacción hay, a qué sala va, a qué ministros les va a tocar. Lo que nosotros esperamos es que efectivamente haya un pronunciamiento en las próximas una o dos semanas en el sentido de dar admisibilidad y, a partir de ahí, ojalá que hayan medidas cautelares”, explicó la senadora.
Con dos medidas complementarias, que buscan el freno del proceso de licitación y que acusan de “ilegal” al proyecto de licitaciones presentado por el Gobierno, se espera la pronta respuesta del contralor general, Ramiro Mendoza, en tanto la demanda de nulidad se prevé para inicios de septiembre, a días de conocer los nuevos licitantes del litio del norte de Chile.
Los DC, Patricio Vallespín y Matías Walker se reunieron con el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, para presentar un oficio que contemplaría los vicios legales del proceso de licitaciones del litio respecto de la legislación ambiental chilena.
El proyecto emanado desde el Ejecutivo ha sido criticado por “no contemplar estudios medioambientales específicos”, antes de entregar los derechos de extracción a quienes se adjudiquen los permisos.
En esa línea, el diputado Matías Walker, señaló que “la medida adoptada por el Gobierno de Sebastián Piñera, no se sujeta al proceso de evaluación ambiental, lo que supone un vicio en la legalidad”.
Walker añadió que “supone un impacto importante en el recurso hídrico y, particularmente, respecto de la explotación del litio en la reservas del Salar de Atacama que constituyen aproximadamente el 80 por ciento de las reservas de litio existentes en el país, lo cual supone un uso intensivo del agua. Estamos hablando de cerca de tres mil litros por segundo en una zona donde hoy día el agua es un valor absolutamente escaso”.
Asimismo, Patricio Vallespín, manifestó que “existen más incumplimientos en el proyecto oficialista, que el Gobierno no ha querido o no ha sabido reconocer”.
En tanto, Raimundo Bordagorry, especialista en ingeniería ambiental y recursos naturales de la Universidad Diego Portales, manifestó que la ley no obliga a realizar estos estudios de impacto antes de la licitación.
Sin embargo, Bordagorry manifestó que “sería bueno que la autoridad estableciera topes máximos, a fin de preservar los recursos y mantener un equilibrio medioambiental”.
“En este momento el litio está en forma acuosa. Lo que hacen es, básicamente, bombear el agua del salar y evaporarla y esa agua evaporada se pierde del salar y habría que ver cómo poder reinyectarla. Se tendría que mitigar recomponiendo el agua o haciendo un balance adecuado. Lo podrían hacer antes y decir ‘mira, vamos a hacer esto bajo este método de explotación y con estas restricciones’ pero la ley no lo exige como tal sino que da atribuciones para licitar la explotación. Después la empresa que se lo asigne tendría que especificar bien cómo hacerlo y cómo mitigar los impactos”, advirtió.
La medida presentada por los diputados democratacristianos se suma a la demanda encabezada por los senadores Ximena Rincón (DC), Isabel Allende (PS) y José Antonio Gómez (PRSD), que fue declarada inadmisible por la jueza del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, despachando la demanda de nulidad pública hacia la Corte de Apelaciones.
Respecto de la medida judicial, la senadora PS, Isabel Allende, manifestó que “la demanda continúa vigente y sólo cambia el tribunal”.
“Ella se declara incompetente y lo manda a la Corte de Apelaciones y, por lo tanto, hay que atenerse ahora a lo que sucede ahí. No ha tocado el fondo del tema, se mantiene lo que nosotros hemos hecho como acción jurídica. Ahora veremos qué reacción hay, a qué sala va, a qué ministros les va a tocar. Lo que nosotros esperamos es que efectivamente haya un pronunciamiento en las próximas una o dos semanas en el sentido de dar admisibilidad y, a partir de ahí, ojalá que hayan medidas cautelares”, explicó la senadora.
Con dos medidas complementarias, que buscan el freno del proceso de licitación y que acusan de “ilegal” al proyecto de licitaciones presentado por el Gobierno, se espera la pronta respuesta del contralor general, Ramiro Mendoza, en tanto la demanda de nulidad se prevé para inicios de septiembre, a días de conocer los nuevos licitantes del litio del norte de Chile.
