Luego de que el Consejo de Ministros, aprobara el viernes ocho de septiembre las Centrales Termoeléctricas Pacífico y Patache, la sociedad civil criticó el compromiso de las autoridades locales con el medioambiente, calificándolas como los “responsables” de la ratificación de los megaproyectos.
Arturo Neira, presidente del Comité de Defensa de la Madre Tierra (Codemat), indicó que “las autoridades se habrían comprometido con los miles de habitantes que desde el 2009 se mostraron contrarios a la instalación de las centrales a carbón”.
Neira recalcó que la ciudadanía organizada había juntado firmas, presentado recursos de reclamación y se habían movilizados constantemente, mas “las autoridades locales no los tomaron en cuenta”. Ante esta indiferencia, Arturo Neira señala que finalmente “la ciudadanía sabrá castigar con su voto a aquellos que en su momento se presentaron como líderes de la oposición a las termoeléctricas y terminaron haciendo nada para impedirlo”, incluso cuando “tenían las facultades para detener la instalación de cualquier industria durante un periodo de tiempo”.
Señaló además que la comunidad se encuentra afectada y que desconfía de sus autoridades. No obstante, seguirán presionando con el voto de cara a las elecciones municipales de octubre, ya que según el dirigente “aún quedan instancias para frenar los proyectos, pero éstas dependen de la autoridad local”.
En esa medida, los habitantes de Iquique seguirán manifestándose para presionar, pero deberán crear conciencia. Además, la batalla parece no estar completamente perdida. “Nosotros creemos que todavía existen instancias a las cuales el municipio puede recurrir, como no entregar los permisos y hacer un cambio de uso de suelo en la zona de Patache”.
Como hasta ahora esto no se ha concretado, “creemos que el municipio actual y los concejales no tienen la voluntad política de hacer nada y esperamos que las nuevas autoridades que surjan en las elecciones en octubre nos permitan realizar un plebiscito y asuman las facultades que le otorga la ley para impedir la instalación”, declaró Neira.
En tanto, respecto de las responsabilidades que le corresponden a las autoridades de Iquique, Hugo Gutiérrez, abogado y diputado del distrito número 52 que representa a la comuna, no trepidó en asegurar que “las autoridades regionales estaban coludidas con las empresas mineras”
Esto se habría acreditado, según Gutiérrez, cuando “el ex seremi de vivienda señaló que el plano regulador intercomunal costero, que regulaba la ubicación de termoeléctricas, había sido retirado por orden de la intendenta regional, porque este plano iba a imposibilitar la instalación de la termoeléctrica. Por lo tanto, “existió conflicto de interés en las resoluciones de la autoridad regional, funcional a las mineras dueñas de las termoeléctricas”, aseguró.
Si bien las diversas agrupaciones sociales esperan revertir el fallo con la presión del voto municipal, seguirán apelando a la movilización social, la que comenzó durante la tarde del lunes con una marcha convocada por la sociedad civil organizada, entre las que contaron la Agrupación Cultural de Tarapacá, la directiva regional de la Anef, quienes llamaron a repetir las movilizaciones.
Luego de que el Consejo de Ministros, aprobara el viernes ocho de septiembre las Centrales Termoeléctricas Pacífico y Patache, la sociedad civil criticó el compromiso de las autoridades locales con el medioambiente, calificándolas como los “responsables” de la ratificación de los megaproyectos.
Arturo Neira, presidente del Comité de Defensa de la Madre Tierra (Codemat), indicó que “las autoridades se habrían comprometido con los miles de habitantes que desde el 2009 se mostraron contrarios a la instalación de las centrales a carbón”.
Neira recalcó que la ciudadanía organizada había juntado firmas, presentado recursos de reclamación y se habían movilizados constantemente, mas “las autoridades locales no los tomaron en cuenta”. Ante esta indiferencia, Arturo Neira señala que finalmente “la ciudadanía sabrá castigar con su voto a aquellos que en su momento se presentaron como líderes de la oposición a las termoeléctricas y terminaron haciendo nada para impedirlo”, incluso cuando “tenían las facultades para detener la instalación de cualquier industria durante un periodo de tiempo”.
Señaló además que la comunidad se encuentra afectada y que desconfía de sus autoridades. No obstante, seguirán presionando con el voto de cara a las elecciones municipales de octubre, ya que según el dirigente “aún quedan instancias para frenar los proyectos, pero éstas dependen de la autoridad local”.
En esa medida, los habitantes de Iquique seguirán manifestándose para presionar, pero deberán crear conciencia. Además, la batalla parece no estar completamente perdida. “Nosotros creemos que todavía existen instancias a las cuales el municipio puede recurrir, como no entregar los permisos y hacer un cambio de uso de suelo en la zona de Patache”.
Como hasta ahora esto no se ha concretado, “creemos que el municipio actual y los concejales no tienen la voluntad política de hacer nada y esperamos que las nuevas autoridades que surjan en las elecciones en octubre nos permitan realizar un plebiscito y asuman las facultades que le otorga la ley para impedir la instalación”, declaró Neira.
En tanto, respecto de las responsabilidades que le corresponden a las autoridades de Iquique, Hugo Gutiérrez, abogado y diputado del distrito número 52 que representa a la comuna, no trepidó en asegurar que “las autoridades regionales estaban coludidas con las empresas mineras”
Esto se habría acreditado, según Gutiérrez, cuando “el ex seremi de vivienda señaló que el plano regulador intercomunal costero, que regulaba la ubicación de termoeléctricas, había sido retirado por orden de la intendenta regional, porque este plano iba a imposibilitar la instalación de la termoeléctrica. Por lo tanto, “existió conflicto de interés en las resoluciones de la autoridad regional, funcional a las mineras dueñas de las termoeléctricas”, aseguró.
Si bien las diversas agrupaciones sociales esperan revertir el fallo con la presión del voto municipal, seguirán apelando a la movilización social, la que comenzó durante la tarde del lunes con una marcha convocada por la sociedad civil organizada, entre las que contaron la Agrupación Cultural de Tarapacá, la directiva regional de la Anef, quienes llamaron a repetir las movilizaciones.
Luego de que el Consejo de Ministros, aprobara el viernes ocho de septiembre las Centrales Termoeléctricas Pacífico y Patache, la sociedad civil criticó el compromiso de las autoridades locales con el medioambiente, calificándolas como los “responsables” de la ratificación de los megaproyectos.
Arturo Neira, presidente del Comité de Defensa de la Madre Tierra (Codemat), indicó que “las autoridades se habrían comprometido con los miles de habitantes que desde el 2009 se mostraron contrarios a la instalación de las centrales a carbón”.
Neira recalcó que la ciudadanía organizada había juntado firmas, presentado recursos de reclamación y se habían movilizados constantemente, mas “las autoridades locales no los tomaron en cuenta”. Ante esta indiferencia, Arturo Neira señala que finalmente “la ciudadanía sabrá castigar con su voto a aquellos que en su momento se presentaron como líderes de la oposición a las termoeléctricas y terminaron haciendo nada para impedirlo”, incluso cuando “tenían las facultades para detener la instalación de cualquier industria durante un periodo de tiempo”.
Señaló además que la comunidad se encuentra afectada y que desconfía de sus autoridades. No obstante, seguirán presionando con el voto de cara a las elecciones municipales de octubre, ya que según el dirigente “aún quedan instancias para frenar los proyectos, pero éstas dependen de la autoridad local”.
En esa medida, los habitantes de Iquique seguirán manifestándose para presionar, pero deberán crear conciencia. Además, la batalla parece no estar completamente perdida. “Nosotros creemos que todavía existen instancias a las cuales el municipio puede recurrir, como no entregar los permisos y hacer un cambio de uso de suelo en la zona de Patache”.
Como hasta ahora esto no se ha concretado, “creemos que el municipio actual y los concejales no tienen la voluntad política de hacer nada y esperamos que las nuevas autoridades que surjan en las elecciones en octubre nos permitan realizar un plebiscito y asuman las facultades que le otorga la ley para impedir la instalación”, declaró Neira.
En tanto, respecto de las responsabilidades que le corresponden a las autoridades de Iquique, Hugo Gutiérrez, abogado y diputado del distrito número 52 que representa a la comuna, no trepidó en asegurar que “las autoridades regionales estaban coludidas con las empresas mineras”
Esto se habría acreditado, según Gutiérrez, cuando “el ex seremi de vivienda señaló que el plano regulador intercomunal costero, que regulaba la ubicación de termoeléctricas, había sido retirado por orden de la intendenta regional, porque este plano iba a imposibilitar la instalación de la termoeléctrica. Por lo tanto, “existió conflicto de interés en las resoluciones de la autoridad regional, funcional a las mineras dueñas de las termoeléctricas”, aseguró.
Si bien las diversas agrupaciones sociales esperan revertir el fallo con la presión del voto municipal, seguirán apelando a la movilización social, la que comenzó durante la tarde del lunes con una marcha convocada por la sociedad civil organizada, entre las que contaron la Agrupación Cultural de Tarapacá, la directiva regional de la Anef, quienes llamaron a repetir las movilizaciones.
