Mapa revela ubicación de cultivos transgénicos pertenecientes a 28 empresas
La herramienta fue puesta a disposición por el Consorcio Apícola a través de internet. Entre las organizaciones opositoras a esta práctica valoran el instrumento, pero cuestionan al Servicio Agrícola y Ganadero por dificultar la entrega de información: "El SAG tiene una actitud de protección hacia este tipo de cultivos y hacia sus propietarios", dicen.
Miércoles 12 de septiembre 2012 13:53 hrs.
Un mapa georreferenciado con la ubicación de cultivos transgénicos en el país puso a disposición el Consorcio Apícola, con información proporcionada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
El Consorcio Apícola es una entidad sustentada por universidades públicas y privadas y empresas del sector, que opera con fondos de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura.
Mediante un registro, el usuario puede acceder a un mapa que constató que en Chile las especies con mayor presencia en son el maíz (78%), el raps (15%) y la soya (7%). Luego se ubican el tomate, el zapallo y el cártamo.
Las plantaciones se encuentran principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, O’Higgins, Metropolitana y Biobío. En lugares secundarios aparecen Maule, Valparaíso, La Araucanía y Los Ríos.
La iniciativa surgió luego que las exportaciones, de miel principalmente, sufrieran una caída ante las restricciones aplicadas por la Unión Europea a los productos que contienen transgénicos.
Marcelo Vera, subgerente del Consorcio Apícola, explicó que la herramienta señala la ubicación de los semilleros y su radio de influencia, permitiendo que los agricultores sepan si se encuentran dentro de esa área.
El SAG solicitó información a 32 empresas, pero cuatro de ellas -Agrícola Green Seed, Iansagro, Semillas Semameris y Semillas Limagrain- no accedieron a entregarla. Respecto de eso, Marcelo Vera indicó que “en un principio fue muy difícil acceder a esta información, porque las mismas empresas pusieron un recurso de protección para que no se hiciera pública la ubicación de los semilleros. Consideraban que podían recibir acciones delictuales contra los mismos cultivos, de distintas personas o asociaciones. Finalmente, haciendo uso de la Ley de Transparencia, las empresas accedieron a presentar esta información”.
“Con las cuatro empresas que no accedieron vamos a seguir intentando a través de la vía formal, como lo hemos hecho siempre”, advirtió Vera, quien dijo que la incorporación de esos datos es relevante para mantener el mapa actualizado en forma constante.
Lucía Sepúlveda, integrante de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL), consideró “positivo” que se publique la ubicación de los cultivos transgénicos, pero lamentó que no fuera el mismo SAG quien publicara en forma “proactiva” los datos.
En ese sentido, recordó que Rapal debió recurrir al Consejo para la Transparencia para que, luego de tres años de tramitación, el SAG se viera obligado a entregar la información.
De esta manera, cuestionó la forma en que el servicio dispone de la información y recalcó la importancia del control social en este ámbito: “En la página del SAG está la información de las temporadas de cultivos transgénicos y las comunas, pero no hay una definición de qué es una temporada y cuándo termina, tampoco explican cuál es la fiscalización que hacen. Nosotros adscribimos al razonamiento del Consejo para la Transparencia, que dijo que esto no debe ser secreto, porque si la información es pública se posibilita el control social y el debate sobre una actividad que es objeto de discusión en todo el mundo, por sus características”, dijo.
A fines de agosto, la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) denunció al mismo SAG ante la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, por negar información respecto de la existencia y ubicación de cultivos transgénicos en La Araucanía.
Esto, porque la entidad estatal respondió a una solicitud que no existían siembras de Organismo Vivo Modificado (OVM), pero su mismo sitio web informaba la existencia de 1.332 hectáreas de cultivos transgénicos en más de una decena de comunas como Temuco, Chol Chol, Melipeuco y Freire, entre otras.
El SAG se amparó en que al momento de la consulta, la temporada ya había terminado. Alejandra Parra, integrante de la Red, consideró que “fue un resquicio que usaron para evadir la entrega de la información, eso pensamos y por eso recurrimos al Consejo para la Transparencia”.
“El SAG tiene una actitud de protección hacia este tipo de cultivos y hacia sus propietarios. En lugar de proteger también a los otros agricultores y la transparencia de la información, está protegiendo a los dueños de cultivos con transgénicos”, criticó.
Alejandra Parra señaló finalmente que el Consejo para la Transparencia acogió la presentación, por lo que se encuentran a la espera de una respuesta a la solicitud.
Un mapa georreferenciado con la ubicación de cultivos transgénicos en el país puso a disposición el Consorcio Apícola, con información proporcionada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
El Consorcio Apícola es una entidad sustentada por universidades públicas y privadas y empresas del sector, que opera con fondos de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura.
Mediante un registro, el usuario puede acceder a un mapa que constató que en Chile las especies con mayor presencia en son el maíz (78%), el raps (15%) y la soya (7%). Luego se ubican el tomate, el zapallo y el cártamo.
Las plantaciones se encuentran principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, O’Higgins, Metropolitana y Biobío. En lugares secundarios aparecen Maule, Valparaíso, La Araucanía y Los Ríos.
La iniciativa surgió luego que las exportaciones, de miel principalmente, sufrieran una caída ante las restricciones aplicadas por la Unión Europea a los productos que contienen transgénicos.
Marcelo Vera, subgerente del Consorcio Apícola, explicó que la herramienta señala la ubicación de los semilleros y su radio de influencia, permitiendo que los agricultores sepan si se encuentran dentro de esa área.
El SAG solicitó información a 32 empresas, pero cuatro de ellas -Agrícola Green Seed, Iansagro, Semillas Semameris y Semillas Limagrain- no accedieron a entregarla. Respecto de eso, Marcelo Vera indicó que “en un principio fue muy difícil acceder a esta información, porque las mismas empresas pusieron un recurso de protección para que no se hiciera pública la ubicación de los semilleros. Consideraban que podían recibir acciones delictuales contra los mismos cultivos, de distintas personas o asociaciones. Finalmente, haciendo uso de la Ley de Transparencia, las empresas accedieron a presentar esta información”.
“Con las cuatro empresas que no accedieron vamos a seguir intentando a través de la vía formal, como lo hemos hecho siempre”, advirtió Vera, quien dijo que la incorporación de esos datos es relevante para mantener el mapa actualizado en forma constante.
Lucía Sepúlveda, integrante de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL), consideró “positivo” que se publique la ubicación de los cultivos transgénicos, pero lamentó que no fuera el mismo SAG quien publicara en forma “proactiva” los datos.
En ese sentido, recordó que Rapal debió recurrir al Consejo para la Transparencia para que, luego de tres años de tramitación, el SAG se viera obligado a entregar la información.
De esta manera, cuestionó la forma en que el servicio dispone de la información y recalcó la importancia del control social en este ámbito: “En la página del SAG está la información de las temporadas de cultivos transgénicos y las comunas, pero no hay una definición de qué es una temporada y cuándo termina, tampoco explican cuál es la fiscalización que hacen. Nosotros adscribimos al razonamiento del Consejo para la Transparencia, que dijo que esto no debe ser secreto, porque si la información es pública se posibilita el control social y el debate sobre una actividad que es objeto de discusión en todo el mundo, por sus características”, dijo.
A fines de agosto, la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) denunció al mismo SAG ante la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, por negar información respecto de la existencia y ubicación de cultivos transgénicos en La Araucanía.
Esto, porque la entidad estatal respondió a una solicitud que no existían siembras de Organismo Vivo Modificado (OVM), pero su mismo sitio web informaba la existencia de 1.332 hectáreas de cultivos transgénicos en más de una decena de comunas como Temuco, Chol Chol, Melipeuco y Freire, entre otras.
El SAG se amparó en que al momento de la consulta, la temporada ya había terminado. Alejandra Parra, integrante de la Red, consideró que “fue un resquicio que usaron para evadir la entrega de la información, eso pensamos y por eso recurrimos al Consejo para la Transparencia”.
“El SAG tiene una actitud de protección hacia este tipo de cultivos y hacia sus propietarios. En lugar de proteger también a los otros agricultores y la transparencia de la información, está protegiendo a los dueños de cultivos con transgénicos”, criticó.
Alejandra Parra señaló finalmente que el Consejo para la Transparencia acogió la presentación, por lo que se encuentran a la espera de una respuesta a la solicitud.
Un mapa georreferenciado con la ubicación de cultivos transgénicos en el país puso a disposición el Consorcio Apícola, con información proporcionada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
El Consorcio Apícola es una entidad sustentada por universidades públicas y privadas y empresas del sector, que opera con fondos de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura.
Mediante un registro, el usuario puede acceder a un mapa que constató que en Chile las especies con mayor presencia en son el maíz (78%), el raps (15%) y la soya (7%). Luego se ubican el tomate, el zapallo y el cártamo.
Las plantaciones se encuentran principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, O’Higgins, Metropolitana y Biobío. En lugares secundarios aparecen Maule, Valparaíso, La Araucanía y Los Ríos.
La iniciativa surgió luego que las exportaciones, de miel principalmente, sufrieran una caída ante las restricciones aplicadas por la Unión Europea a los productos que contienen transgénicos.
Marcelo Vera, subgerente del Consorcio Apícola, explicó que la herramienta señala la ubicación de los semilleros y su radio de influencia, permitiendo que los agricultores sepan si se encuentran dentro de esa área.
El SAG solicitó información a 32 empresas, pero cuatro de ellas -Agrícola Green Seed, Iansagro, Semillas Semameris y Semillas Limagrain- no accedieron a entregarla. Respecto de eso, Marcelo Vera indicó que “en un principio fue muy difícil acceder a esta información, porque las mismas empresas pusieron un recurso de protección para que no se hiciera pública la ubicación de los semilleros. Consideraban que podían recibir acciones delictuales contra los mismos cultivos, de distintas personas o asociaciones. Finalmente, haciendo uso de la Ley de Transparencia, las empresas accedieron a presentar esta información”.
“Con las cuatro empresas que no accedieron vamos a seguir intentando a través de la vía formal, como lo hemos hecho siempre”, advirtió Vera, quien dijo que la incorporación de esos datos es relevante para mantener el mapa actualizado en forma constante.
Lucía Sepúlveda, integrante de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL), consideró “positivo” que se publique la ubicación de los cultivos transgénicos, pero lamentó que no fuera el mismo SAG quien publicara en forma “proactiva” los datos.
En ese sentido, recordó que Rapal debió recurrir al Consejo para la Transparencia para que, luego de tres años de tramitación, el SAG se viera obligado a entregar la información.
De esta manera, cuestionó la forma en que el servicio dispone de la información y recalcó la importancia del control social en este ámbito: “En la página del SAG está la información de las temporadas de cultivos transgénicos y las comunas, pero no hay una definición de qué es una temporada y cuándo termina, tampoco explican cuál es la fiscalización que hacen. Nosotros adscribimos al razonamiento del Consejo para la Transparencia, que dijo que esto no debe ser secreto, porque si la información es pública se posibilita el control social y el debate sobre una actividad que es objeto de discusión en todo el mundo, por sus características”, dijo.
A fines de agosto, la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) denunció al mismo SAG ante la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, por negar información respecto de la existencia y ubicación de cultivos transgénicos en La Araucanía.
Esto, porque la entidad estatal respondió a una solicitud que no existían siembras de Organismo Vivo Modificado (OVM), pero su mismo sitio web informaba la existencia de 1.332 hectáreas de cultivos transgénicos en más de una decena de comunas como Temuco, Chol Chol, Melipeuco y Freire, entre otras.
El SAG se amparó en que al momento de la consulta, la temporada ya había terminado. Alejandra Parra, integrante de la Red, consideró que “fue un resquicio que usaron para evadir la entrega de la información, eso pensamos y por eso recurrimos al Consejo para la Transparencia”.
“El SAG tiene una actitud de protección hacia este tipo de cultivos y hacia sus propietarios. En lugar de proteger también a los otros agricultores y la transparencia de la información, está protegiendo a los dueños de cultivos con transgénicos”, criticó.
Alejandra Parra señaló finalmente que el Consejo para la Transparencia acogió la presentación, por lo que se encuentran a la espera de una respuesta a la solicitud.
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