Contendores de basura sobrepasados en su capacidad máxima, destapados; residuos sólidos orgánicos en las cámaras de aguas lluvia, numerosas filtraciones de agua, baños para funcionarios sin servicios básicos, alimentos mal almacenados y casinos sin autorización sanitaria para la preparación de comidas son algunas de las once observaciones realizadas por la Seremi de Salud en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Visita solicitada por el poder judicial luego de un recurso de protección interpuesto por representantes de funcionarios penitenciarios.

Pedro Pacheco, Jaime Anticoy y Pablo Flores, todos pertenecientes a la directiva provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) acudieron a la Corte de Apelaciones de La Araucanía para denunciar las deficientes condiciones sanitarias en las que desempeñan sus labores los funcionarios de la Unidad Penal Temuco.

El recurso fue rechazado por esta primera instancia legislativa y derivado a la Corte Suprema. En esta ocasión y en un fallo unánime, los ministros integrantes de la tercera sala revocaron la resolución de la Corte de Apelaciones y acogieron la tramitación emprendida por los funcionarios de gendarmería. “Las condiciones sanitarias verificadas por la autoridad competente – Seremi de Salud- no se condicen con las normas sanitarias básicas de funcionamiento de cualquier lugar de trabajo y por ende importan un incumplimiento a la obligación que tiene Gendarmería de Chile”, versa el fallo, agregando que “toda persona tiene el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, garantía que obviamente se extiende al lugar en que ésta presta sus labores”.

Desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios se declararon conformes con la resolución. Asimismo Pedro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales de Gendarmería, quien valora la resolución pero lamenta que “la corte suprema está tomando el rol que le corresponde a Gendarmería, que en vez de negar estas situaciones las debe subsanar cuando nosotros las denunciamos. Como no se hace, tenemos que recurrir a organismos tan importantes como la corte para que vengan a poner orden”, declaró el dirigente.

La acogida de la Corte Suprema a este recurso de protección es una resolución que viene a nutrir de antecedentes al análisis del sistema carcelario chileno, ya conocido por sus condiciones de hacinamiento y escasas garantías de rehabilitación. Pero la población penal no es la única expuesta a tales circunstancias. Los funcionarios son parte del procedimiento que debe asegurar el óptimo regreso de los reclusos a la vida social, algo difícil de conseguir en tales condiciones, como asegura Tomás Vial, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. “Las condiciones tanto para los funcionarios como para los presos son casi infrahumanas y eso hace casi imposible la rehabilitación. Es todo un conjunto de circunstancias que impiden que el sistema cumpla el objetivo que tiene”, aseguró.

Tanto los representantes de gremios penitenciarios, como los centros de investigación en el ámbito carcelario concuerdan el fallo de la Corte Suprema deben motivar medidas urgentes por parte del ejecutivo, para que resoluciones como estas no se ciñan al mero reconocimiento del poder judicial de una crisis que afecta los derechos fundamentales de miles de personas cada día.