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Año XVI, 26 de abril de 2024


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Estudio confirma trazas transgénicas en miel chilena y apicultores acusan al SAG de secretismo

La Universidad Mayor realizó un estudio que confirmó el alto grado de trazas transgénicas en la miel chilena, lo que hace un año significó que la Unión Europea prohibiera su venta. La situación preocupa a agricultores y organizaciones sociales que continúan emplazando al Gobierno y sus instituciones para que actúen con claridad y establezcan políticas regulatorias sobre los transgénicos en el país.

Paula Correa

  Martes 25 de septiembre 2012 15:13 hrs. 
miel

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En septiembre del año pasado, el Tribunal de Justicia Europeo prohibió la comercialización de miel chilena, al detectar que poseía polen de origen transgénico en rangos superiores al límite de 0,9 por ciento que permite su norma. El Centro para el Emprendimiento Apícola de la Universidad Mayor realizó un examen donde se pudo verificar esta situación, gracias a la implementación en Chile de la misma técnica con la que operó Europa.

Según la directora del organismo, Francis Rojas, la información ha tenido una serie de consecuencias para los apicultores, “porque les han bajado los precios de compra de su miel, que han caído alrededor de un 30, 40 por ciento”.

Aunque de acuerdo a Rojas se está en espera de lo que va a ocurrir en el mercado europeo, otro de los efectos va a ser que “el negocio de los apicultores va a tener que decidir entre ser productores de miel o también el tema de la polinización, que es muy importante acá en Chile y, de alguna forma, no son compatibles ambas actividades si es que el productor quiere vender su miel a la Unión Europea”.

La situación tiene preocupados a trabajadores apícolas y a agricultores, sobre todo a los orgánicos, aprensión que se suma al desconocimiento que existe  sobre la ubicación de los cultivos transgénicos, por lo que  por lo que la Red de Acción en Plaguicidas (Rapal) recurrió incluso al Consejo para la Transparencia para solicitar los datos al Servicio Agrícola Ganadero (SAG).

El Consejo obligó a informar y el SAG entregó la información, con lo que el Consorcio Apícola realizó un mapeo. Sin embargo, la información no habría sido suficientemente clara, provocandoque los pequeños productores sigan rotando de espacio para evitar que su producción se vea alterada.

Al respecto, la especialista y  encargada del área de semillas y transgénicos de Rapal,  Lucía Sepúlveda, indicó que existe “inercia” de parte del SAG “al seguir apegado a una situación que ya no es legal, el secreto de todo lo que rodea el tema de los transgénicos”.

“No ha habido una actitud proactiva del SAG que, por ejemplo, a través de su página web pusieran la información relativa a los transgénicos, qué variedad son los que se están  sembrando en el país en cada temporada, qué entienden por temporada y dar la ubicación, ellos mismos, de todos los cultivos transgénicos que existen en el país”, agregó Sepúlveda.

La representante de la Rapal, además, mostró su preocupación por el cultivo del transgénico NK603, que utilizó un equipo de investigación francés que experimentó por dos años con maíz transgénico en ratas, comprobando que pasado los tres meses se producían tumores que afectaban los órganos y reducían la  expectativa de vida de los animales.

Para el presidente de la Confederación Nacional Sindical Campesina (Ranquil), Osvaldo Zúñiga, al daño que podría provocar el consumo de alimentos transgénicos, la baja en los precios de los productos nacionales, se agrega la movilidad e incertidumbre de los agricultores frente al tema.

“Esto confirma el desarrollo desordenado y autoritario que tiene el país, aquí no hay ninguna planificación. Buena parte de los alcaldes del país, teniendo herramientas como los planos reguladores, desconocen el tema y hay desconocimiento en la forma en que se hizo. Se confirma lo que veníamos planteando y advirtiendo, que está mal, que no se debe tener este tipo de desarrollo, del criterio de la ganancia en el tema agrario”, explicó Zúñiga.

Es por ello que agricultores y organizaciones exigen mayor transparencia y proactividad sobre esta situación a las autoridades, además políticas claras que brinden seguridad en temas tan importantes para el país como la alimentación y la agricultura.

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