El obispo de Rancagua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, sostuvo el pasado fin de semana que la Iglesia católica podría entregar una reparación a víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, pero no económica. “La diócesis carece de recursos”, afirmó.
A esto se sumaron las palabras del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quien señaló que “las culpas siempre son personales y no institucionales”.
Esto, mientras el Vaticano investiga una denuncia en contra del obispo de Iquique, Marco Antonio Órdenes, y luego que se divulgara la carta pastoral de la Conferencia Episcopal en que la Iglesia reiteraba su petición de perdón a quienes se han sentido ofendidos por los casos, que según el mismo documento, han restado credibilidad a la institución.
Las palabras de Goic y Ezzati fueron lamentadas por el abogado Juan Pablo Hermosilla, querellante en el caso Karadima, quien las consideró “muy desafortunadas” y “lamentables”. Según el jurista, las declaraciones continúan la tradición de autoridades de la Iglesia de “faltarle el respeto una vez más a las víctimas”.
Una opinión similar manifestó el abogado Mario Schilling, quien presentó inicialmente la querella en contra del sacerdote John O’ Reilly, del Colegio Cumbres, acusado también de abusar de una niña.
Schilling, quien hoy lleva una causa de abusos en el colegio Mariano de Schoenstatt, rebatió que la Iglesia no cuente con recursos económicos para indemnizar a los afectados: “Son declaraciones temerarias, imprudentes y poco empáticas, porque las víctimas de abuso sexual infantil realmente requieren reparación. A medida que va pasando el tiempo se van descubriendo nuevos clérigos, nuevos sacerdotes y obispos que participan de estos delitos, y la Iglesia no puede abstraerse de ello y menos decir que no tiene recursos económicos, cuando es ampliamente conocido que el Vaticano y todas las ramas de la Iglesia tienen un poder económico amplísimo, quizás uno de los más grandes que tiene el planeta”, explicó.
Respecto de las responsabilidades que corresponden a personas e instituciones, el abogado Mario Schilling dijo que aunque se debe evaluar “caso a caso”, subrayó que en el Derecho se distingue entre las obligaciones de cada una: “Se hace la distinción entre la responsabilidad penal que le cabe a quienes cometen delitos, que es personal, y la responsabilidad civil, que le cabe no solamente a las personas que participan, sino además a la organización que puede estar detrás en algunas circunstancias. Por ejemplo, está total y completamente establecido en el Código Civil que los colegios son responsables por los hechos que ocurren a los pupilos. Por eso es que hay que observar muy bien en qué circunstancias se cometen esos abusos y si se puede establecer una cadena causal o una responsabilidad de otras personas partícipes o a nivel institucional en la comisión de estos delitos”, señaló.
En este sentido, el profesional recordó que en países como Bélgica, Estados Unidos, Irlanda, Australia y Holanda, la Iglesia ha reparado económicamente a los afectados por casos de abusos, tarea que le ha significado desembolsar miles de millones de dólares. Este ejemplo, afirmó, también podría ser imitado por las autoridades eclesiásticas chilenas.
El obispo de Rancagua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, sostuvo el pasado fin de semana que la Iglesia católica podría entregar una reparación a víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, pero no económica. “La diócesis carece de recursos”, afirmó.
A esto se sumaron las palabras del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quien señaló que “las culpas siempre son personales y no institucionales”.
Esto, mientras el Vaticano investiga una denuncia en contra del obispo de Iquique, Marco Antonio Órdenes, y luego que se divulgara la carta pastoral de la Conferencia Episcopal en que la Iglesia reiteraba su petición de perdón a quienes se han sentido ofendidos por los casos, que según el mismo documento, han restado credibilidad a la institución.
Las palabras de Goic y Ezzati fueron lamentadas por el abogado Juan Pablo Hermosilla, querellante en el caso Karadima, quien las consideró “muy desafortunadas” y “lamentables”. Según el jurista, las declaraciones continúan la tradición de autoridades de la Iglesia de “faltarle el respeto una vez más a las víctimas”.
Una opinión similar manifestó el abogado Mario Schilling, quien presentó inicialmente la querella en contra del sacerdote John O’ Reilly, del Colegio Cumbres, acusado también de abusar de una niña.
Schilling, quien hoy lleva una causa de abusos en el colegio Mariano de Schoenstatt, rebatió que la Iglesia no cuente con recursos económicos para indemnizar a los afectados: “Son declaraciones temerarias, imprudentes y poco empáticas, porque las víctimas de abuso sexual infantil realmente requieren reparación. A medida que va pasando el tiempo se van descubriendo nuevos clérigos, nuevos sacerdotes y obispos que participan de estos delitos, y la Iglesia no puede abstraerse de ello y menos decir que no tiene recursos económicos, cuando es ampliamente conocido que el Vaticano y todas las ramas de la Iglesia tienen un poder económico amplísimo, quizás uno de los más grandes que tiene el planeta”, explicó.
Respecto de las responsabilidades que corresponden a personas e instituciones, el abogado Mario Schilling dijo que aunque se debe evaluar “caso a caso”, subrayó que en el Derecho se distingue entre las obligaciones de cada una: “Se hace la distinción entre la responsabilidad penal que le cabe a quienes cometen delitos, que es personal, y la responsabilidad civil, que le cabe no solamente a las personas que participan, sino además a la organización que puede estar detrás en algunas circunstancias. Por ejemplo, está total y completamente establecido en el Código Civil que los colegios son responsables por los hechos que ocurren a los pupilos. Por eso es que hay que observar muy bien en qué circunstancias se cometen esos abusos y si se puede establecer una cadena causal o una responsabilidad de otras personas partícipes o a nivel institucional en la comisión de estos delitos”, señaló.
En este sentido, el profesional recordó que en países como Bélgica, Estados Unidos, Irlanda, Australia y Holanda, la Iglesia ha reparado económicamente a los afectados por casos de abusos, tarea que le ha significado desembolsar miles de millones de dólares. Este ejemplo, afirmó, también podría ser imitado por las autoridades eclesiásticas chilenas.
El obispo de Rancagua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, sostuvo el pasado fin de semana que la Iglesia católica podría entregar una reparación a víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, pero no económica. “La diócesis carece de recursos”, afirmó.
A esto se sumaron las palabras del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quien señaló que “las culpas siempre son personales y no institucionales”.
Esto, mientras el Vaticano investiga una denuncia en contra del obispo de Iquique, Marco Antonio Órdenes, y luego que se divulgara la carta pastoral de la Conferencia Episcopal en que la Iglesia reiteraba su petición de perdón a quienes se han sentido ofendidos por los casos, que según el mismo documento, han restado credibilidad a la institución.
Las palabras de Goic y Ezzati fueron lamentadas por el abogado Juan Pablo Hermosilla, querellante en el caso Karadima, quien las consideró “muy desafortunadas” y “lamentables”. Según el jurista, las declaraciones continúan la tradición de autoridades de la Iglesia de “faltarle el respeto una vez más a las víctimas”.
Una opinión similar manifestó el abogado Mario Schilling, quien presentó inicialmente la querella en contra del sacerdote John O’ Reilly, del Colegio Cumbres, acusado también de abusar de una niña.
Schilling, quien hoy lleva una causa de abusos en el colegio Mariano de Schoenstatt, rebatió que la Iglesia no cuente con recursos económicos para indemnizar a los afectados: “Son declaraciones temerarias, imprudentes y poco empáticas, porque las víctimas de abuso sexual infantil realmente requieren reparación. A medida que va pasando el tiempo se van descubriendo nuevos clérigos, nuevos sacerdotes y obispos que participan de estos delitos, y la Iglesia no puede abstraerse de ello y menos decir que no tiene recursos económicos, cuando es ampliamente conocido que el Vaticano y todas las ramas de la Iglesia tienen un poder económico amplísimo, quizás uno de los más grandes que tiene el planeta”, explicó.
Respecto de las responsabilidades que corresponden a personas e instituciones, el abogado Mario Schilling dijo que aunque se debe evaluar “caso a caso”, subrayó que en el Derecho se distingue entre las obligaciones de cada una: “Se hace la distinción entre la responsabilidad penal que le cabe a quienes cometen delitos, que es personal, y la responsabilidad civil, que le cabe no solamente a las personas que participan, sino además a la organización que puede estar detrás en algunas circunstancias. Por ejemplo, está total y completamente establecido en el Código Civil que los colegios son responsables por los hechos que ocurren a los pupilos. Por eso es que hay que observar muy bien en qué circunstancias se cometen esos abusos y si se puede establecer una cadena causal o una responsabilidad de otras personas partícipes o a nivel institucional en la comisión de estos delitos”, señaló.
En este sentido, el profesional recordó que en países como Bélgica, Estados Unidos, Irlanda, Australia y Holanda, la Iglesia ha reparado económicamente a los afectados por casos de abusos, tarea que le ha significado desembolsar miles de millones de dólares. Este ejemplo, afirmó, también podría ser imitado por las autoridades eclesiásticas chilenas.
