La Contraloría General de la República dio a conocer el pasado viernes un informe que constató importantes irregularidades en la implementación del plan “Salvemos el Año Escolar” del ministerio de Educación; que tenía como objetivo que alumnos cuyos colegios se encontraban en paro durante 2011 recuperaran clases y evitaran repetir.
El ente fiscalizador consideró que los inscritos en el plan fueron 159 mil 686 escolares, 3 mil 018 menos que los informados públicamente por el Mineduc en septiembre del 2011.
Además, se detectó que 5 mil 384 números de cédula de identidad estaban duplicados, triplicados o cuadriplicados, lo que representa un 3,4 por ciento del total.
A ello se sumó un importante porcentaje de RUT inválidos, que “no correspondían al alumno que aparecía inscrito”, con lo que se totalizaron 21 mil 874 RUT irregulares, es decir, un 14 por ciento de los registros de la campaña, que habría costado más de 281 mil 800 millones de pesos. Asimismo, la Contraloría estimó que los gastos del plan se ejecutaron de forma contraria a las normas legales.
Para los estudiantes la resolución no fue sorpresiva. En este sentido, la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes, Eloísa González, afirmó que la iniciativa del Gobierno sólo buscó “aplastar el movimiento estudiantil” y que el grueso de los estudiantes en 2011 estuvieron movilizados e incluso dispuestos a perder el año.
Con estas afirmaciones coincidió Alejandra Placencia, presidenta del Colegio de Profesores de Ñuñoa, quien criticó que en el plan “había contenido mínimos que se querían evaluar y que no correspondían con los contenidos que establece el curriculum por parte del ministerio”.
“Ahí ya hay una irregularidad, porque esos contenidos deben tratarse durante el año y cualquier otra instrucción es ilegal. Si nosotros hiciéramos una evaluación de lo que fue el plan, nos encontraríamos que es un absurdo”, agregó la profesora.
La dirigenta añadió que los docentes intentaron salvar algunas situaciones, producto de la irregularidad que se dio durante el año, que pudieran estar dentro de su voluntad o esfuerzos, pero el ministerio de Educación no generó ninguna condición especial para ello.
Por su parte, Jesús Redondo, director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech) señaló que esta situación pone de manifiesto la compleja realidad del actual modelo educativo.
“Es muy difícil financiar un sistema educativo eficiente a través de la financiación por alumno que asiste cada día a la escuela. Eso hace que en la práctica los colegios y las municipalidades tengan que hacer virguerías para poder recibir la subvención que necesitan y tener las escuelas funcionando”, explicó Redondo.
El académico explicó que el ministerio, tal como está configurada la institucionalidad educativa, carece de competencias directas en el tema de la educación, porque que “ha regalado o transferido” sus atribuciones a privados o a los municipios, las que funcionan, finalmente, también como instituciones privadas.
Finalmente el Director de Opech afirmó que “cuando reduces el tema educación, desde un proyecto integral al servicio de las necesidades de los ciudadanos, hasta indicadores que supuestamente tienen alguna relevancia para el mercado, la imagen pública del país, las inversiones, etcétera, se distorsionan totalmente los objetivos de un sistema educativo”.
La Contraloría General de la República dio a conocer el pasado viernes un informe que constató importantes irregularidades en la implementación del plan “Salvemos el Año Escolar” del ministerio de Educación; que tenía como objetivo que alumnos cuyos colegios se encontraban en paro durante 2011 recuperaran clases y evitaran repetir.
El ente fiscalizador consideró que los inscritos en el plan fueron 159 mil 686 escolares, 3 mil 018 menos que los informados públicamente por el Mineduc en septiembre del 2011.
Además, se detectó que 5 mil 384 números de cédula de identidad estaban duplicados, triplicados o cuadriplicados, lo que representa un 3,4 por ciento del total.
A ello se sumó un importante porcentaje de RUT inválidos, que “no correspondían al alumno que aparecía inscrito”, con lo que se totalizaron 21 mil 874 RUT irregulares, es decir, un 14 por ciento de los registros de la campaña, que habría costado más de 281 mil 800 millones de pesos. Asimismo, la Contraloría estimó que los gastos del plan se ejecutaron de forma contraria a las normas legales.
Para los estudiantes la resolución no fue sorpresiva. En este sentido, la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes, Eloísa González, afirmó que la iniciativa del Gobierno sólo buscó “aplastar el movimiento estudiantil” y que el grueso de los estudiantes en 2011 estuvieron movilizados e incluso dispuestos a perder el año.
Con estas afirmaciones coincidió Alejandra Placencia, presidenta del Colegio de Profesores de Ñuñoa, quien criticó que en el plan “había contenido mínimos que se querían evaluar y que no correspondían con los contenidos que establece el curriculum por parte del ministerio”.
“Ahí ya hay una irregularidad, porque esos contenidos deben tratarse durante el año y cualquier otra instrucción es ilegal. Si nosotros hiciéramos una evaluación de lo que fue el plan, nos encontraríamos que es un absurdo”, agregó la profesora.
La dirigenta añadió que los docentes intentaron salvar algunas situaciones, producto de la irregularidad que se dio durante el año, que pudieran estar dentro de su voluntad o esfuerzos, pero el ministerio de Educación no generó ninguna condición especial para ello.
Por su parte, Jesús Redondo, director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech) señaló que esta situación pone de manifiesto la compleja realidad del actual modelo educativo.
“Es muy difícil financiar un sistema educativo eficiente a través de la financiación por alumno que asiste cada día a la escuela. Eso hace que en la práctica los colegios y las municipalidades tengan que hacer virguerías para poder recibir la subvención que necesitan y tener las escuelas funcionando”, explicó Redondo.
El académico explicó que el ministerio, tal como está configurada la institucionalidad educativa, carece de competencias directas en el tema de la educación, porque que “ha regalado o transferido” sus atribuciones a privados o a los municipios, las que funcionan, finalmente, también como instituciones privadas.
Finalmente el Director de Opech afirmó que “cuando reduces el tema educación, desde un proyecto integral al servicio de las necesidades de los ciudadanos, hasta indicadores que supuestamente tienen alguna relevancia para el mercado, la imagen pública del país, las inversiones, etcétera, se distorsionan totalmente los objetivos de un sistema educativo”.
La Contraloría General de la República dio a conocer el pasado viernes un informe que constató importantes irregularidades en la implementación del plan “Salvemos el Año Escolar” del ministerio de Educación; que tenía como objetivo que alumnos cuyos colegios se encontraban en paro durante 2011 recuperaran clases y evitaran repetir.
El ente fiscalizador consideró que los inscritos en el plan fueron 159 mil 686 escolares, 3 mil 018 menos que los informados públicamente por el Mineduc en septiembre del 2011.
Además, se detectó que 5 mil 384 números de cédula de identidad estaban duplicados, triplicados o cuadriplicados, lo que representa un 3,4 por ciento del total.
A ello se sumó un importante porcentaje de RUT inválidos, que “no correspondían al alumno que aparecía inscrito”, con lo que se totalizaron 21 mil 874 RUT irregulares, es decir, un 14 por ciento de los registros de la campaña, que habría costado más de 281 mil 800 millones de pesos. Asimismo, la Contraloría estimó que los gastos del plan se ejecutaron de forma contraria a las normas legales.
Para los estudiantes la resolución no fue sorpresiva. En este sentido, la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes, Eloísa González, afirmó que la iniciativa del Gobierno sólo buscó “aplastar el movimiento estudiantil” y que el grueso de los estudiantes en 2011 estuvieron movilizados e incluso dispuestos a perder el año.
Con estas afirmaciones coincidió Alejandra Placencia, presidenta del Colegio de Profesores de Ñuñoa, quien criticó que en el plan “había contenido mínimos que se querían evaluar y que no correspondían con los contenidos que establece el curriculum por parte del ministerio”.
“Ahí ya hay una irregularidad, porque esos contenidos deben tratarse durante el año y cualquier otra instrucción es ilegal. Si nosotros hiciéramos una evaluación de lo que fue el plan, nos encontraríamos que es un absurdo”, agregó la profesora.
La dirigenta añadió que los docentes intentaron salvar algunas situaciones, producto de la irregularidad que se dio durante el año, que pudieran estar dentro de su voluntad o esfuerzos, pero el ministerio de Educación no generó ninguna condición especial para ello.
Por su parte, Jesús Redondo, director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech) señaló que esta situación pone de manifiesto la compleja realidad del actual modelo educativo.
“Es muy difícil financiar un sistema educativo eficiente a través de la financiación por alumno que asiste cada día a la escuela. Eso hace que en la práctica los colegios y las municipalidades tengan que hacer virguerías para poder recibir la subvención que necesitan y tener las escuelas funcionando”, explicó Redondo.
El académico explicó que el ministerio, tal como está configurada la institucionalidad educativa, carece de competencias directas en el tema de la educación, porque que “ha regalado o transferido” sus atribuciones a privados o a los municipios, las que funcionan, finalmente, también como instituciones privadas.
Finalmente el Director de Opech afirmó que “cuando reduces el tema educación, desde un proyecto integral al servicio de las necesidades de los ciudadanos, hasta indicadores que supuestamente tienen alguna relevancia para el mercado, la imagen pública del país, las inversiones, etcétera, se distorsionan totalmente los objetivos de un sistema educativo”.
