Expectantes ante el cumplimiento de los plazos se encuentran quienes presentaron el recurso de nulidad por la licitación del litio, proceso que además está congelado por el rechazo de la adjudicación de SQM de los derechos de explotación por no cumplir con las bases.
Patricio Zapata, abogado que interpuso junto a parlamentarios de oposición el recurso, expresó que espera que el avance de las acciones judiciales no se vea afectado por la anulación del contrato, ni los cambios en la subsecretaría de Minería.
Además, explicó que es difícil que el Gobierno se aventure en un nuevo proceso de licitación, pese a lo cual se insistirá en la nulidad, pero no en las medidas precautorias solicitadas.
En este sentido el abogado Zapata señaló que “yo espero que no haya ninguna dificultad formal por el hecho de que iba dirigido contra Pablo Wagner y el actual subsecretario designado ayer es don Francisco Orrego, puede que haya que revisar ese aspecto. Lo que no vamos a presionar es la medida precautoria, porque esa medida precautoria se justificaba en la medida que teníamos una licitación en curso, como eso no ocurre tenemos la tranquilidad de entrar al fondo del asunto, que es lo que está en las manos del ministro Jorge Dahm”.
El jurista dijo que las objeciones a la forma de la explotación del Oro Blanco propuesta por el Gobierno, obligó al Ejecutivo a no insistir en dicha manera, por lo que ahora se espera el transcurso regular de los plazos.
El abogado explicó que los cuestionamientos al proceso de licitación influyeron de manera decisiva en la fallida adjudicación a SQM: “El hecho que hubieran varias objeciones en los tribunales, la demanda de nulidad de los senadores, la presentación en la Contraloría de un grupo de diputados, un recurso de protección presentado por comunidades diaguitas en el norte. Esa suma de reclamos a mi juicio fue forzando al Gobierno a echar para atrás la licitación apenas surgió el problema de los juicios pendientes y yo creo que en el fondo las objeciones en los tribunales convencieron al Gobierno que no tenía sentido seguir adelante con la licitación”.
Además de esto, hay una presentación ante la Contraloría, por parte de diputados de la DC para detener el proceso de licitación, lo que sumado al polémico episodio de la renuncia del subsecretario Wagner, según el legislador Patricio Vallespin, puede significar elementos que ayuden a convencer a las autoridades de que la explotación del litio debe hacerse de otra manera.
En esa perspectiva, el parlamentario de la DC indicó que “pueden ser elementos que los magistrados tengan en su consideración para analizar más en profundidad los argumentos que hemos presentado, para sacar algún tipo de sentencia que obligue al Gobierno a no hacer esto por la vía administrativa, sino que cumpla con los requisitos que la ley establece a nuestro modo de ver y espero que así lo haga. Yo creo que los jueces deberían ponderar esta materia, espero que ese sea el espíritu que prevalezca”.
Finalmente, la Asociación Gremial de Industriales Mineros (Asogemin) presentaron una nueva demanda contra quienes “resulten responsables” de la anulación del proceso de Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL).
El dirigente de la agrupación, Luis Gallardo, llamó a aprovechar y a buscar los fondos para hacer rápidamente la licitación: “No pueden ellos tomar atribuciones de dejar sin efecto la licitación, sino sólo tiene que inhabilitar a la empresa Soquimich, que no cumplió las bases de la licitación y debe continuar la licitación, por el prestigio del país. Nosotros estamos tratando de obtener financiamiento en el exterior para varios proyectos mineros y el país no tiene ese financiamiento y resulta que la imagen del país se ve perjudicada por estas medidas inconsultas y errores como dijo el Presidente Piñera”.
Gallardo asegura que muchos asociados de Asogemin cuentan con propiedades de salares que son aprovechables para la explotación, y espera que un nuevo proceso se abra a empresas de menor tamaño.
Expectantes ante el cumplimiento de los plazos se encuentran quienes presentaron el recurso de nulidad por la licitación del litio, proceso que además está congelado por el rechazo de la adjudicación de SQM de los derechos de explotación por no cumplir con las bases.
Patricio Zapata, abogado que interpuso junto a parlamentarios de oposición el recurso, expresó que espera que el avance de las acciones judiciales no se vea afectado por la anulación del contrato, ni los cambios en la subsecretaría de Minería.
Además, explicó que es difícil que el Gobierno se aventure en un nuevo proceso de licitación, pese a lo cual se insistirá en la nulidad, pero no en las medidas precautorias solicitadas.
En este sentido el abogado Zapata señaló que “yo espero que no haya ninguna dificultad formal por el hecho de que iba dirigido contra Pablo Wagner y el actual subsecretario designado ayer es don Francisco Orrego, puede que haya que revisar ese aspecto. Lo que no vamos a presionar es la medida precautoria, porque esa medida precautoria se justificaba en la medida que teníamos una licitación en curso, como eso no ocurre tenemos la tranquilidad de entrar al fondo del asunto, que es lo que está en las manos del ministro Jorge Dahm”.
El jurista dijo que las objeciones a la forma de la explotación del Oro Blanco propuesta por el Gobierno, obligó al Ejecutivo a no insistir en dicha manera, por lo que ahora se espera el transcurso regular de los plazos.
El abogado explicó que los cuestionamientos al proceso de licitación influyeron de manera decisiva en la fallida adjudicación a SQM: “El hecho que hubieran varias objeciones en los tribunales, la demanda de nulidad de los senadores, la presentación en la Contraloría de un grupo de diputados, un recurso de protección presentado por comunidades diaguitas en el norte. Esa suma de reclamos a mi juicio fue forzando al Gobierno a echar para atrás la licitación apenas surgió el problema de los juicios pendientes y yo creo que en el fondo las objeciones en los tribunales convencieron al Gobierno que no tenía sentido seguir adelante con la licitación”.
Además de esto, hay una presentación ante la Contraloría, por parte de diputados de la DC para detener el proceso de licitación, lo que sumado al polémico episodio de la renuncia del subsecretario Wagner, según el legislador Patricio Vallespin, puede significar elementos que ayuden a convencer a las autoridades de que la explotación del litio debe hacerse de otra manera.
En esa perspectiva, el parlamentario de la DC indicó que “pueden ser elementos que los magistrados tengan en su consideración para analizar más en profundidad los argumentos que hemos presentado, para sacar algún tipo de sentencia que obligue al Gobierno a no hacer esto por la vía administrativa, sino que cumpla con los requisitos que la ley establece a nuestro modo de ver y espero que así lo haga. Yo creo que los jueces deberían ponderar esta materia, espero que ese sea el espíritu que prevalezca”.
Finalmente, la Asociación Gremial de Industriales Mineros (Asogemin) presentaron una nueva demanda contra quienes “resulten responsables” de la anulación del proceso de Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL).
El dirigente de la agrupación, Luis Gallardo, llamó a aprovechar y a buscar los fondos para hacer rápidamente la licitación: “No pueden ellos tomar atribuciones de dejar sin efecto la licitación, sino sólo tiene que inhabilitar a la empresa Soquimich, que no cumplió las bases de la licitación y debe continuar la licitación, por el prestigio del país. Nosotros estamos tratando de obtener financiamiento en el exterior para varios proyectos mineros y el país no tiene ese financiamiento y resulta que la imagen del país se ve perjudicada por estas medidas inconsultas y errores como dijo el Presidente Piñera”.
Gallardo asegura que muchos asociados de Asogemin cuentan con propiedades de salares que son aprovechables para la explotación, y espera que un nuevo proceso se abra a empresas de menor tamaño.
Expectantes ante el cumplimiento de los plazos se encuentran quienes presentaron el recurso de nulidad por la licitación del litio, proceso que además está congelado por el rechazo de la adjudicación de SQM de los derechos de explotación por no cumplir con las bases.
Patricio Zapata, abogado que interpuso junto a parlamentarios de oposición el recurso, expresó que espera que el avance de las acciones judiciales no se vea afectado por la anulación del contrato, ni los cambios en la subsecretaría de Minería.
Además, explicó que es difícil que el Gobierno se aventure en un nuevo proceso de licitación, pese a lo cual se insistirá en la nulidad, pero no en las medidas precautorias solicitadas.
En este sentido el abogado Zapata señaló que “yo espero que no haya ninguna dificultad formal por el hecho de que iba dirigido contra Pablo Wagner y el actual subsecretario designado ayer es don Francisco Orrego, puede que haya que revisar ese aspecto. Lo que no vamos a presionar es la medida precautoria, porque esa medida precautoria se justificaba en la medida que teníamos una licitación en curso, como eso no ocurre tenemos la tranquilidad de entrar al fondo del asunto, que es lo que está en las manos del ministro Jorge Dahm”.
El jurista dijo que las objeciones a la forma de la explotación del Oro Blanco propuesta por el Gobierno, obligó al Ejecutivo a no insistir en dicha manera, por lo que ahora se espera el transcurso regular de los plazos.
El abogado explicó que los cuestionamientos al proceso de licitación influyeron de manera decisiva en la fallida adjudicación a SQM: “El hecho que hubieran varias objeciones en los tribunales, la demanda de nulidad de los senadores, la presentación en la Contraloría de un grupo de diputados, un recurso de protección presentado por comunidades diaguitas en el norte. Esa suma de reclamos a mi juicio fue forzando al Gobierno a echar para atrás la licitación apenas surgió el problema de los juicios pendientes y yo creo que en el fondo las objeciones en los tribunales convencieron al Gobierno que no tenía sentido seguir adelante con la licitación”.
Además de esto, hay una presentación ante la Contraloría, por parte de diputados de la DC para detener el proceso de licitación, lo que sumado al polémico episodio de la renuncia del subsecretario Wagner, según el legislador Patricio Vallespin, puede significar elementos que ayuden a convencer a las autoridades de que la explotación del litio debe hacerse de otra manera.
En esa perspectiva, el parlamentario de la DC indicó que “pueden ser elementos que los magistrados tengan en su consideración para analizar más en profundidad los argumentos que hemos presentado, para sacar algún tipo de sentencia que obligue al Gobierno a no hacer esto por la vía administrativa, sino que cumpla con los requisitos que la ley establece a nuestro modo de ver y espero que así lo haga. Yo creo que los jueces deberían ponderar esta materia, espero que ese sea el espíritu que prevalezca”.
Finalmente, la Asociación Gremial de Industriales Mineros (Asogemin) presentaron una nueva demanda contra quienes “resulten responsables” de la anulación del proceso de Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL).
El dirigente de la agrupación, Luis Gallardo, llamó a aprovechar y a buscar los fondos para hacer rápidamente la licitación: “No pueden ellos tomar atribuciones de dejar sin efecto la licitación, sino sólo tiene que inhabilitar a la empresa Soquimich, que no cumplió las bases de la licitación y debe continuar la licitación, por el prestigio del país. Nosotros estamos tratando de obtener financiamiento en el exterior para varios proyectos mineros y el país no tiene ese financiamiento y resulta que la imagen del país se ve perjudicada por estas medidas inconsultas y errores como dijo el Presidente Piñera”.
Gallardo asegura que muchos asociados de Asogemin cuentan con propiedades de salares que son aprovechables para la explotación, y espera que un nuevo proceso se abra a empresas de menor tamaño.
