De acuerdo a la investigación que lleva la fiscalía por el incendio en la cárcel de San Miguel en 2010, donde murieron 81 reos, los gendarmes actuaron de forma negligente al no prestar auxilio oportuno a los reclusos mientras se desarrollaba la riña que gatilló el fuego cuando un grupo atacó a otro con un cilindro de gas adaptado como lanzallamas.
Por esta razón fueron formalizados ocho funcionarios de Gendarmería por cuasi delito de homicidio, en una investigación que está abierta. También se siguen acciones a nivel Civil, las que persiguen -de alguna manera-, compensar a las víctimas.
Según el abogado, Boris Paredes, “el Estado se comportó de manera negligente de una manera distinta como lo debió haber hecho un custodio responsable y por eso esta gente está muerta. La única forma de compensar el dolor que sufren los familiares, es a través de la vía económica, no se ha inventado otra y eso es lo que se está buscando”.
Paredes representa a quince familias y fue uno de los primeros abogados que contactó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), con quien se están negociando las indemnizaciones.
El abogado señaló que este tipo de proceso es lento y siempre es mejor llegar a un acuerdo para evitar exponer a los familiares a un nuevo juicio, donde se recreen una vez más los hechos.
Aunque los montos solicitados son confidenciales, de acuerdo a lo que circula en la prensa al sumar las cifras demandadas en 13 de las 16 acciones presentadas, se obtiene un total de 33 mil 400 millones de pesos.
En este sentido, José Quezada, padre de Antonio, una de las víctimas fatales del incendio, indicó que “ellos no fueron condenados a muerte, no fueron condenados a ser torturados dentro de las cárceles, ellos estaban solamente condenados a ser privados de libertad y entregados a Gendarmería para poder ser reinsertados nuevamente en la sociedad. Ellos están para eso no para poder arrogarse un derecho que es solamente para los tribunales de justicia, los familiares fuimos muy afectados por el fallecimiento de nuestros hijos. Por eso solicitamos algún grado de indemnización al Estado de Chile” .
Sin embargo, hay otros familiares a quienes no les interesa la vía civil, y han recurrido a la vía penal, como en el caso de Manuela Martínez, madre de Julián Valdebenito, también víctima del incendio, quien manifestó su desconfianza en la negociación con el CDE, afirmando que “el Estado ha hecho un montón de cosas para no asumir la culpa” y añadió que, a estas alturas, sólo espera que se haga justicia divina.
“No es tanto el interés de la plata es ver que se haga justicia. La vida de nosotros, la vida de mi hijo no me la van a devolver con nada, pero sí quiero que haya justicia, porque no me gustaría que a nadie le volviera a pasar lo mismo que les pasó a estos chiquillos. No tuvieron corazón para salvar a las personas que pudieron salvar, ellos pueden repetir lo mismo”, acusó la madre del reo.
Ambos padres apuntaron a la necesidad de que la investigación penal se amplíe y que también sean procesados los mandos mayores a cargo de la cárcel, quienes –afirman- se saltaron los protocolos y no dieron las órdenes adecuadas, partiendo por las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la red húmeda.
“Alguien tiene que responder frente a estas decisiones”, afirmó Quezada, para quien la acción penal debe extenderse y abarcar más allá de los ocho centinelas. Esto cuando se acerca el término de la investigación, fijado para el próximo ocho de diciembre, coincidiendo con la conmemoración de los dos años de la tragedia.
De acuerdo a la investigación que lleva la fiscalía por el incendio en la cárcel de San Miguel en 2010, donde murieron 81 reos, los gendarmes actuaron de forma negligente al no prestar auxilio oportuno a los reclusos mientras se desarrollaba la riña que gatilló el fuego cuando un grupo atacó a otro con un cilindro de gas adaptado como lanzallamas.
Por esta razón fueron formalizados ocho funcionarios de Gendarmería por cuasi delito de homicidio, en una investigación que está abierta. También se siguen acciones a nivel Civil, las que persiguen -de alguna manera-, compensar a las víctimas.
Según el abogado, Boris Paredes, “el Estado se comportó de manera negligente de una manera distinta como lo debió haber hecho un custodio responsable y por eso esta gente está muerta. La única forma de compensar el dolor que sufren los familiares, es a través de la vía económica, no se ha inventado otra y eso es lo que se está buscando”.
Paredes representa a quince familias y fue uno de los primeros abogados que contactó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), con quien se están negociando las indemnizaciones.
El abogado señaló que este tipo de proceso es lento y siempre es mejor llegar a un acuerdo para evitar exponer a los familiares a un nuevo juicio, donde se recreen una vez más los hechos.
Aunque los montos solicitados son confidenciales, de acuerdo a lo que circula en la prensa al sumar las cifras demandadas en 13 de las 16 acciones presentadas, se obtiene un total de 33 mil 400 millones de pesos.
En este sentido, José Quezada, padre de Antonio, una de las víctimas fatales del incendio, indicó que “ellos no fueron condenados a muerte, no fueron condenados a ser torturados dentro de las cárceles, ellos estaban solamente condenados a ser privados de libertad y entregados a Gendarmería para poder ser reinsertados nuevamente en la sociedad. Ellos están para eso no para poder arrogarse un derecho que es solamente para los tribunales de justicia, los familiares fuimos muy afectados por el fallecimiento de nuestros hijos. Por eso solicitamos algún grado de indemnización al Estado de Chile” .
Sin embargo, hay otros familiares a quienes no les interesa la vía civil, y han recurrido a la vía penal, como en el caso de Manuela Martínez, madre de Julián Valdebenito, también víctima del incendio, quien manifestó su desconfianza en la negociación con el CDE, afirmando que “el Estado ha hecho un montón de cosas para no asumir la culpa” y añadió que, a estas alturas, sólo espera que se haga justicia divina.
“No es tanto el interés de la plata es ver que se haga justicia. La vida de nosotros, la vida de mi hijo no me la van a devolver con nada, pero sí quiero que haya justicia, porque no me gustaría que a nadie le volviera a pasar lo mismo que les pasó a estos chiquillos. No tuvieron corazón para salvar a las personas que pudieron salvar, ellos pueden repetir lo mismo”, acusó la madre del reo.
Ambos padres apuntaron a la necesidad de que la investigación penal se amplíe y que también sean procesados los mandos mayores a cargo de la cárcel, quienes –afirman- se saltaron los protocolos y no dieron las órdenes adecuadas, partiendo por las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la red húmeda.
“Alguien tiene que responder frente a estas decisiones”, afirmó Quezada, para quien la acción penal debe extenderse y abarcar más allá de los ocho centinelas. Esto cuando se acerca el término de la investigación, fijado para el próximo ocho de diciembre, coincidiendo con la conmemoración de los dos años de la tragedia.
De acuerdo a la investigación que lleva la fiscalía por el incendio en la cárcel de San Miguel en 2010, donde murieron 81 reos, los gendarmes actuaron de forma negligente al no prestar auxilio oportuno a los reclusos mientras se desarrollaba la riña que gatilló el fuego cuando un grupo atacó a otro con un cilindro de gas adaptado como lanzallamas.
Por esta razón fueron formalizados ocho funcionarios de Gendarmería por cuasi delito de homicidio, en una investigación que está abierta. También se siguen acciones a nivel Civil, las que persiguen -de alguna manera-, compensar a las víctimas.
Según el abogado, Boris Paredes, “el Estado se comportó de manera negligente de una manera distinta como lo debió haber hecho un custodio responsable y por eso esta gente está muerta. La única forma de compensar el dolor que sufren los familiares, es a través de la vía económica, no se ha inventado otra y eso es lo que se está buscando”.
Paredes representa a quince familias y fue uno de los primeros abogados que contactó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), con quien se están negociando las indemnizaciones.
El abogado señaló que este tipo de proceso es lento y siempre es mejor llegar a un acuerdo para evitar exponer a los familiares a un nuevo juicio, donde se recreen una vez más los hechos.
Aunque los montos solicitados son confidenciales, de acuerdo a lo que circula en la prensa al sumar las cifras demandadas en 13 de las 16 acciones presentadas, se obtiene un total de 33 mil 400 millones de pesos.
En este sentido, José Quezada, padre de Antonio, una de las víctimas fatales del incendio, indicó que “ellos no fueron condenados a muerte, no fueron condenados a ser torturados dentro de las cárceles, ellos estaban solamente condenados a ser privados de libertad y entregados a Gendarmería para poder ser reinsertados nuevamente en la sociedad. Ellos están para eso no para poder arrogarse un derecho que es solamente para los tribunales de justicia, los familiares fuimos muy afectados por el fallecimiento de nuestros hijos. Por eso solicitamos algún grado de indemnización al Estado de Chile” .
Sin embargo, hay otros familiares a quienes no les interesa la vía civil, y han recurrido a la vía penal, como en el caso de Manuela Martínez, madre de Julián Valdebenito, también víctima del incendio, quien manifestó su desconfianza en la negociación con el CDE, afirmando que “el Estado ha hecho un montón de cosas para no asumir la culpa” y añadió que, a estas alturas, sólo espera que se haga justicia divina.
“No es tanto el interés de la plata es ver que se haga justicia. La vida de nosotros, la vida de mi hijo no me la van a devolver con nada, pero sí quiero que haya justicia, porque no me gustaría que a nadie le volviera a pasar lo mismo que les pasó a estos chiquillos. No tuvieron corazón para salvar a las personas que pudieron salvar, ellos pueden repetir lo mismo”, acusó la madre del reo.
Ambos padres apuntaron a la necesidad de que la investigación penal se amplíe y que también sean procesados los mandos mayores a cargo de la cárcel, quienes –afirman- se saltaron los protocolos y no dieron las órdenes adecuadas, partiendo por las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la red húmeda.
“Alguien tiene que responder frente a estas decisiones”, afirmó Quezada, para quien la acción penal debe extenderse y abarcar más allá de los ocho centinelas. Esto cuando se acerca el término de la investigación, fijado para el próximo ocho de diciembre, coincidiendo con la conmemoración de los dos años de la tragedia.
