De perfil bajo y ajeno a las polémicas, este abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal y Criminología, profesor de distintas universidades, asegura que nuestro actual sistema procesal penal no es “garantista” en el sentido peyorativo que algunos señalan, pues en Chile hoy sólo se cuenta con las garantías mínimas que se exigen en un Estado de derecho. “En todo caso, para mi el garantismo no es una mala palabra, pues resulta indispensable que existan límites. Se debe evitar que las personas sean pasadas a llevar por el poder del Estado”.
Convencido de la absoluta independencia técnica con que operan los defensores públicos en los tribunales, reconoce que el ideal es una Defensoría Pública con el mayor grado de autonomía posible. “En el caso chileno creo que debió analizarse esto más profundamente y sin duda la Defensoría Penal debiera tener mayores grados de independencia. Esto es lo que garantiza a las personas que puedan acceder a la justicia de mejor forma. Hay una declaración de la OEA en ese sentido”, recuerda. Por ahora, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la Defensoría Penal Pública es parte del ejecutivo y se relaciona con el Presidente a través del Ministerio de Justicia.
En días en que se discuten posibles reformas al sistema procesal penal –modificado hace algunos años-, el Defensor Nacional admite que todo es perfectible, pero recuerda que el actual sistema apenas implicó ponernos al día en lo que los tratados internacionales exigen en materia de derechos humanos: que se oiga a las personas en un tribunal imparcial, que se debata la legalidad de la detención, que se deban aportar pruebas, etc. “Más aún, en la reforma al sistema procesal penal se incorporó a las víctimas como un actor que antes no era considerado y se creo un organismo como el Ministerio Público, encargado de la protección de éstas”, enfatiza Gregory Schubert.
Reconoce que para la gente común algunas decisiones judiciales resultan difíciles de entender, especialmente para las víctimas y sus familiares. “Lo que no se puede perder de vista es que el derecho a la defensa es esencial para poner límites al poder del Estado, para que exista un equilibrio, de modo que cualquier acusación o detención no se transforme automáticamente en condena”, afirma el Defensor Nacional, quien agrega: “la persecución del delito no se puede hacer a cualquier costo, pasando por encima de la dignidad humana o vulnerando la ley. Y no se trata de tecnicismos, pues lo que quiere la ley es protegernos a todos de cualquier atropello, a todos los ciudadanos que queremos actuar libremente en un Estado democrático”.
Recuerda que más allá de los cambios que se introduzcan al sistema procesal, siempre habrá límites “y es bueno que sea así, porque es parte del Estado democrático que nos protege a todos”.
En materia de garantías, Schubert recuerda los procesos a comuneros mapuche, “aunque no son los únicos”. El cuestionamiento es el que ha sostenido invariablemente la Defensoría Penal Pública respecto a los llamados “testigos protegidos”. “Testigos sin identidad no es lo mismo que testigo protegido, porque yo puedo darle protección a alguien pero conocer su identidad y así determinar su credibilidad. En estos juicios tenemos ejemplos de testigos sin identidad –que todo sabían quiénes eran, porque habían participado en los hechos muchas veces- pero a los defensores no se nos daba la posibilidad de interrogarlos para demostrar, por ejemplo su falta de credibilidad. A veces eran personas que obtenían beneficios personales con estos testimonios, o tenían antecedentes, pero eso no podíamos ponerlo en evidencia”.
Escuche completa la entrevista a Georgy Schubert
De perfil bajo y ajeno a las polémicas, este abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal y Criminología, profesor de distintas universidades, asegura que nuestro actual sistema procesal penal no es “garantista” en el sentido peyorativo que algunos señalan, pues en Chile hoy sólo se cuenta con las garantías mínimas que se exigen en un Estado de derecho. “En todo caso, para mi el garantismo no es una mala palabra, pues resulta indispensable que existan límites. Se debe evitar que las personas sean pasadas a llevar por el poder del Estado”.
Convencido de la absoluta independencia técnica con que operan los defensores públicos en los tribunales, reconoce que el ideal es una Defensoría Pública con el mayor grado de autonomía posible. “En el caso chileno creo que debió analizarse esto más profundamente y sin duda la Defensoría Penal debiera tener mayores grados de independencia. Esto es lo que garantiza a las personas que puedan acceder a la justicia de mejor forma. Hay una declaración de la OEA en ese sentido”, recuerda. Por ahora, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la Defensoría Penal Pública es parte del ejecutivo y se relaciona con el Presidente a través del Ministerio de Justicia.
En días en que se discuten posibles reformas al sistema procesal penal –modificado hace algunos años-, el Defensor Nacional admite que todo es perfectible, pero recuerda que el actual sistema apenas implicó ponernos al día en lo que los tratados internacionales exigen en materia de derechos humanos: que se oiga a las personas en un tribunal imparcial, que se debata la legalidad de la detención, que se deban aportar pruebas, etc. “Más aún, en la reforma al sistema procesal penal se incorporó a las víctimas como un actor que antes no era considerado y se creo un organismo como el Ministerio Público, encargado de la protección de éstas”, enfatiza Gregory Schubert.
Reconoce que para la gente común algunas decisiones judiciales resultan difíciles de entender, especialmente para las víctimas y sus familiares. “Lo que no se puede perder de vista es que el derecho a la defensa es esencial para poner límites al poder del Estado, para que exista un equilibrio, de modo que cualquier acusación o detención no se transforme automáticamente en condena”, afirma el Defensor Nacional, quien agrega: “la persecución del delito no se puede hacer a cualquier costo, pasando por encima de la dignidad humana o vulnerando la ley. Y no se trata de tecnicismos, pues lo que quiere la ley es protegernos a todos de cualquier atropello, a todos los ciudadanos que queremos actuar libremente en un Estado democrático”.
Recuerda que más allá de los cambios que se introduzcan al sistema procesal, siempre habrá límites “y es bueno que sea así, porque es parte del Estado democrático que nos protege a todos”.
En materia de garantías, Schubert recuerda los procesos a comuneros mapuche, “aunque no son los únicos”. El cuestionamiento es el que ha sostenido invariablemente la Defensoría Penal Pública respecto a los llamados “testigos protegidos”. “Testigos sin identidad no es lo mismo que testigo protegido, porque yo puedo darle protección a alguien pero conocer su identidad y así determinar su credibilidad. En estos juicios tenemos ejemplos de testigos sin identidad –que todo sabían quiénes eran, porque habían participado en los hechos muchas veces- pero a los defensores no se nos daba la posibilidad de interrogarlos para demostrar, por ejemplo su falta de credibilidad. A veces eran personas que obtenían beneficios personales con estos testimonios, o tenían antecedentes, pero eso no podíamos ponerlo en evidencia”.
Escuche completa la entrevista a Georgy Schubert
De perfil bajo y ajeno a las polémicas, este abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal y Criminología, profesor de distintas universidades, asegura que nuestro actual sistema procesal penal no es “garantista” en el sentido peyorativo que algunos señalan, pues en Chile hoy sólo se cuenta con las garantías mínimas que se exigen en un Estado de derecho. “En todo caso, para mi el garantismo no es una mala palabra, pues resulta indispensable que existan límites. Se debe evitar que las personas sean pasadas a llevar por el poder del Estado”.
Convencido de la absoluta independencia técnica con que operan los defensores públicos en los tribunales, reconoce que el ideal es una Defensoría Pública con el mayor grado de autonomía posible. “En el caso chileno creo que debió analizarse esto más profundamente y sin duda la Defensoría Penal debiera tener mayores grados de independencia. Esto es lo que garantiza a las personas que puedan acceder a la justicia de mejor forma. Hay una declaración de la OEA en ese sentido”, recuerda. Por ahora, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la Defensoría Penal Pública es parte del ejecutivo y se relaciona con el Presidente a través del Ministerio de Justicia.
En días en que se discuten posibles reformas al sistema procesal penal –modificado hace algunos años-, el Defensor Nacional admite que todo es perfectible, pero recuerda que el actual sistema apenas implicó ponernos al día en lo que los tratados internacionales exigen en materia de derechos humanos: que se oiga a las personas en un tribunal imparcial, que se debata la legalidad de la detención, que se deban aportar pruebas, etc. “Más aún, en la reforma al sistema procesal penal se incorporó a las víctimas como un actor que antes no era considerado y se creo un organismo como el Ministerio Público, encargado de la protección de éstas”, enfatiza Gregory Schubert.
Reconoce que para la gente común algunas decisiones judiciales resultan difíciles de entender, especialmente para las víctimas y sus familiares. “Lo que no se puede perder de vista es que el derecho a la defensa es esencial para poner límites al poder del Estado, para que exista un equilibrio, de modo que cualquier acusación o detención no se transforme automáticamente en condena”, afirma el Defensor Nacional, quien agrega: “la persecución del delito no se puede hacer a cualquier costo, pasando por encima de la dignidad humana o vulnerando la ley. Y no se trata de tecnicismos, pues lo que quiere la ley es protegernos a todos de cualquier atropello, a todos los ciudadanos que queremos actuar libremente en un Estado democrático”.
Recuerda que más allá de los cambios que se introduzcan al sistema procesal, siempre habrá límites “y es bueno que sea así, porque es parte del Estado democrático que nos protege a todos”.
En materia de garantías, Schubert recuerda los procesos a comuneros mapuche, “aunque no son los únicos”. El cuestionamiento es el que ha sostenido invariablemente la Defensoría Penal Pública respecto a los llamados “testigos protegidos”. “Testigos sin identidad no es lo mismo que testigo protegido, porque yo puedo darle protección a alguien pero conocer su identidad y así determinar su credibilidad. En estos juicios tenemos ejemplos de testigos sin identidad –que todo sabían quiénes eran, porque habían participado en los hechos muchas veces- pero a los defensores no se nos daba la posibilidad de interrogarlos para demostrar, por ejemplo su falta de credibilidad. A veces eran personas que obtenían beneficios personales con estos testimonios, o tenían antecedentes, pero eso no podíamos ponerlo en evidencia”.
Escuche completa la entrevista a Georgy Schubert
