Después de revisar todos los antecedentes del caso, hoy el CDE ingresará una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía, en el marco de la investigación que conduce la Fiscalía por el sobrepago en la compra de detectores de droga del ministerio del Interior.
Se adoptó esta acción contra Alfredo Giacoman, dueño de la empresa Tecnodata; el ex funcionario de la cartera, Felipe Baeza; y otro empresario vinculado a la licitación, Daniel Weinberger. Los abogados a cargo serán Luppy Aguirre y Marcelo Oyharcabal, ambos con amplia experiencia en casos de corrupción pública.
El diputado DC Jorge Burgos, uno de los primeros en presentar acciones en el caso, afirmó que este debió haber sido el camino desde el inicio. Sin embargo, puso en duda la decisión del organismo de realizar la acción a través de abogados privados: “Lo extraño es que el ministerio del Interior haya querido optar originalmente por una defensa privada, bajo la contratación de un abogado, porque me parece que justamente lo que corresponde es que el CDE defienda los intereses del Fisco y no abogados particulares. Especialmente, en delitos de fraude. Puedo entender que temas de orden público, querellas por algún delito como homicidio, pueden ser una cosa distinta, pero a la hora de defender el patrimonio fiscal, la ley orgánica es clara”, indicó.
El parlamentario añadió que el ministerio no tiene capacidad para querellarse como lo entendió el juez de garantía, por lo que las autoridades tuvieron que sostener que la querella era en la condición de particular del subsecretario. “Esto no admite mucho razonamiento -afirmó- porque lo que está claro aquí es que lo que se perjudicó es patrimonio del Fisco, no de don Rodrigo Ubilla”, agregó.
Por otro lado, el diputado PPD Felipe Harboe, integrante de la comisión de de Seguridad Ciudadana y Droga, indicó que pese a que el Gobierno quiso cerrar el tema con las renuncias de algunos funcionarios menores, el caso sigue escalando: “Lo que está ocurriendo es que hay más investigaciones, hay más personas investigadas y vamos a ver. Espero que la Fiscalía haga sus investigaciones y determine responsabilidades. Pasando las elecciones, probablemente el subsecretario va a tener que informar cuál es el estado, porque entiendo que habría adquisiciones de estos mismos equipos y con las mismas empresas en algunas intendencias, que también dependen del subsecretario del Interior”, señaló.
El diputado afirmó que el Presidente es el único responsable de que el ministro Rodrigo Hizpeter y el subsecretario sigan en funciones, pese a los cuestionamientos a su responsabilidad política, y que deberá asumir las consecuencias de esta decisión.
Además, ambos parlamentarios confirmaron la intención que existe en la Cámara de crear una comisión especial que investigue el caso y que pueda determinar la real magnitud de este escándalo.
Después de revisar todos los antecedentes del caso, hoy el CDE ingresará una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía, en el marco de la investigación que conduce la Fiscalía por el sobrepago en la compra de detectores de droga del ministerio del Interior.
Se adoptó esta acción contra Alfredo Giacoman, dueño de la empresa Tecnodata; el ex funcionario de la cartera, Felipe Baeza; y otro empresario vinculado a la licitación, Daniel Weinberger. Los abogados a cargo serán Luppy Aguirre y Marcelo Oyharcabal, ambos con amplia experiencia en casos de corrupción pública.
El diputado DC Jorge Burgos, uno de los primeros en presentar acciones en el caso, afirmó que este debió haber sido el camino desde el inicio. Sin embargo, puso en duda la decisión del organismo de realizar la acción a través de abogados privados: “Lo extraño es que el ministerio del Interior haya querido optar originalmente por una defensa privada, bajo la contratación de un abogado, porque me parece que justamente lo que corresponde es que el CDE defienda los intereses del Fisco y no abogados particulares. Especialmente, en delitos de fraude. Puedo entender que temas de orden público, querellas por algún delito como homicidio, pueden ser una cosa distinta, pero a la hora de defender el patrimonio fiscal, la ley orgánica es clara”, indicó.
El parlamentario añadió que el ministerio no tiene capacidad para querellarse como lo entendió el juez de garantía, por lo que las autoridades tuvieron que sostener que la querella era en la condición de particular del subsecretario. “Esto no admite mucho razonamiento -afirmó- porque lo que está claro aquí es que lo que se perjudicó es patrimonio del Fisco, no de don Rodrigo Ubilla”, agregó.
Por otro lado, el diputado PPD Felipe Harboe, integrante de la comisión de de Seguridad Ciudadana y Droga, indicó que pese a que el Gobierno quiso cerrar el tema con las renuncias de algunos funcionarios menores, el caso sigue escalando: “Lo que está ocurriendo es que hay más investigaciones, hay más personas investigadas y vamos a ver. Espero que la Fiscalía haga sus investigaciones y determine responsabilidades. Pasando las elecciones, probablemente el subsecretario va a tener que informar cuál es el estado, porque entiendo que habría adquisiciones de estos mismos equipos y con las mismas empresas en algunas intendencias, que también dependen del subsecretario del Interior”, señaló.
El diputado afirmó que el Presidente es el único responsable de que el ministro Rodrigo Hizpeter y el subsecretario sigan en funciones, pese a los cuestionamientos a su responsabilidad política, y que deberá asumir las consecuencias de esta decisión.
Además, ambos parlamentarios confirmaron la intención que existe en la Cámara de crear una comisión especial que investigue el caso y que pueda determinar la real magnitud de este escándalo.
Después de revisar todos los antecedentes del caso, hoy el CDE ingresará una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía, en el marco de la investigación que conduce la Fiscalía por el sobrepago en la compra de detectores de droga del ministerio del Interior.
Se adoptó esta acción contra Alfredo Giacoman, dueño de la empresa Tecnodata; el ex funcionario de la cartera, Felipe Baeza; y otro empresario vinculado a la licitación, Daniel Weinberger. Los abogados a cargo serán Luppy Aguirre y Marcelo Oyharcabal, ambos con amplia experiencia en casos de corrupción pública.
El diputado DC Jorge Burgos, uno de los primeros en presentar acciones en el caso, afirmó que este debió haber sido el camino desde el inicio. Sin embargo, puso en duda la decisión del organismo de realizar la acción a través de abogados privados: “Lo extraño es que el ministerio del Interior haya querido optar originalmente por una defensa privada, bajo la contratación de un abogado, porque me parece que justamente lo que corresponde es que el CDE defienda los intereses del Fisco y no abogados particulares. Especialmente, en delitos de fraude. Puedo entender que temas de orden público, querellas por algún delito como homicidio, pueden ser una cosa distinta, pero a la hora de defender el patrimonio fiscal, la ley orgánica es clara”, indicó.
El parlamentario añadió que el ministerio no tiene capacidad para querellarse como lo entendió el juez de garantía, por lo que las autoridades tuvieron que sostener que la querella era en la condición de particular del subsecretario. “Esto no admite mucho razonamiento -afirmó- porque lo que está claro aquí es que lo que se perjudicó es patrimonio del Fisco, no de don Rodrigo Ubilla”, agregó.
Por otro lado, el diputado PPD Felipe Harboe, integrante de la comisión de de Seguridad Ciudadana y Droga, indicó que pese a que el Gobierno quiso cerrar el tema con las renuncias de algunos funcionarios menores, el caso sigue escalando: “Lo que está ocurriendo es que hay más investigaciones, hay más personas investigadas y vamos a ver. Espero que la Fiscalía haga sus investigaciones y determine responsabilidades. Pasando las elecciones, probablemente el subsecretario va a tener que informar cuál es el estado, porque entiendo que habría adquisiciones de estos mismos equipos y con las mismas empresas en algunas intendencias, que también dependen del subsecretario del Interior”, señaló.
El diputado afirmó que el Presidente es el único responsable de que el ministro Rodrigo Hizpeter y el subsecretario sigan en funciones, pese a los cuestionamientos a su responsabilidad política, y que deberá asumir las consecuencias de esta decisión.
Además, ambos parlamentarios confirmaron la intención que existe en la Cámara de crear una comisión especial que investigue el caso y que pueda determinar la real magnitud de este escándalo.
