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Año XIV, 15 de agosto de 2022

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Preocupación de parlamentarios y organismos de DD.HH por suma urgencia a Ley Hinzpeter

En diez días a partir del próximo martes debería ser despachada del Congreso la denominada "Ley Hinzpeter", después de que el Gobierno estableciera su tramitación con suma urgencia. Ante esta medida, parlamentarios, organizaciones y especialistas en derechos humanos, criticaron la insistencia del Ejecutivo de promulgar una legislación que criminalizaría la protesta social, según dijeron.

Javier Candia

  Jueves 15 de noviembre 2012 1:50 hrs. 
ley hinzpeter

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En la cuenta de la sesión de este martes de la Cámara de Diputados se dio a conocer que el Gobierno puso suma urgencia al proyecto que busca fortalecer el resguardo del orden público, más conocido como Ley Hinzpeter, pese a que la aceleración del trámite se solicitó el pasado 2 de octubre.

Con esta medida se fija un plazo máximo de diez días para que la iniciativa sea despachada, los que se cuentan a partir del próximo martes 20 de noviembre.

El anuncio fue visto desde la oposición como una contradicción con el discurso del propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien después de las elecciones municipales sostuvo que “había escuchado la voz del pueblo” y que el cambio de gabinete respondía a la necesidad de establecer un diálogo político más fluido con ese sector.

“El Gobierno tiene un doble discurso tremendo, porque después que perdieron las municipales dijeron que iban a entrar en una nueva etapa de diálogo político con la oposición, que habían leído el mensaje de la ciudadanía, pero esto demuestra que no es más que un mero discurso del Presidente, que este Gobierno ha estado lleno de mentiras siempre”, indicó el diputado socialista, Fidel Espinoza.

El parlamentario además criticó que “se le está dando urgencia a un proyecto que criminaliza el accionar social en nuestro país, la protesta social, y eso podría ir de la mano de la vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Por su parte, la directora de Aministía Internacional en Chile, Ana Piquer, reiteró la posición que mantiene la organización desde que se anunció este proyecto de ley, asegurando que la iniciativa cercena derechos humanos fundamentales: “Es sumamente grave, porque este tipo de actos son el ejercicio de derechos humanos básicos, como el derecho a reunión y a la libertad de expresión, y como se está planteando hay un riesgo de que se puedan convertir en delito”, sostuvo.

“También nos preocupa la señal que se está dando, porque muchas de estas conductas son delitos que ya están tipificados en la ley y no se ve una necesidad de crear un delito específico en el contexto de una manifestación”, añadió la directoria de Aministía en Chile.

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