Por cerca de dos horas se reunieron hoy el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, y la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.
Al término de la cita, el titular de Justicia descartó renunciar a su cargo, pese a la polémica que provocó un intercambio de correos con el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Eugenio Díaz, quien está en prisión preventiva por el Caso Lucro.
El conflicto salpicó al secretario de Estado cuando se reveló que justo en medio de este intercambio de correspondencia electrónica, la Universidad Autónoma – plantel del cual era Rector – estaba en proceso de acreditación. A esto se suma la posterior contratación de asesorías de Díaz para Gendarmería.
En esa línea, Ribera remarcó que cuenta con el apoyo del Presidente para seguir ejerciendo su mandato como titular de Justicia. “Somos ministros de Estado del Presidente de la República y yo ejerceré mi cargo con total entereza y dedicación. Si estoy aquí es porque soy ministro”, dijo.
Sobre la orden que emitió el fiscal Carlos Gajardo a la Universidad Autónoma para que entregue toda la información contable desde el 16 de junio de 2005 hasta el 13 de agosto de este año, Ribera dijo “desconocer la información”.
“Todas las universidades que fueron nombradas y, por lo tanto quiero precisar que no se refieren a mi persona, son aquellas que fueron señaladas en un informe de la Cámara de Diputados (son siete) y que están en este proceso. No se tiene que personalizar en mi situación”, afirmó.
Teodoro Ribera se refirió también a la acreditación del Instituto Incacea, donde posee el 7,5 por ciento de la propiedad en momentos que Eugenio Díaz estaba contratado por Gendarmería.
“Lo que a nosotros nos ha sorprendido positivamente es conocer a través de los medios de comunicación de la existencia de una declaración formulada por la secretaria de la Comisión Nacional de Acreditación que aseguró que en una sesión Eugenio Díaz se inhabilitó cuando se discutió esta situación”, indicó.
Si bien el ministro no quiso afirmar que haya existido un uso político de su caso, como la solicitud de renuncia que pidió el senador Jorge Pizarro, indicó que “al menos, se ha actuado con mala fe”.
Acusación constitucional
En tanto, dirigentes del Movimiento Estudiantil del de los años 2011, 2012 y 2013, acudieron hasta el Ministerio de Educación para entregar una carta al titular del Mineduc, Harald Beyer, con las exigencias que, como señalaron los diferentes líderes, “son transversales, han sido aplazadas en los últimos años y ya no resisten más demora”.
En ese sentido, Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), que encabezará al alumnado durante el 2013, calificó como una “vergüenza inaceptable” el trato recibido desde el Mineduc, ya que pese a tener una cita agendada a las 9:30 horas, recién una hora después se les permitió el ingreso al edifico ministerial.
Fielbaum criticó al ministro Beyer por su “incapacidad de dar respuestas a los estudiantes”, y de la misma manera, el dirigente pidió nuevamente la renuncia del Jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte, por tener responsabilidades políticas en las acreditaciones fraudulentas, al conocerse que sólo él y Eugenio Díaz habrían votado para la cuestionada validación del Instituto Incacea, de propiedad en parte del ministro de Justicia, Teodoro Ribera.
“Durante los últimos 30 años han estado escondiendo la tierra y la basura debajo de una alfombra, pero esto ya está reventando por todas partes. Hacemos un llamado explícito al ministro Beyer para que parta por remover a Juan José Ugarte de su cargo que ha sido el cómplice directo de esta situación. Si finalmente, el ministro no cambia su actitud, las voces que han expresado la Acusación Constitucional van a tener que hacerse realidad”, afirmó el dirigente.
Por su parte, el ex presidente de la FEUC, Giorgo Jackson, aseguró que “la responsabilidad es compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo”, ya que “los parlamentarios no han hecho nada durante los últimos dos años de protesta social, para cambiar el modelo legal y poco legítimo de la Educación chilena”.
“Hemos estado denunciando esto hace mucho tiempo. Fuimos a las comisiones de Educación en la Cámara y en el Senado y no hay respuestas. Al haber cada día una nueva universidad involucrada en estos hechos de fraude y de estafas por el lucro en la educación, miles son las familias que se preguntan cuál será su futuro. Eso no sólo involucra al Ejecutivo, ni algo puntual a nivel judicial, si no que hay un problema que tiene que ver con el poder Legislativo porque ahí hay una omisión en no desarrollar una normativa que permita que los chilenos puedan sentirse protegidos por el sistema educacional”, dijo.
A la reunión también asistieron dirigentes de los secundarios, quienes se plegaron a las demandas que a estas alturas las denominaron como “históricas”.
Pablo Toro, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), indicó que hace un año que la organización le entregó una propuesta al Mineduc, pero que aún está entrampada en la oficina de partes, manifestando la nula voluntad del Ejecutivo y en particular del ministro Beyer, por solucionar el conflicto estudiantil.
Toro señaló que “si el Gobierno continúa haciendo oídos sordos a las peticiones del pueblo, será éste quien se movilizará para mostrar el repudio a la gestión hasta ahora realizada”.
“No bajamos los brazos y nuestra propuesta todavía sigue en la oficina de partes del ministro. Eso habla de su intransigencia. Hace pocos días declaró que mientras él lidere la cartera, no habrá gratuidad en la educación. Nosotros nos hemos movilizado todo este tiempo porque el modelo que impera es el que genera las contradicciones en la sociedad hoy en día con un gobierno que responde con violencia. Nosotros como estudiantes secundarios, vamos a seguir protestando porque la clase política no representa el sentir del pueblo”, afirmó Toro.
A la rcita que buscaba evidenciar el punto cero en las soluciones del conflicto estudiantil agudizado durante los últimos años, asistieron dirigentes de la CONES, como Gabriel González, y ex voceros como Camila Vallejo y Gabriel Boric, quienes coincidieron en que las demandas han sido desoídas y, por lo mismo, en conjunto presionarán con mayor fuerza el próximo 2013.
