Un nuevo sistema de acreditaciones que terminará definitivamente con la controvertida labor de la CNA, anunció este jueves el Gobierno.
Se trata de la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior que, entre otros cambios, contará con cinco consejeros, de los cuales cuatro deberán ser escogidos vía Alta Dirección Pública, y uno de ellos será electo por el Presidente de la República. Todos estarán inhabilitados de pertenecer o mantener vínculos con planteles educativos, a fin de no revivir los conflictos de interés que hoy están siendo investigados por el Ministerio Público.
Por otro lado, a la hora de acreditar, se evaluarán todos los estándares solicitados en su conjunto y las instituciones sólo podrán optar a la aprobación completa de sus programas por 6 años, aunque da un periodo de gracia de tres a aquellos planteles que demuestren algunas debilidades. Si estas falencias no se superan, simplemente quedarán sin el reconocimiento estatal.
Ante esto, el actual presidente de la CNA, Matko Koljatic, aseguró que está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo y comentó que el Presidente Piñera lo había citado “hace un par de semanas” para ponerlo en antecedente del proyecto.
“Va a pasar que se va a terminar mi cargo. Es una ley de la República y hay que cumplirla. Si se acaba la CNA se tiene que cerrar y nada más. La secretaría ejecutiva tendría la responsabilidad de concluir con la operación y me parece muy razonable. Por supuesto que hay aspectos que son controversiales, pero en términos generales estoy absolutamente de acuerdo que sea seis años y para aquellas que no cumplen algunos requisitos tengan un periodo menor”, afirmó.
Si bien el todavía presidente de la CNA comenzó sus labores recién el lunes pasado, descartó tener inconvenientes con la creación de la Agencia Nacional de Acreditación, y sostuvo que “de momento en que se apruebe, deberá dejar el cargo y nada cambiará”.
En tanto, el presidente de la comisión de Educación del Senado, Carlos Cantero, valoró la propuesta y señaló que “va en la línea con las exigencias que desde la instancia que presido se habían planteado”.
Sin embargo manifestó reparos que “deberán ser discutidos en el Congreso, respecto de un eventual nuevo proceso de cierre de un plantel, y el consiguiente resguardo clarificado antes del suceso”.
El parlamentario añadió que “el que la Alta Dirección Pública haga la selección no es suficiente. Cinco miembros con esta trascendencia necesitan la ratificación del Senado para que le de confianza y seguridad a todos los sectores del país. La segunda preocupación tiene que ver con qué pasa con aquellas universidades que finalmente colapsan. También debiéramos clarificar eso con antelación”.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, (FECh) y miembro de la Confech, Andrés Fielbaum, recalcó que “mientras no se solucione el aspecto del lucro y sus distintas maniobras para desviar los fondos que entrega el Estado, cualquier tipo de sistema acreditador será insuficiente”, por lo que instó al Ejecutivo a referirse a aquello antes de cualquier promulgación.
“Mientras exista lucro los objetivos de las instituciones van a estar totalmente torcidos y desviados. Echamos de menos regulaciones en torno al nivel de democracia interna de las instituciones, que son criterios básicos, como también el tema de los aranceles. No se puede dejar al libre albedrío del mercado cuánto cobran las universidades porque se ha demostrado que se terminan siendo cifras escandalosas. En ese sentido, si bien hay elementos que mejoran, mientras los elementos más estructurales, y en particular el del lucro se mantengan igual no se avanza”, indicó.
El proyecto sería enviado en los próximos días y se busca empezar su tramitación lo antes posible para que pueda empezar a regir inmediatamente este 2013.
Un nuevo sistema de acreditaciones que terminará definitivamente con la controvertida labor de la CNA, anunció este jueves el Gobierno.
Se trata de la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior que, entre otros cambios, contará con cinco consejeros, de los cuales cuatro deberán ser escogidos vía Alta Dirección Pública, y uno de ellos será electo por el Presidente de la República. Todos estarán inhabilitados de pertenecer o mantener vínculos con planteles educativos, a fin de no revivir los conflictos de interés que hoy están siendo investigados por el Ministerio Público.
Por otro lado, a la hora de acreditar, se evaluarán todos los estándares solicitados en su conjunto y las instituciones sólo podrán optar a la aprobación completa de sus programas por 6 años, aunque da un periodo de gracia de tres a aquellos planteles que demuestren algunas debilidades. Si estas falencias no se superan, simplemente quedarán sin el reconocimiento estatal.
Ante esto, el actual presidente de la CNA, Matko Koljatic, aseguró que está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo y comentó que el Presidente Piñera lo había citado “hace un par de semanas” para ponerlo en antecedente del proyecto.
“Va a pasar que se va a terminar mi cargo. Es una ley de la República y hay que cumplirla. Si se acaba la CNA se tiene que cerrar y nada más. La secretaría ejecutiva tendría la responsabilidad de concluir con la operación y me parece muy razonable. Por supuesto que hay aspectos que son controversiales, pero en términos generales estoy absolutamente de acuerdo que sea seis años y para aquellas que no cumplen algunos requisitos tengan un periodo menor”, afirmó.
Si bien el todavía presidente de la CNA comenzó sus labores recién el lunes pasado, descartó tener inconvenientes con la creación de la Agencia Nacional de Acreditación, y sostuvo que “de momento en que se apruebe, deberá dejar el cargo y nada cambiará”.
En tanto, el presidente de la comisión de Educación del Senado, Carlos Cantero, valoró la propuesta y señaló que “va en la línea con las exigencias que desde la instancia que presido se habían planteado”.
Sin embargo manifestó reparos que “deberán ser discutidos en el Congreso, respecto de un eventual nuevo proceso de cierre de un plantel, y el consiguiente resguardo clarificado antes del suceso”.
El parlamentario añadió que “el que la Alta Dirección Pública haga la selección no es suficiente. Cinco miembros con esta trascendencia necesitan la ratificación del Senado para que le de confianza y seguridad a todos los sectores del país. La segunda preocupación tiene que ver con qué pasa con aquellas universidades que finalmente colapsan. También debiéramos clarificar eso con antelación”.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, (FECh) y miembro de la Confech, Andrés Fielbaum, recalcó que “mientras no se solucione el aspecto del lucro y sus distintas maniobras para desviar los fondos que entrega el Estado, cualquier tipo de sistema acreditador será insuficiente”, por lo que instó al Ejecutivo a referirse a aquello antes de cualquier promulgación.
“Mientras exista lucro los objetivos de las instituciones van a estar totalmente torcidos y desviados. Echamos de menos regulaciones en torno al nivel de democracia interna de las instituciones, que son criterios básicos, como también el tema de los aranceles. No se puede dejar al libre albedrío del mercado cuánto cobran las universidades porque se ha demostrado que se terminan siendo cifras escandalosas. En ese sentido, si bien hay elementos que mejoran, mientras los elementos más estructurales, y en particular el del lucro se mantengan igual no se avanza”, indicó.
El proyecto sería enviado en los próximos días y se busca empezar su tramitación lo antes posible para que pueda empezar a regir inmediatamente este 2013.
Un nuevo sistema de acreditaciones que terminará definitivamente con la controvertida labor de la CNA, anunció este jueves el Gobierno.
Se trata de la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior que, entre otros cambios, contará con cinco consejeros, de los cuales cuatro deberán ser escogidos vía Alta Dirección Pública, y uno de ellos será electo por el Presidente de la República. Todos estarán inhabilitados de pertenecer o mantener vínculos con planteles educativos, a fin de no revivir los conflictos de interés que hoy están siendo investigados por el Ministerio Público.
Por otro lado, a la hora de acreditar, se evaluarán todos los estándares solicitados en su conjunto y las instituciones sólo podrán optar a la aprobación completa de sus programas por 6 años, aunque da un periodo de gracia de tres a aquellos planteles que demuestren algunas debilidades. Si estas falencias no se superan, simplemente quedarán sin el reconocimiento estatal.
Ante esto, el actual presidente de la CNA, Matko Koljatic, aseguró que está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo y comentó que el Presidente Piñera lo había citado “hace un par de semanas” para ponerlo en antecedente del proyecto.
“Va a pasar que se va a terminar mi cargo. Es una ley de la República y hay que cumplirla. Si se acaba la CNA se tiene que cerrar y nada más. La secretaría ejecutiva tendría la responsabilidad de concluir con la operación y me parece muy razonable. Por supuesto que hay aspectos que son controversiales, pero en términos generales estoy absolutamente de acuerdo que sea seis años y para aquellas que no cumplen algunos requisitos tengan un periodo menor”, afirmó.
Si bien el todavía presidente de la CNA comenzó sus labores recién el lunes pasado, descartó tener inconvenientes con la creación de la Agencia Nacional de Acreditación, y sostuvo que “de momento en que se apruebe, deberá dejar el cargo y nada cambiará”.
En tanto, el presidente de la comisión de Educación del Senado, Carlos Cantero, valoró la propuesta y señaló que “va en la línea con las exigencias que desde la instancia que presido se habían planteado”.
Sin embargo manifestó reparos que “deberán ser discutidos en el Congreso, respecto de un eventual nuevo proceso de cierre de un plantel, y el consiguiente resguardo clarificado antes del suceso”.
El parlamentario añadió que “el que la Alta Dirección Pública haga la selección no es suficiente. Cinco miembros con esta trascendencia necesitan la ratificación del Senado para que le de confianza y seguridad a todos los sectores del país. La segunda preocupación tiene que ver con qué pasa con aquellas universidades que finalmente colapsan. También debiéramos clarificar eso con antelación”.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, (FECh) y miembro de la Confech, Andrés Fielbaum, recalcó que “mientras no se solucione el aspecto del lucro y sus distintas maniobras para desviar los fondos que entrega el Estado, cualquier tipo de sistema acreditador será insuficiente”, por lo que instó al Ejecutivo a referirse a aquello antes de cualquier promulgación.
“Mientras exista lucro los objetivos de las instituciones van a estar totalmente torcidos y desviados. Echamos de menos regulaciones en torno al nivel de democracia interna de las instituciones, que son criterios básicos, como también el tema de los aranceles. No se puede dejar al libre albedrío del mercado cuánto cobran las universidades porque se ha demostrado que se terminan siendo cifras escandalosas. En ese sentido, si bien hay elementos que mejoran, mientras los elementos más estructurales, y en particular el del lucro se mantengan igual no se avanza”, indicó.
El proyecto sería enviado en los próximos días y se busca empezar su tramitación lo antes posible para que pueda empezar a regir inmediatamente este 2013.
