Agrosuper ratifica cierre definitivo de planta y descarta apelación a Comité de Ministros
Responsabilizando a la "irrupción de grupos violentistas minoritarios", que habría impedido su normal funcionamiento, poniendo en riesgo a sus trabajadores, el directorio de Agrosuper decidió ratificar el cierre de la planta faenadora de cerdos en Freirina. Aunque lamentaron las molestias causadas a la comunidad, indicaron que en el lugar se habían implementado las medidas de mitigación suficientes.
Jueves 27 de diciembre 2012 21:48 hrs.
A través de un comunicado, Agrosuper informó este jueves que el directorio de la empresa ratificó la paralización indefinida de las operaciones en su planta de Freirina, descartando reclamar ante el Comité de Ministros bajo la resolución N°263 de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, por la cual se concluyó el proceso de revisión de las autorizaciones ambientales del proyecto.
“El proceso de paralización de las operaciones que se ha diseñado será informado en todas sus etapas a las autoridades e incluye el retiro de todos los cerdos de la planta, que serán trasladados a faenadoras de la zona central del país. Este proceso será monitoreado permanentemente a fin de no generar ningún impacto en las comunidades”, detalla el documento.
Asimismo, Agrosuper lamentó “las serias molestias en la comunidad de Freirina”, producto de los problemas que experimentaron sus instalaciones durante el proceso de puesta en marcha de la planta, “que se vieron agravados por fallas técnicas en los aireadores de los sistemas de tratamiento de aguas”.
Sin embargo, la empresa de alimentos atribuyó el cierre de la planta faenadora “a la irrupción de grupos violentistas minoritarios que impidió la operación normal, poniendo nuevamente en peligro la integridad física de los trabajadores de la empresa”.
Lo anterior, pues Agrosuper aseguró que después que se constataran las fallas, la empresa “trabajó incesantemente en las reparaciones y en implementar nuevas medidas de mitigación de olores recomendadas por una consultora ambiental internacional independiente”, lo que habría sido ratificado por la autoridad y por ello se había levantado la prohibición de funcionamiento de la planta.
Finalmente, según sus estimaciones, indican que “se acordó cargar a resultado el valor no recuperable de los activos por una cantidad cercana a 185.000.000 de pesos por menor valor de activos, considerando que existen activos recuperables cuyo valor razonable total se estima en un monto aproximado de 80.000.000 de pesos y el valor de 21.000.000 de pesos por concepto de indemnizaciones y costos de paralización”.
A través de un comunicado, Agrosuper informó este jueves que el directorio de la empresa ratificó la paralización indefinida de las operaciones en su planta de Freirina, descartando reclamar ante el Comité de Ministros bajo la resolución N°263 de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, por la cual se concluyó el proceso de revisión de las autorizaciones ambientales del proyecto.
“El proceso de paralización de las operaciones que se ha diseñado será informado en todas sus etapas a las autoridades e incluye el retiro de todos los cerdos de la planta, que serán trasladados a faenadoras de la zona central del país. Este proceso será monitoreado permanentemente a fin de no generar ningún impacto en las comunidades”, detalla el documento.
Asimismo, Agrosuper lamentó “las serias molestias en la comunidad de Freirina”, producto de los problemas que experimentaron sus instalaciones durante el proceso de puesta en marcha de la planta, “que se vieron agravados por fallas técnicas en los aireadores de los sistemas de tratamiento de aguas”.
Sin embargo, la empresa de alimentos atribuyó el cierre de la planta faenadora “a la irrupción de grupos violentistas minoritarios que impidió la operación normal, poniendo nuevamente en peligro la integridad física de los trabajadores de la empresa”.
Lo anterior, pues Agrosuper aseguró que después que se constataran las fallas, la empresa “trabajó incesantemente en las reparaciones y en implementar nuevas medidas de mitigación de olores recomendadas por una consultora ambiental internacional independiente”, lo que habría sido ratificado por la autoridad y por ello se había levantado la prohibición de funcionamiento de la planta.
Finalmente, según sus estimaciones, indican que “se acordó cargar a resultado el valor no recuperable de los activos por una cantidad cercana a 185.000.000 de pesos por menor valor de activos, considerando que existen activos recuperables cuyo valor razonable total se estima en un monto aproximado de 80.000.000 de pesos y el valor de 21.000.000 de pesos por concepto de indemnizaciones y costos de paralización”.
A través de un comunicado, Agrosuper informó este jueves que el directorio de la empresa ratificó la paralización indefinida de las operaciones en su planta de Freirina, descartando reclamar ante el Comité de Ministros bajo la resolución N°263 de la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, por la cual se concluyó el proceso de revisión de las autorizaciones ambientales del proyecto.
“El proceso de paralización de las operaciones que se ha diseñado será informado en todas sus etapas a las autoridades e incluye el retiro de todos los cerdos de la planta, que serán trasladados a faenadoras de la zona central del país. Este proceso será monitoreado permanentemente a fin de no generar ningún impacto en las comunidades”, detalla el documento.
Asimismo, Agrosuper lamentó “las serias molestias en la comunidad de Freirina”, producto de los problemas que experimentaron sus instalaciones durante el proceso de puesta en marcha de la planta, “que se vieron agravados por fallas técnicas en los aireadores de los sistemas de tratamiento de aguas”.
Sin embargo, la empresa de alimentos atribuyó el cierre de la planta faenadora “a la irrupción de grupos violentistas minoritarios que impidió la operación normal, poniendo nuevamente en peligro la integridad física de los trabajadores de la empresa”.
Lo anterior, pues Agrosuper aseguró que después que se constataran las fallas, la empresa “trabajó incesantemente en las reparaciones y en implementar nuevas medidas de mitigación de olores recomendadas por una consultora ambiental internacional independiente”, lo que habría sido ratificado por la autoridad y por ello se había levantado la prohibición de funcionamiento de la planta.
Finalmente, según sus estimaciones, indican que “se acordó cargar a resultado el valor no recuperable de los activos por una cantidad cercana a 185.000.000 de pesos por menor valor de activos, considerando que existen activos recuperables cuyo valor razonable total se estima en un monto aproximado de 80.000.000 de pesos y el valor de 21.000.000 de pesos por concepto de indemnizaciones y costos de paralización”.
