Los fiscales a cargo del Caso Lucro en la Universidad del Mar, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ordenaron a la PDI verificar los antecedentes sobre eventuales convenios entre el plantel y la Municipalidad de Maipú, que tenía como objetivo impartir la carrera de Técnico Superior en Enfermería a más de un centenar de pobladoras de la comuna.
La acusación efectuada por alumnas que accedieron a la carrera, las cuales dieron cuenta del envío de un correo electrónico entre la vicerrectora académica de la sede y el rector de la sede de aquel entonces, Carlos Ossandón, donde conversaban sobre “los beneficios financieros que podría tener en proyecto”; lo cual generó suspicacia en el alumnado.
La idea era capacitar a 200 mujeres en dos años, entendiendo que se abriría el hospital de la comuna, y el documento emitido por el plantel, explicitaba que “la Municipalidad de Maipú, financiaría el 50 por ciento” para cada alumno; sin embargo el ex alcalde, Alberto Undurraga, aclaró en un medio escrito que “el convenio no tuvo costo para el municipio, y que éste sólo se comprometía desde agosto de 2010 a difundir las carreras entre los dirigentes sociales, ofreciéndoles descuentos en los aranceles de sus cónyuges e hijos”.
En esa línea, el actual rector nacional de la Universidad del Mar, Patricio Galleguillos, afirmó que “se replanteó el plan a costo cero para los estudiantes y con costos sólo para la universidad y se hizo la denuncia correspondiente. Todas las cosas que ocurren en la sede Maipú, el ex rector va a tener que responder por ello. Nunca he negado las irregularidades en el área de salud, pero no todas las carreras que la conforman están malas”.
Raúl Soto, vocero de la Asamblea de Federaciones de la Universidad del Mar señaló que “es necesario que se investiguen todas las aristas de esta estafa, y todas las irregularidades que ensuciaron a la institución, aunque sean muchas”.
Asimismo, Soto llamó a las afectadas a organizarse con la Federación de Estudiantes de la sede Maipú, recalcando que “también son parte de la comunidad universitaria afectada por esta estafa”.
“Tienen que organizarse y redactar el problema de tal manera que el Estado los reconozca como víctimas del proceso y ampliarlo aún más a un ámbito social porque se está jugando con la gente que le cuesta invertir en educación en un proceso que es cuestionable en su forma y en su fondo”, comentó.
En tanto, Marta Molina, presidenta de la Federación sede San Fernando, sostuvo que “si bien es necesario que se indague, en términos de difusión se debe marcar la diferencia entre los empresarios y ex controladores que realizaron las estafas y la comunidad universitaria, quienes son las víctimas que se movilizarán por respuestas”.
“Tenemos antecedentes de que eso ocurrió también en algunas sedes del sur como Temuco y Punta Arenas. Nosotros apoyamos que se castigue a los responsables de estas situaciones y no a las víctimas, sino que a quienes están acusados y que serán juzgados y condenados por esto. La opinión pública tiene que saber que hay responsabilidad de la gente que estaba a cargo de esta universidad”, indicó.
Respecto de la nueva arista judicial que se abre contra los ex controladores de la institución clausurada por el Mineduc, el fiscal Gajardo señaló que se referirá al caso este miércoles 2 de enero.
En tanto la investigación comenzó a indagar mayores antecedentes sobre este convenio; una promesa de formación superior especial para dueñas de casa, que no contaba con las horas académicas necesarias para la carrera, ni prácticas, ni campos clínicos.
Los fiscales a cargo del Caso Lucro en la Universidad del Mar, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ordenaron a la PDI verificar los antecedentes sobre eventuales convenios entre el plantel y la Municipalidad de Maipú, que tenía como objetivo impartir la carrera de Técnico Superior en Enfermería a más de un centenar de pobladoras de la comuna.
La acusación efectuada por alumnas que accedieron a la carrera, las cuales dieron cuenta del envío de un correo electrónico entre la vicerrectora académica de la sede y el rector de la sede de aquel entonces, Carlos Ossandón, donde conversaban sobre “los beneficios financieros que podría tener en proyecto”; lo cual generó suspicacia en el alumnado.
La idea era capacitar a 200 mujeres en dos años, entendiendo que se abriría el hospital de la comuna, y el documento emitido por el plantel, explicitaba que “la Municipalidad de Maipú, financiaría el 50 por ciento” para cada alumno; sin embargo el ex alcalde, Alberto Undurraga, aclaró en un medio escrito que “el convenio no tuvo costo para el municipio, y que éste sólo se comprometía desde agosto de 2010 a difundir las carreras entre los dirigentes sociales, ofreciéndoles descuentos en los aranceles de sus cónyuges e hijos”.
En esa línea, el actual rector nacional de la Universidad del Mar, Patricio Galleguillos, afirmó que “se replanteó el plan a costo cero para los estudiantes y con costos sólo para la universidad y se hizo la denuncia correspondiente. Todas las cosas que ocurren en la sede Maipú, el ex rector va a tener que responder por ello. Nunca he negado las irregularidades en el área de salud, pero no todas las carreras que la conforman están malas”.
Raúl Soto, vocero de la Asamblea de Federaciones de la Universidad del Mar señaló que “es necesario que se investiguen todas las aristas de esta estafa, y todas las irregularidades que ensuciaron a la institución, aunque sean muchas”.
Asimismo, Soto llamó a las afectadas a organizarse con la Federación de Estudiantes de la sede Maipú, recalcando que “también son parte de la comunidad universitaria afectada por esta estafa”.
“Tienen que organizarse y redactar el problema de tal manera que el Estado los reconozca como víctimas del proceso y ampliarlo aún más a un ámbito social porque se está jugando con la gente que le cuesta invertir en educación en un proceso que es cuestionable en su forma y en su fondo”, comentó.
En tanto, Marta Molina, presidenta de la Federación sede San Fernando, sostuvo que “si bien es necesario que se indague, en términos de difusión se debe marcar la diferencia entre los empresarios y ex controladores que realizaron las estafas y la comunidad universitaria, quienes son las víctimas que se movilizarán por respuestas”.
“Tenemos antecedentes de que eso ocurrió también en algunas sedes del sur como Temuco y Punta Arenas. Nosotros apoyamos que se castigue a los responsables de estas situaciones y no a las víctimas, sino que a quienes están acusados y que serán juzgados y condenados por esto. La opinión pública tiene que saber que hay responsabilidad de la gente que estaba a cargo de esta universidad”, indicó.
Respecto de la nueva arista judicial que se abre contra los ex controladores de la institución clausurada por el Mineduc, el fiscal Gajardo señaló que se referirá al caso este miércoles 2 de enero.
En tanto la investigación comenzó a indagar mayores antecedentes sobre este convenio; una promesa de formación superior especial para dueñas de casa, que no contaba con las horas académicas necesarias para la carrera, ni prácticas, ni campos clínicos.
Los fiscales a cargo del Caso Lucro en la Universidad del Mar, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ordenaron a la PDI verificar los antecedentes sobre eventuales convenios entre el plantel y la Municipalidad de Maipú, que tenía como objetivo impartir la carrera de Técnico Superior en Enfermería a más de un centenar de pobladoras de la comuna.
La acusación efectuada por alumnas que accedieron a la carrera, las cuales dieron cuenta del envío de un correo electrónico entre la vicerrectora académica de la sede y el rector de la sede de aquel entonces, Carlos Ossandón, donde conversaban sobre “los beneficios financieros que podría tener en proyecto”; lo cual generó suspicacia en el alumnado.
La idea era capacitar a 200 mujeres en dos años, entendiendo que se abriría el hospital de la comuna, y el documento emitido por el plantel, explicitaba que “la Municipalidad de Maipú, financiaría el 50 por ciento” para cada alumno; sin embargo el ex alcalde, Alberto Undurraga, aclaró en un medio escrito que “el convenio no tuvo costo para el municipio, y que éste sólo se comprometía desde agosto de 2010 a difundir las carreras entre los dirigentes sociales, ofreciéndoles descuentos en los aranceles de sus cónyuges e hijos”.
En esa línea, el actual rector nacional de la Universidad del Mar, Patricio Galleguillos, afirmó que “se replanteó el plan a costo cero para los estudiantes y con costos sólo para la universidad y se hizo la denuncia correspondiente. Todas las cosas que ocurren en la sede Maipú, el ex rector va a tener que responder por ello. Nunca he negado las irregularidades en el área de salud, pero no todas las carreras que la conforman están malas”.
Raúl Soto, vocero de la Asamblea de Federaciones de la Universidad del Mar señaló que “es necesario que se investiguen todas las aristas de esta estafa, y todas las irregularidades que ensuciaron a la institución, aunque sean muchas”.
Asimismo, Soto llamó a las afectadas a organizarse con la Federación de Estudiantes de la sede Maipú, recalcando que “también son parte de la comunidad universitaria afectada por esta estafa”.
“Tienen que organizarse y redactar el problema de tal manera que el Estado los reconozca como víctimas del proceso y ampliarlo aún más a un ámbito social porque se está jugando con la gente que le cuesta invertir en educación en un proceso que es cuestionable en su forma y en su fondo”, comentó.
En tanto, Marta Molina, presidenta de la Federación sede San Fernando, sostuvo que “si bien es necesario que se indague, en términos de difusión se debe marcar la diferencia entre los empresarios y ex controladores que realizaron las estafas y la comunidad universitaria, quienes son las víctimas que se movilizarán por respuestas”.
“Tenemos antecedentes de que eso ocurrió también en algunas sedes del sur como Temuco y Punta Arenas. Nosotros apoyamos que se castigue a los responsables de estas situaciones y no a las víctimas, sino que a quienes están acusados y que serán juzgados y condenados por esto. La opinión pública tiene que saber que hay responsabilidad de la gente que estaba a cargo de esta universidad”, indicó.
Respecto de la nueva arista judicial que se abre contra los ex controladores de la institución clausurada por el Mineduc, el fiscal Gajardo señaló que se referirá al caso este miércoles 2 de enero.
En tanto la investigación comenzó a indagar mayores antecedentes sobre este convenio; una promesa de formación superior especial para dueñas de casa, que no contaba con las horas académicas necesarias para la carrera, ni prácticas, ni campos clínicos.
