Cuatro personas subieron el lunes de madrugada a la grúa pluma que acompaña el flamante Mall del Centro en Concepción. Esto en protesta por el no pago de acuerdos y facturas pendientes desde la constructora, que subcontrató una serie de empresas que hoy exigen la cancelación de un total superior a los mil 200 millones de pesos.
El Consorcio Constructor CS argumenta que la Sociedad Anónima Mall del Centro terminó de forma unilateral el contrato de construcción, lo que impide la cancelación de dineros por subcontratación de personal y arriendo de maquinaria, luego de siete meses de mora los empresarios optaron por este mecanismo de presión para obtener una respuesta efectiva.
El consorcio pidió un plazo de 90 días para estudiar la deuda, lo cual fue refutado por los afectados. Nolasco Aravena, vocero de las empresas contratistas, llamó a las autoridades y demandados a responder por esta situación: “Yo me pregunto si una empresa que transa en la bolsa necesita 90 días para saber cuánto debe, yo emplazo a la Superintendencia de Valores para que diga si eso es factible o una mentira, porque nosotros hablamos con la verdad. Emplazo a cualquiera de los directivos a que se acerquen a conversar, papel en mano, nosotros tenemos todo acreditado”.
Distintas reuniones se han llevado a cabo entre autoridades y los contratistas, donde el propio Intendente Víctor Lobos ha ofrecido ser mediador entre la empresa y los movilizados.
El Gobernador (s) de la provincia de Concepción, Gonzalo Arroyo, llamó a una solución pacífica, y descartó una posibilidad de desalojo por esta movilización, y declaró que “hasta el momento el desalojo está descartado, y eso habla de la buena fe de la contraparte, este tema está en conocimiento de las policías porque hay una figura delictiva, pero la idea es solucionar esto de buena manera, donde prime la razón y no la violencia y el peligro hacia las personas”.
El abogado Enrique Hernández, que representa a las empresas afectadas, destacó que existe una primera oferta de pago desde la constructora, la cual fue desechada por insuficiente: “La propuesta de la constructora no satisface lo que pretende la agrupación empresarios, esto porque la empresa constructora plantea que tiene que reestudiar todos los antecedentes para saber si existe deuda, lo que nos parece que a siete meses de que comenzó la mora de los pagos es, o un enredo máximo, o una voluntad de no pagar”, indicó.
Ayer en la tarde, Sergio Jara aceptó bajar de la grúa luego de presentar rasgos de bronquitis. No obstante, los otros tres hombres se mantienen protestando a 54 metros de altura, ante lo cual el abogado reafirmó la posición de los huelguistas de esperar a un real acuerdo.
Hernández declaró que “esta es una decisión de ellos que tomaron por su propia cuenta, nadie los obligó, ellos subieron por una cuestión personal, para demostrar su malestar. Ellos tienen mucho ánimo, nos cuesta pensar cómo están con ánimo férreo por una solución. Si una persona bajó, fue por carácter médico, esa persona está en tratamiento y pretende participar en cualquier negociación, son personas decididas a seguir hasta que se solucione”.
Miles de personas han adherido a la movilización en un libro de firmas, mientras la defensa de los afectados cuestiona el rol de la empresa constructora, toda vez que denuncia a los dueños del centro comercial en Concepción, cuyo socio mayoritario es la multitienda Ripley, pero de todas formas continúa ofreciendo sus servicios en obras que se desarrollan en Lima, Perú.
Cuatro personas subieron el lunes de madrugada a la grúa pluma que acompaña el flamante Mall del Centro en Concepción. Esto en protesta por el no pago de acuerdos y facturas pendientes desde la constructora, que subcontrató una serie de empresas que hoy exigen la cancelación de un total superior a los mil 200 millones de pesos.
El Consorcio Constructor CS argumenta que la Sociedad Anónima Mall del Centro terminó de forma unilateral el contrato de construcción, lo que impide la cancelación de dineros por subcontratación de personal y arriendo de maquinaria, luego de siete meses de mora los empresarios optaron por este mecanismo de presión para obtener una respuesta efectiva.
El consorcio pidió un plazo de 90 días para estudiar la deuda, lo cual fue refutado por los afectados. Nolasco Aravena, vocero de las empresas contratistas, llamó a las autoridades y demandados a responder por esta situación: “Yo me pregunto si una empresa que transa en la bolsa necesita 90 días para saber cuánto debe, yo emplazo a la Superintendencia de Valores para que diga si eso es factible o una mentira, porque nosotros hablamos con la verdad. Emplazo a cualquiera de los directivos a que se acerquen a conversar, papel en mano, nosotros tenemos todo acreditado”.
Distintas reuniones se han llevado a cabo entre autoridades y los contratistas, donde el propio Intendente Víctor Lobos ha ofrecido ser mediador entre la empresa y los movilizados.
El Gobernador (s) de la provincia de Concepción, Gonzalo Arroyo, llamó a una solución pacífica, y descartó una posibilidad de desalojo por esta movilización, y declaró que “hasta el momento el desalojo está descartado, y eso habla de la buena fe de la contraparte, este tema está en conocimiento de las policías porque hay una figura delictiva, pero la idea es solucionar esto de buena manera, donde prime la razón y no la violencia y el peligro hacia las personas”.
El abogado Enrique Hernández, que representa a las empresas afectadas, destacó que existe una primera oferta de pago desde la constructora, la cual fue desechada por insuficiente: “La propuesta de la constructora no satisface lo que pretende la agrupación empresarios, esto porque la empresa constructora plantea que tiene que reestudiar todos los antecedentes para saber si existe deuda, lo que nos parece que a siete meses de que comenzó la mora de los pagos es, o un enredo máximo, o una voluntad de no pagar”, indicó.
Ayer en la tarde, Sergio Jara aceptó bajar de la grúa luego de presentar rasgos de bronquitis. No obstante, los otros tres hombres se mantienen protestando a 54 metros de altura, ante lo cual el abogado reafirmó la posición de los huelguistas de esperar a un real acuerdo.
Hernández declaró que “esta es una decisión de ellos que tomaron por su propia cuenta, nadie los obligó, ellos subieron por una cuestión personal, para demostrar su malestar. Ellos tienen mucho ánimo, nos cuesta pensar cómo están con ánimo férreo por una solución. Si una persona bajó, fue por carácter médico, esa persona está en tratamiento y pretende participar en cualquier negociación, son personas decididas a seguir hasta que se solucione”.
Miles de personas han adherido a la movilización en un libro de firmas, mientras la defensa de los afectados cuestiona el rol de la empresa constructora, toda vez que denuncia a los dueños del centro comercial en Concepción, cuyo socio mayoritario es la multitienda Ripley, pero de todas formas continúa ofreciendo sus servicios en obras que se desarrollan en Lima, Perú.
Cuatro personas subieron el lunes de madrugada a la grúa pluma que acompaña el flamante Mall del Centro en Concepción. Esto en protesta por el no pago de acuerdos y facturas pendientes desde la constructora, que subcontrató una serie de empresas que hoy exigen la cancelación de un total superior a los mil 200 millones de pesos.
El Consorcio Constructor CS argumenta que la Sociedad Anónima Mall del Centro terminó de forma unilateral el contrato de construcción, lo que impide la cancelación de dineros por subcontratación de personal y arriendo de maquinaria, luego de siete meses de mora los empresarios optaron por este mecanismo de presión para obtener una respuesta efectiva.
El consorcio pidió un plazo de 90 días para estudiar la deuda, lo cual fue refutado por los afectados. Nolasco Aravena, vocero de las empresas contratistas, llamó a las autoridades y demandados a responder por esta situación: “Yo me pregunto si una empresa que transa en la bolsa necesita 90 días para saber cuánto debe, yo emplazo a la Superintendencia de Valores para que diga si eso es factible o una mentira, porque nosotros hablamos con la verdad. Emplazo a cualquiera de los directivos a que se acerquen a conversar, papel en mano, nosotros tenemos todo acreditado”.
Distintas reuniones se han llevado a cabo entre autoridades y los contratistas, donde el propio Intendente Víctor Lobos ha ofrecido ser mediador entre la empresa y los movilizados.
El Gobernador (s) de la provincia de Concepción, Gonzalo Arroyo, llamó a una solución pacífica, y descartó una posibilidad de desalojo por esta movilización, y declaró que “hasta el momento el desalojo está descartado, y eso habla de la buena fe de la contraparte, este tema está en conocimiento de las policías porque hay una figura delictiva, pero la idea es solucionar esto de buena manera, donde prime la razón y no la violencia y el peligro hacia las personas”.
El abogado Enrique Hernández, que representa a las empresas afectadas, destacó que existe una primera oferta de pago desde la constructora, la cual fue desechada por insuficiente: “La propuesta de la constructora no satisface lo que pretende la agrupación empresarios, esto porque la empresa constructora plantea que tiene que reestudiar todos los antecedentes para saber si existe deuda, lo que nos parece que a siete meses de que comenzó la mora de los pagos es, o un enredo máximo, o una voluntad de no pagar”, indicó.
Ayer en la tarde, Sergio Jara aceptó bajar de la grúa luego de presentar rasgos de bronquitis. No obstante, los otros tres hombres se mantienen protestando a 54 metros de altura, ante lo cual el abogado reafirmó la posición de los huelguistas de esperar a un real acuerdo.
Hernández declaró que “esta es una decisión de ellos que tomaron por su propia cuenta, nadie los obligó, ellos subieron por una cuestión personal, para demostrar su malestar. Ellos tienen mucho ánimo, nos cuesta pensar cómo están con ánimo férreo por una solución. Si una persona bajó, fue por carácter médico, esa persona está en tratamiento y pretende participar en cualquier negociación, son personas decididas a seguir hasta que se solucione”.
Miles de personas han adherido a la movilización en un libro de firmas, mientras la defensa de los afectados cuestiona el rol de la empresa constructora, toda vez que denuncia a los dueños del centro comercial en Concepción, cuyo socio mayoritario es la multitienda Ripley, pero de todas formas continúa ofreciendo sus servicios en obras que se desarrollan en Lima, Perú.
