“Somos un pueblo ocupado y por lo tanto tenemos el derecho a rebelarnos”. Esas fueron las únicas palabras que pronunció el comunero mapuche, Ramón Llanquileo, después de haber realizado la constatación de lesiones en el Hospital de Cañete este lunes.
El comunero – quien permanecía prófugo desde el 10 de marzo- fue recapturado durante la madrugada por la Policía de Investigaciones en la casa de una prima, ubicada en el sector de Miquihue cerca del Lago Lleu Lleu.
Según relató la PDI, al percatarse de la presencia policial, Llanquileo intentó huir en una camioneta junto a otras tres personas, pero el operativo, conformado por cerca de 40 agentes, logró alcanzarlos y detenerlos. La pareja de Llanquileo, Cecilia Huenupi y su cuñado, Camilo Hunupi quedaron en libertad. No fue el caso Bastían Llaitul, de 19 años, sobrino de Héctor Llaitul, quien sería formalizado por maltrato de obra a un funcionario de la PDI.
En tanto, Ramón Llanquileo pasó a control de detención en el Tribunal de Garantía de Cañete.
El abogado de turno de la Defensoría Penal Pública, Patricio Robles, explicó a Radio Universidad de Chile que “lo único que quedó claro es que será trasladado a Concepción. Gendarmería sugirió el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío conocido como El Manzano II, pero Llanquileo estima que su reingreso debiera ser en Concepción en el módulo especial que tienen para comuneros mapuche”.
El líder del Coordinadora Arauco Malleco (CAM) arriesga perder la salida de fin de semana más el derecho a otras medidas intra-penitenciarias. Esto cuando la entrega de beneficios también ha sido irregular. Así lo han indicado los familiares y cercanos del comunero, quienes recordaron que hace unos meses se le entregó el beneficio y se le negó sin explicación alguna el mismo día de la salida, para luego serle repuesto por solicitud de la defensa.
Llanquileo había cumplido ya la mitad de su pena por el llamado “ataque al fiscal Mario Elgueta” el 2008. Una causa que fue sumamente cuestionada y que llegó incluso a la Corte Suprema, la que rebajó la condena a la que el tribunal de Cañete había sometido a los involucrados.
Victoria Fariña, una de las abogadas del juicio de Cañete, sostuvo que, desde el inicio se han registrado irregularidades.
“Esto viene desde antes. Nosotros como abogados denunciamos situaciones arbitrarias durante la investigación y durante el juicio y todavía sostenemos que no se les pudo probar participación en ninguno de los delitos por los que fueron condenados”, afirmó la jurista.
La abogada afirmó que nunca se pudo probar que se realizara una emboscada y que el grueso de la pena que cumple Ramón es por un supuesto robo con intimidación al agricultor Santos Jorquera. Además, recordó que juicio de Cañete fue denunciado por “violar el debido proceso”, limitar la participación de la defensa por utilizar testigos sin rostro, y porque en él se registraron incluso acusaciones de tortura a los imputados.
En ese contexto es que, según indicaron los cercanos a Ramón y diversos comuneros mapuche, su fuga puso en duda al sistema judicial, desde la forma en la que se están entregando los beneficios carcelarios, hasta el cómo se desarrollan los juicios contra quienes encabezan procesos de reivindicación territorial.
“Somos un pueblo ocupado y por lo tanto tenemos el derecho a rebelarnos”. Esas fueron las únicas palabras que pronunció el comunero mapuche, Ramón Llanquileo, después de haber realizado la constatación de lesiones en el Hospital de Cañete este lunes.
El comunero – quien permanecía prófugo desde el 10 de marzo- fue recapturado durante la madrugada por la Policía de Investigaciones en la casa de una prima, ubicada en el sector de Miquihue cerca del Lago Lleu Lleu.
Según relató la PDI, al percatarse de la presencia policial, Llanquileo intentó huir en una camioneta junto a otras tres personas, pero el operativo, conformado por cerca de 40 agentes, logró alcanzarlos y detenerlos. La pareja de Llanquileo, Cecilia Huenupi y su cuñado, Camilo Hunupi quedaron en libertad. No fue el caso Bastían Llaitul, de 19 años, sobrino de Héctor Llaitul, quien sería formalizado por maltrato de obra a un funcionario de la PDI.
En tanto, Ramón Llanquileo pasó a control de detención en el Tribunal de Garantía de Cañete.
El abogado de turno de la Defensoría Penal Pública, Patricio Robles, explicó a Radio Universidad de Chile que “lo único que quedó claro es que será trasladado a Concepción. Gendarmería sugirió el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío conocido como El Manzano II, pero Llanquileo estima que su reingreso debiera ser en Concepción en el módulo especial que tienen para comuneros mapuche”.
El líder del Coordinadora Arauco Malleco (CAM) arriesga perder la salida de fin de semana más el derecho a otras medidas intra-penitenciarias. Esto cuando la entrega de beneficios también ha sido irregular. Así lo han indicado los familiares y cercanos del comunero, quienes recordaron que hace unos meses se le entregó el beneficio y se le negó sin explicación alguna el mismo día de la salida, para luego serle repuesto por solicitud de la defensa.
Llanquileo había cumplido ya la mitad de su pena por el llamado “ataque al fiscal Mario Elgueta” el 2008. Una causa que fue sumamente cuestionada y que llegó incluso a la Corte Suprema, la que rebajó la condena a la que el tribunal de Cañete había sometido a los involucrados.
Victoria Fariña, una de las abogadas del juicio de Cañete, sostuvo que, desde el inicio se han registrado irregularidades.
“Esto viene desde antes. Nosotros como abogados denunciamos situaciones arbitrarias durante la investigación y durante el juicio y todavía sostenemos que no se les pudo probar participación en ninguno de los delitos por los que fueron condenados”, afirmó la jurista.
La abogada afirmó que nunca se pudo probar que se realizara una emboscada y que el grueso de la pena que cumple Ramón es por un supuesto robo con intimidación al agricultor Santos Jorquera. Además, recordó que juicio de Cañete fue denunciado por “violar el debido proceso”, limitar la participación de la defensa por utilizar testigos sin rostro, y porque en él se registraron incluso acusaciones de tortura a los imputados.
En ese contexto es que, según indicaron los cercanos a Ramón y diversos comuneros mapuche, su fuga puso en duda al sistema judicial, desde la forma en la que se están entregando los beneficios carcelarios, hasta el cómo se desarrollan los juicios contra quienes encabezan procesos de reivindicación territorial.
“Somos un pueblo ocupado y por lo tanto tenemos el derecho a rebelarnos”. Esas fueron las únicas palabras que pronunció el comunero mapuche, Ramón Llanquileo, después de haber realizado la constatación de lesiones en el Hospital de Cañete este lunes.
El comunero – quien permanecía prófugo desde el 10 de marzo- fue recapturado durante la madrugada por la Policía de Investigaciones en la casa de una prima, ubicada en el sector de Miquihue cerca del Lago Lleu Lleu.
Según relató la PDI, al percatarse de la presencia policial, Llanquileo intentó huir en una camioneta junto a otras tres personas, pero el operativo, conformado por cerca de 40 agentes, logró alcanzarlos y detenerlos. La pareja de Llanquileo, Cecilia Huenupi y su cuñado, Camilo Hunupi quedaron en libertad. No fue el caso Bastían Llaitul, de 19 años, sobrino de Héctor Llaitul, quien sería formalizado por maltrato de obra a un funcionario de la PDI.
En tanto, Ramón Llanquileo pasó a control de detención en el Tribunal de Garantía de Cañete.
El abogado de turno de la Defensoría Penal Pública, Patricio Robles, explicó a Radio Universidad de Chile que “lo único que quedó claro es que será trasladado a Concepción. Gendarmería sugirió el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío conocido como El Manzano II, pero Llanquileo estima que su reingreso debiera ser en Concepción en el módulo especial que tienen para comuneros mapuche”.
El líder del Coordinadora Arauco Malleco (CAM) arriesga perder la salida de fin de semana más el derecho a otras medidas intra-penitenciarias. Esto cuando la entrega de beneficios también ha sido irregular. Así lo han indicado los familiares y cercanos del comunero, quienes recordaron que hace unos meses se le entregó el beneficio y se le negó sin explicación alguna el mismo día de la salida, para luego serle repuesto por solicitud de la defensa.
Llanquileo había cumplido ya la mitad de su pena por el llamado “ataque al fiscal Mario Elgueta” el 2008. Una causa que fue sumamente cuestionada y que llegó incluso a la Corte Suprema, la que rebajó la condena a la que el tribunal de Cañete había sometido a los involucrados.
Victoria Fariña, una de las abogadas del juicio de Cañete, sostuvo que, desde el inicio se han registrado irregularidades.
“Esto viene desde antes. Nosotros como abogados denunciamos situaciones arbitrarias durante la investigación y durante el juicio y todavía sostenemos que no se les pudo probar participación en ninguno de los delitos por los que fueron condenados”, afirmó la jurista.
La abogada afirmó que nunca se pudo probar que se realizara una emboscada y que el grueso de la pena que cumple Ramón es por un supuesto robo con intimidación al agricultor Santos Jorquera. Además, recordó que juicio de Cañete fue denunciado por “violar el debido proceso”, limitar la participación de la defensa por utilizar testigos sin rostro, y porque en él se registraron incluso acusaciones de tortura a los imputados.
En ese contexto es que, según indicaron los cercanos a Ramón y diversos comuneros mapuche, su fuga puso en duda al sistema judicial, desde la forma en la que se están entregando los beneficios carcelarios, hasta el cómo se desarrollan los juicios contra quienes encabezan procesos de reivindicación territorial.
