Sobreexplotación de pesquerías a nivel nacional preocupa a pescadores y expertos
En Chile, diez pesquerías se encuentran en riesgo de agotamiento y tres ya están agotadas. Así lo revela el informe anual de la Subsecretaría de Pesca, en un panorama calificado como “alarmante”. Expertos advierten particularmente sobre el jurel y la merluza común, productos base de la pesca artesanal y el consumo humano, que actualmente están en estado de sobre explotación.
Lunes 1 de abril 2013 20:07 hrs.
El informe anual 2102 publicado por la Subsecretaría de Pesca en colaboración con investigaciones del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) reveló un panorama al menos “preocupante” en cuanto a la extracción de productos pesqueros en Chile.
De las 33 pesquerías analizadas, tres se encuentran agotadas, 10 en estado de sobre explotación o en riesgo de colapso y 15 en plena explotación o cerca de su rendimiento máximo sostenible. Para las cinco pesquerías restantes no se posee información.
Alfredo Irarrázaval, gerente de la agrupación gremial Pymepes, calificó esta situación como “alarmante” y subrayó que con anterioridad a este informe que es exigido por la nueva Ley de Pesca, se desconocía el estado real de la pesquería nacional. Pese a ello, Irarrázaval desconfía de las cifras entregadas, debido al poco tiempo que se habría tenido para recopilar los datos.
Para el dirigente, “esto nos da luces de lo relevante que se hace hoy día tener a los comités científico-técnicos empoderados e investigando respecto al verdadero estado de los productos pesqueros”, con el objetivo de avanzar hacia una pesca sustentable.
“El IFOP hoy día no está en condiciones de levantar información adecuada porque ya sabemos que se ha descabezado. Además, durante todos estos años ha estado capturado por el sector industrial y ha sido muy funcional a los intereses corporativos”, acusó.
El director ejecutivo de Océana, Álex Muñoz, clarificó que la grave condición de las pesquerías se debe a una administración irresponsable extendida por años. Además, apuntó al rol que puede jugar la Ley de Pesca en este conflicto, ya que con ella “tenemos, por ejemplo, la posibilidad de establecer cuotas anuales de pesca de manera científica y no de acuerdo a la discreción de los actores pesqueros como era hasta el año pasado. Este tipo de medidas nos pueden ayudar a recuperar las principales pesquerías de nuestro país, lo que va a depender de la voluntad política y de qué tan bien se usen estas herramientas”.
Ambos expertos advierten a la pesquería de jurel y merluza común como las situaciones más preocupantes, ya que ambos productos son fundamentales para la economía de pescadores artesanales y el consumo humano.
El jurel se encuentra sobre explotado, al igual que la merluza común, que además presenta un mayor riesgo de agotamiento. En tanto, el besugo y la sardina española en la décimo quinta, segunda, tercera y cuarta región están agotados, manteniéndose en un régimen de baja abundancia que impide la estructuración de clases anuales fuertes.
El informe anual 2102 publicado por la Subsecretaría de Pesca en colaboración con investigaciones del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) reveló un panorama al menos “preocupante” en cuanto a la extracción de productos pesqueros en Chile.
De las 33 pesquerías analizadas, tres se encuentran agotadas, 10 en estado de sobre explotación o en riesgo de colapso y 15 en plena explotación o cerca de su rendimiento máximo sostenible. Para las cinco pesquerías restantes no se posee información.
Alfredo Irarrázaval, gerente de la agrupación gremial Pymepes, calificó esta situación como “alarmante” y subrayó que con anterioridad a este informe que es exigido por la nueva Ley de Pesca, se desconocía el estado real de la pesquería nacional. Pese a ello, Irarrázaval desconfía de las cifras entregadas, debido al poco tiempo que se habría tenido para recopilar los datos.
Para el dirigente, “esto nos da luces de lo relevante que se hace hoy día tener a los comités científico-técnicos empoderados e investigando respecto al verdadero estado de los productos pesqueros”, con el objetivo de avanzar hacia una pesca sustentable.
“El IFOP hoy día no está en condiciones de levantar información adecuada porque ya sabemos que se ha descabezado. Además, durante todos estos años ha estado capturado por el sector industrial y ha sido muy funcional a los intereses corporativos”, acusó.
El director ejecutivo de Océana, Álex Muñoz, clarificó que la grave condición de las pesquerías se debe a una administración irresponsable extendida por años. Además, apuntó al rol que puede jugar la Ley de Pesca en este conflicto, ya que con ella “tenemos, por ejemplo, la posibilidad de establecer cuotas anuales de pesca de manera científica y no de acuerdo a la discreción de los actores pesqueros como era hasta el año pasado. Este tipo de medidas nos pueden ayudar a recuperar las principales pesquerías de nuestro país, lo que va a depender de la voluntad política y de qué tan bien se usen estas herramientas”.
Ambos expertos advierten a la pesquería de jurel y merluza común como las situaciones más preocupantes, ya que ambos productos son fundamentales para la economía de pescadores artesanales y el consumo humano.
El jurel se encuentra sobre explotado, al igual que la merluza común, que además presenta un mayor riesgo de agotamiento. En tanto, el besugo y la sardina española en la décimo quinta, segunda, tercera y cuarta región están agotados, manteniéndose en un régimen de baja abundancia que impide la estructuración de clases anuales fuertes.
El informe anual 2102 publicado por la Subsecretaría de Pesca en colaboración con investigaciones del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) reveló un panorama al menos “preocupante” en cuanto a la extracción de productos pesqueros en Chile.
De las 33 pesquerías analizadas, tres se encuentran agotadas, 10 en estado de sobre explotación o en riesgo de colapso y 15 en plena explotación o cerca de su rendimiento máximo sostenible. Para las cinco pesquerías restantes no se posee información.
Alfredo Irarrázaval, gerente de la agrupación gremial Pymepes, calificó esta situación como “alarmante” y subrayó que con anterioridad a este informe que es exigido por la nueva Ley de Pesca, se desconocía el estado real de la pesquería nacional. Pese a ello, Irarrázaval desconfía de las cifras entregadas, debido al poco tiempo que se habría tenido para recopilar los datos.
Para el dirigente, “esto nos da luces de lo relevante que se hace hoy día tener a los comités científico-técnicos empoderados e investigando respecto al verdadero estado de los productos pesqueros”, con el objetivo de avanzar hacia una pesca sustentable.
“El IFOP hoy día no está en condiciones de levantar información adecuada porque ya sabemos que se ha descabezado. Además, durante todos estos años ha estado capturado por el sector industrial y ha sido muy funcional a los intereses corporativos”, acusó.
El director ejecutivo de Océana, Álex Muñoz, clarificó que la grave condición de las pesquerías se debe a una administración irresponsable extendida por años. Además, apuntó al rol que puede jugar la Ley de Pesca en este conflicto, ya que con ella “tenemos, por ejemplo, la posibilidad de establecer cuotas anuales de pesca de manera científica y no de acuerdo a la discreción de los actores pesqueros como era hasta el año pasado. Este tipo de medidas nos pueden ayudar a recuperar las principales pesquerías de nuestro país, lo que va a depender de la voluntad política y de qué tan bien se usen estas herramientas”.
Ambos expertos advierten a la pesquería de jurel y merluza común como las situaciones más preocupantes, ya que ambos productos son fundamentales para la economía de pescadores artesanales y el consumo humano.
El jurel se encuentra sobre explotado, al igual que la merluza común, que además presenta un mayor riesgo de agotamiento. En tanto, el besugo y la sardina española en la décimo quinta, segunda, tercera y cuarta región están agotados, manteniéndose en un régimen de baja abundancia que impide la estructuración de clases anuales fuertes.
