La construcción de los centros asistenciales de Maipú y La Florida implica que estos desarrollarían la modalidad de Hospital Clínico, esto de aprobarse el proyecto que el Gobierno envió al Parlamento bajo “suma urgencia”.
Los gremios de la salud, como la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS), la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) y la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) y la Mesa Social de la Salud expresaron sus reparos a la iniciativa.
En primer lugar se critica que este tipo de establecimientos quedaría fuera de la Red de Nacional de Salud, y se aumentan las facultades de los directores de los hospitales, lo que según la presidenta de FENPRUSS, Gabriela Farías, genera distintas preocupaciones.
“Como está la ley y los DFL que existen en este momento entregan al director amplias facultades no solo para el manejo del personal, sino que además para generar convenios de prestaciones con personas naturales o jurídicas. En la práctica, el director puede hacer un convenio con cualquier empresa para que haga las prestaciones médicas y le pague un monto de dinero acordado entre ellos dos y finalmente, por tanto, la revisión de la salud no la va a estar dando el Estado sino que una empresa privada”, manifestó.
Además, la dirigente expuso que esperan que con esto se de discusión más profunda sobre el sistema de salud que debiera existir, agregando que además las construcciones sanitarias deberían ser con gasto público directo y que las prestaciones las entregue el sistema.
Por su parte, el presidente de la CONFUSAM, Esteban Maturana, agregó que este Gobierno no debe iniciar discusiones legislativas de consecuencias tan extensas, quedando tan poco tiempo de su administración. “Por lo tanto es importante que se de un nuevo debate con autoridades que comienzan a partir de marzo de 2014 para que eso tenga mayor legitimidad y tengamos una mirada más amplia que solamente la ventana escasa de algunos días que le quedan al Gobierno”.
Frente a esta petición, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Dr. Fernando Muñoz, discrepó que se pueda establecer a raíz de esto una discusión profunda sobre el sistema de atención pública, pero sí cuestionó el modelo de concesiones.
“Chile tiene hoy día unas condiciones de estabilidad económica de ahorro fiscal suficiente como para reconstruir hospitales con sus propios recursos. El sistema de concesiones, a la larga, está resultando mucho más caro que lo que habría sido ejecutar esto con recursos públicos”, expresó.
De todas maneras, la preocupación de los gremios del sector es porque, pese a tratarse de un proyecto para dos hospitales, existen en agenda 12 establecimientos en la lista de concesionados.
La construcción de los centros asistenciales de Maipú y La Florida implica que estos desarrollarían la modalidad de Hospital Clínico, esto de aprobarse el proyecto que el Gobierno envió al Parlamento bajo “suma urgencia”.
Los gremios de la salud, como la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS), la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) y la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) y la Mesa Social de la Salud expresaron sus reparos a la iniciativa.
En primer lugar se critica que este tipo de establecimientos quedaría fuera de la Red de Nacional de Salud, y se aumentan las facultades de los directores de los hospitales, lo que según la presidenta de FENPRUSS, Gabriela Farías, genera distintas preocupaciones.
“Como está la ley y los DFL que existen en este momento entregan al director amplias facultades no solo para el manejo del personal, sino que además para generar convenios de prestaciones con personas naturales o jurídicas. En la práctica, el director puede hacer un convenio con cualquier empresa para que haga las prestaciones médicas y le pague un monto de dinero acordado entre ellos dos y finalmente, por tanto, la revisión de la salud no la va a estar dando el Estado sino que una empresa privada”, manifestó.
Además, la dirigente expuso que esperan que con esto se de discusión más profunda sobre el sistema de salud que debiera existir, agregando que además las construcciones sanitarias deberían ser con gasto público directo y que las prestaciones las entregue el sistema.
Por su parte, el presidente de la CONFUSAM, Esteban Maturana, agregó que este Gobierno no debe iniciar discusiones legislativas de consecuencias tan extensas, quedando tan poco tiempo de su administración. “Por lo tanto es importante que se de un nuevo debate con autoridades que comienzan a partir de marzo de 2014 para que eso tenga mayor legitimidad y tengamos una mirada más amplia que solamente la ventana escasa de algunos días que le quedan al Gobierno”.
Frente a esta petición, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Dr. Fernando Muñoz, discrepó que se pueda establecer a raíz de esto una discusión profunda sobre el sistema de atención pública, pero sí cuestionó el modelo de concesiones.
“Chile tiene hoy día unas condiciones de estabilidad económica de ahorro fiscal suficiente como para reconstruir hospitales con sus propios recursos. El sistema de concesiones, a la larga, está resultando mucho más caro que lo que habría sido ejecutar esto con recursos públicos”, expresó.
De todas maneras, la preocupación de los gremios del sector es porque, pese a tratarse de un proyecto para dos hospitales, existen en agenda 12 establecimientos en la lista de concesionados.
La construcción de los centros asistenciales de Maipú y La Florida implica que estos desarrollarían la modalidad de Hospital Clínico, esto de aprobarse el proyecto que el Gobierno envió al Parlamento bajo “suma urgencia”.
Los gremios de la salud, como la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS), la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) y la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) y la Mesa Social de la Salud expresaron sus reparos a la iniciativa.
En primer lugar se critica que este tipo de establecimientos quedaría fuera de la Red de Nacional de Salud, y se aumentan las facultades de los directores de los hospitales, lo que según la presidenta de FENPRUSS, Gabriela Farías, genera distintas preocupaciones.
“Como está la ley y los DFL que existen en este momento entregan al director amplias facultades no solo para el manejo del personal, sino que además para generar convenios de prestaciones con personas naturales o jurídicas. En la práctica, el director puede hacer un convenio con cualquier empresa para que haga las prestaciones médicas y le pague un monto de dinero acordado entre ellos dos y finalmente, por tanto, la revisión de la salud no la va a estar dando el Estado sino que una empresa privada”, manifestó.
Además, la dirigente expuso que esperan que con esto se de discusión más profunda sobre el sistema de salud que debiera existir, agregando que además las construcciones sanitarias deberían ser con gasto público directo y que las prestaciones las entregue el sistema.
Por su parte, el presidente de la CONFUSAM, Esteban Maturana, agregó que este Gobierno no debe iniciar discusiones legislativas de consecuencias tan extensas, quedando tan poco tiempo de su administración. “Por lo tanto es importante que se de un nuevo debate con autoridades que comienzan a partir de marzo de 2014 para que eso tenga mayor legitimidad y tengamos una mirada más amplia que solamente la ventana escasa de algunos días que le quedan al Gobierno”.
Frente a esta petición, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Dr. Fernando Muñoz, discrepó que se pueda establecer a raíz de esto una discusión profunda sobre el sistema de atención pública, pero sí cuestionó el modelo de concesiones.
“Chile tiene hoy día unas condiciones de estabilidad económica de ahorro fiscal suficiente como para reconstruir hospitales con sus propios recursos. El sistema de concesiones, a la larga, está resultando mucho más caro que lo que habría sido ejecutar esto con recursos públicos”, expresó.
De todas maneras, la preocupación de los gremios del sector es porque, pese a tratarse de un proyecto para dos hospitales, existen en agenda 12 establecimientos en la lista de concesionados.
