Con 38 de los 63 escaños (60%) del parlamento unicameral, la derecha islandesa derrotó el 28 de abril al gobierno progresista que estaba sacando al país del chrash en que lo sumergió en 2008 la conducción de los mismos neo-conservadores que ganaron el sábado y gobernarán por 4 años: el Partido de la Independencia (PI), 19 bancas y el 26,7% de los votos (3 puntos más que en las anteriores elecciones) y el Partido Progresista (PP), otros 19 escaños y el 24,4% de los sufragios (9,6 puntos más que en la contienda precedente), según los cómputos finales en esta nación isleña del Atlántico norte con apenas 103.000 km² y algo más de 331 mil habitantes.

En otras palabras, los votantes sacaron del poder a quienes capearon la crisis, la coalición de la Alianza Social Demócrata y el Movimiento Izquierda-Verde, y repusieron en el poder a quienes sumergieron a la isla en el crash de 2008, el euro-escéptico PI, que se hace llamar de “centro derecha”, y el PP, que se define como de “centro izquierda”, de acuerdo a los nuevos significados del léxico en boga en la política mundial, donde las derechas de todo el mundo disfrazan su ideología y las izquierdas tampoco son hoy lo que fueron ayer.

Curiosamente, esta buena noticia para los propagandistas del neoliberalismo también fue bastante ignorada por los grandes medios, tal como fueron ocultadas las medidas y reformas impulsadas silenciosamente por el gobierno saliente de socialdemócratas e izquierdistas-verdes. Por ejemplo, en octubre 2012 el 81% de los islandeses aprobó un referéndum para reformar la Constitución de 1944 y declarar propiedad pública los recursos naturales. Ante la pregunta “¿En la nueva Constitución desea Ud. que los recursos naturales no sean de dueños privados y sean declarados de propiedad nacional?”, el 81% de los sufragantes voto que sí, que sus recursos naturales sean de propiedad pública. Con socialdemócratas y ecologistas la economía  creció 1,6% en 2012 y el desempleo bajó del 12% al 5%  en dos años. Estas, y otras noticias ocultadas, fueron nominadas por el Proyecto Censurado 2013-2014, de la Universidad Sonoma State de California, cuyo ranking de las 25 noticias más censuradas se dará a conocer en septiembre.

“Incluso gente que perdió su casa ha votado por los partidos de antes de la crisis”, comentó a la prensa Sturla Jónsson, de 47 años, desempleado que capeó la crisis en Noruega y postuló a un sillón parlamentario en  la contienda del 28 de abril. Para Thora Kristin Thorsdottir, profesora de Sociología en la Universidad de Islandia, entrevistada en Reykiavik por Oscar Gutiérrez Garrido, de El País de España, la mayoría de los votantes tiene la expectativa de volver a lo que “son las expectativas que la gente tenía antes”: tres automóviles es mejor que dos, una casa de 100 metros cuadrados y, si se puede, celebrar bodas con 200 invitados. “La gente culpa al actual Gobierno de no protegerles”, dijo Thora. Los socialdemócratas se desplomaron al 12,9%, dos puntos por encima de la Izquierda-Verde.

La deuda de los hogares asciende al 100% del PIB. Todos los habitantes deben un préstamo. El 90% de las hipotecas están indexadas según la inflación, que ronda el 4%. Como Berlusconi en Italia, la campaña del PP tocó las sensibles fibras electorales de conservación de la vivienda propia con promesas de renegociar con los acreedores de la banca el pago de parte de la deuda familiar. “Los bancos que cayeron tienen la responsabilidad de la crisis de la deuda, y creemos que los hogares tienen derecho a reclamar al menos una parte del daño”, escribió en publicidad por e-mail Eygló Thora Hardardóttir, secretaria del PP.

Pero la banca no da señales de aprestarse a negociar. “No está bien prometer algo que no está en su mano”, escribió Kolbeinn Óttarsson, del diario conservador Frettabladid. “Pero la gente necesita escuchar buenas noticias y siempre se cree en la solución mágica”. La varita de Bjarni Benediktsson (PI) ofreció bajar impuestos y reducir la carga de la deuda asociada a los precios.

Con manga ancha, los bancos islandeses otorgaron generosos préstamos vinculados a moneda extranjera más débil, para que los islandeses salieran de compras y acumularan una deuda 10 veces mayor al PIB. Se desplomó la corona, la unidad monetaria local y un país entero se mordió la cola en 2008. Pero la crisis se olvidó rápido. “Islandia no es un país en crisis, pero la gente se siente traicionada, le prometieron seguridad y bienestar”, dijo Kolbeinn Stefansson, investigador en Ciencias Políticas.

Gente como Jon Svan Sverrisson, pequeño empresario de imprenta entrevistado por El País, dijo que “la gente cree que nada ha cambiado en este tiempo, que la coalición de izquierda no hizo lo suficiente con la deuda”.”Los partidos tradicionales [PP y PI] no perdieron demasiado con el colapso y han sido capaces de convencer a los islandeses de que pueden arreglar sus problemas”.

“La gente quiere saber quién se está llevando el dinero”, piensa Elena Martínez, española que trabaja en una granja islandesa de discapacitados. “La crisis es política y sigue en marcha: por eso hay ahora 15 partidos”. Aunque solo dos, el Partido Pirata (5,1%) y Futuro Brillante (8,3%) lograron asegurarse una banca en el parlamento.

Las noticias sobre Islandia fueron censuradas en gran parte porque el gobierno que acaba de perder las elecciones estuvo dispuesto a encarcelar a los responsables de los bancos que flamearon la crisis. Hoy, sólo dos banqueros siguen entre rejas: Ragnar Z. Gudjónsson y Jón Thorsteinn Jónsson, ex directivos altos de la entidad de ahorro Byr, condenados a cuatro años y medio de prisión, la sentencia más dura dictada por el tribunal supremo desde la creación de la fiscalía especial que persigue a los culpables del crash financiero de 2008.

“Hay muchos que no están en la cárcel”, dijo a El País Andri Thor Sturluson, periodista que sigue de cerca la redada judicial a la banca. El ex primer ministro Geir Haarde fue el primer político sentado en el banquillo por su responsabilidad en la crisis, en abril de 2012, pero fue declarado inocente en tres de los cuatro cargos en su contra. El tribunal sólo lo halló culpable de no convocar al gobierno para analizar la grave situación que vivía el país.