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Los muertos no se defienden

En un canal perteneciente a la cadena Clarín, férreo opositor del gobierno de Cristina Fernández; el periodista Jorge Lanata se ha dedicado, en estas últimas semanas, a ventilar una serie de acusaciones que mezcla la corrupción política con empresarios vinculados al Kirchnerismo, a través de la adjudicación de obras públicas a precios sobredimensionados

Pablo Jofré

  Lunes 13 de mayo 2013 17:40 hrs. 
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En un nuevo episodio de la historia de denuncias llevada a cabo por el periodista argentino, Jorge Lanata en su programa “Periodismo Para Todos” se dieron a conocer nuevos antecedentes que ligan al fallecido ex mandatario Néstor Kirchner, en una red de corrupción por comisiones ilegales al adjudicar obras públicas y el posterior lavado de ese dinero en paraísos fiscales.

En un canal perteneciente a la cadena Clarín, férreo opositor del gobierno de Cristina Fernández; Lanata se ha dedicado, en estas últimas semanas, a ventilar una serie de acusaciones que mezcla la corrupción política con empresarios vinculados al Kirchnerismo, a través de la adjudicación de obras públicas a precios sobredimensionados, el lavado de dinero producto de esas comisiones ilegales y su envío en “bolsos negros” a través de países vecinos como Uruguay, para posteriormente depositarlos, mediante el trabajo financiero de una cincuentena de empresas fantasmas a paraísos fiscales.

Primero apareció en el programa televisivo de Lanata, la denuncia de dos supuestos intermediarios ligados al empresario Lorenzo Báez, unido estrechamente al fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, que según los denunciantes – Lorenzo Fariña y Federico Elaskar – servía de testaferro en materia de lavado de dinero, enviando cerca de 60 millones de dólares – en aviones de su propiedad – vía Uruguay para ser depositados en Suiza, Panamá, Belice e Islas Caimán entre otros paraísos fiscales.

En posteriores declaraciones dadas al programa “intrusos” Fariña desmintió sus acusaciones “yo hablé para lavar mi imagen tanto en la primera cámara oculta como en la segunda, sostuvo el procesado empresario. Yo sabía que Lanata me grababa. Quería ficción y yo le di ficción. Todo estuvo guionado, desde cómo se lava el dinero y como venía, toda esa ficción que le di a él, está acá, ya lo dijeron los periodistas, le hice una operación periodística tal como me la hizo a mí. Lanata peca de más soberbia que yo”. Además acusó al periodista del Grupo Clarín de ser un “golpista y operador contra el Gobierno”. Por su parte, Federico Elaskar también sostuvo que sus declaraciones fueron falsas “”Por enojo con Leonardo Fariña utilicé información que vi y la aumenté. Acá la realidad es que no hubo lavado de dinero. Mentí y pido perdón”.

No se apagaban los ecos de las declaraciones y desmentidos de Fariña y Elaskar, cuando en el mismo programa de Lanata, dos semanas después, entregó su testimonio una ex secretaria de Kirchner, Miriam Quiroga (sindicada como amante del ex presidente) quien declaro que esos “bolsos negros llenos de plata” si existían pero sin mostrar prueba alguna de esa afirmación, más allá de señalar que “yo vi unos bolsos, personas y algo de movimiento tanto en la casa de Gobierno como en la residencia presidencial y la casa en El Calafate donde Kirchner construyó una bóveda donde se llevaban los bolsos con dinero ”La ex funcionaria señaló también que la actual mandataria – viuda del fallecido presidente Nestor Kirchner – estaba al tanto de movimiento de dinero irregular.

Luego de la primera denuncia contra Báez y la investigación que se está llevando a cabo por el Fiscal Guillermo Marijuan, que imputó al empresario y a uno de sus hijos por el delito de lavado de dinero; se sumó la entrada en escena de la parlamentaria y sempiterna candidata presidencial Elisa Carrió de la opositora Coalición Cívica, que presento el pasado lunes una copia de la declaración de Quiroga ante la justicia federal, argumentando que eran similares a la denuncia efectuada por ella el año 2008 “espero que ahora el Juez Ercolini por fin active la causa e investigue a Kirchner y a otros políticos y empresarios por asociación ilícita”

Las investigaciones siguen su curso, a las cuales se han añadido en las últimas semanas una serie de revelaciones, que vinculan a empresas internacionales con el pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos para desarrollar sus labores comerciales. Entres las empresas que han declarado a la estadounidense Comisión de Seguridad e Intercambio (CSI) sus actividades violatorias de la Ley Federal denominada Foreing Corrupt Practice Act Acta (FCPA) se encuentra Ralph Laurent Corp. Esta empresa pagó 1.6 millones de dólares en multa, tras comprobarse que sus directivos en Argentina sobornaron a funcionarios de aduanas, para evitar las inspecciones a la importación entre los años 2005 al 2009.

Se conoció, igualmente, que la empresa IBM está siendo investigada por corrupción por la CSI por posibles violaciones a la FCPA en dos de sus principales clausulas: transparencia contable y pago de sobornos a funcionarios públicos en materia de adjudicación de licitaciones. La lista sume y sigue pues a Ralph Laurent, IBM, la empresa aeronáutica brasileña Embraer, e agrega ahora a la española RENFE por la venta de trenes en mal estado y carros del Metro de Madrid en desuso al gobierno porteño dirigido por el opositor Mauricio Macri. Clara muestra, que en materia de artimañas, dineros mal gastados y acusaciones de corrupción, el panorama argentino da para todo en una transversalidad que pone en jaque el sistema político trasandino.

A la par de estas revelaciones, el proceso de investigaciones respecto a la corrupción y lavado de dinero el gobierno argentino lanzó al ruedo un sorpresivo anuncio: Una Nueva Ley de Blanqueo de Capitales, destinado a repatriar capitales instalados en paraísos fiscales o que “no estén declarados” y cuyo objetivo es canalizarlos a través de un par de títulos cuya suscripción será destinado a desarrollar el mercado inmobiliario y el sector energético, sin penalidades tributarias ni cambiarias. Se calcula que existen 140 mil millones de dólares no declarados de argentinos en el exterior y unos 40 mil en las fronteras internas. La medida declara expresamente que quedan fuera de este blanqueo quienes estén imputados por causas judiciales, narcotráfico, trata de personas e irregularidades impositivas.

La decisión, que ya ha generado las suspicacias de la oposición y su defensa por parte de las autoridades argentinas, se ha tomado en medio de denuncias cruzadas de corrupción entre la administración de Cristina Fernández y el Grupo Clarín, que mantienen el panorama político argentino encendido y con una presidenta al estilo Shakira “ciega, sorda y muda” que no se ha pronunciado respecto a las acusaciones que ligan a su fallecido marido con acusaciones de lavado de dinero. Tal vez sea la mejor estrategia de la Sra. K, visto el panorama de acusaciones y desmentidos, generados en una en una sociedad que ha hecho del escándalo mediático la forma de hacer política, incluso con acusaciones a muertos que difícilmente podrán defenderse.