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Año XI, 25 de agosto de 2019

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Amnistía entrega balance de un 2012 “sin avances” en Derechos Humanos

Salvo pequeños avances, 2012 fue un año perdido en materia de protección, defensa, ampliación y perfeccionamiento de los derechos fundamentales en el país. Así lo estableció el informe anual elaborado por Amnistía Internacional, que constató que las marchas siguen siendo duramente reprimidas; las mujeres continúan sin poder decidir sobre su cuerpo y los pueblos originarios aún no pueden incidir en los proyectos de inversión que los afectan. A esto se sumó una tendencia mundial, que es la desprotección social que aflige a las personas inmigrantes.

Narayán Vila

  Miércoles 22 de mayo 2013 19:21 hrs. 
abusos

El mundo se ha convertido en un lugar más hostil para migrantes y refugiados políticos, según constató el último informe anual de Derechos Humanos elaborado por Amnistía Internacional.

Esto, provocado por diversos conflictos civiles que se han instalado en varias latitudes, como en Malí, Siria o la República Democrática del Congo; las tensiones entre estados vecinos, como es el caso de las dos Coreas o Sudán, y la crisis económica que han afectado a varios países, especialmente a los de la Eurozona.

Los Gobiernos del mundo, según el organismo, han optado por la protección de sus fronteras en vez de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos y de quienes buscan refugio y mejores oportunidades.

A esta realidad no escapa nuestro país, indicó Roberto Morales, presidente de Amnistía Internacional – Chile, quien recordó los casos de ciudadanos paraguayos trabajando ilegalmente en un fundo del empresario Francisco Javier Errázuriz y la detención ilegal de inmigrantes en el cuartel Borgoño de la PDI.

Por ello, solicitó al Gobierno que en el proyecto de extranjería que enviará, prontamente, al Congreso, reconozca, de manera expresa, los derechos de las personas migrantes.

“Esas propuestas necesariamente debieran incorporar, por un lado, todos los tratados internacionales que están vigentes, aún no hayan sido firmados, porque forman un marco de referencia. Incorporar a los actores civiles en esos procesos. En Europa había un acercamiento con empresarios y dirigentes, quienes son conocedor de la migración laboral, que es lo que ocurre en Chile”, señaló.

El panorama de los Derechos Humanos en Chile no ha variado respecto de los años anteriores, según comprobó el informe de Amnistía Internacional.

Pese a pequeños avances, como la ley antidiscriminación y la tramitación legislativa de la Subsecretaria de Derechos Humanos, se mantienen graves falencias, relacionadas con el orden público y violencia policial, pueblos originarios, derechos sexuales y reproductivos e impunidad con los crímenes cometidos en dictadura.

Sobre el resguardo del orden público, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile, mostró preocupación por el patrón que, a su juicio, se estaría evidenciado en Carabineros de Chile y la impunidad de la que gozarían sus funcionarios: “En prácticamente todas las manifestaciones desde 2011, existen denuncias de violencia policial, casos con violencia sexual, malos tratos en detenciones, denuncias que en su mayoría están impunes, sin que el Gobierno presente preocupación o medidas para sancionar o prevenir estas situaciones”.

En materia de pueblos originarios, no se han registrado avances relevantes en materia de la Consulta Indígena y las denuncias de violencia policial, luego de los allanamientos en las comunidades del sur del país, continúan.

En el área de derechos civiles, reproductivos y sexuales, Ana Piquer indicó que Chile continúa estancado en relación a la despenalización del aborto y la igualdad de las minorías sexuales ante la ley.

En materia de impunidad, Amnistía afirmó que la aplicación de la media prescripción para los casos de delitos de lesa humanidad juega en contra de la búsqueda de reparación y justicia de parte de las víctimas.

“Debido a la brevedad de las penas, pocos responsables cumplen condena efectiva. Esto afecta al derecho a reparación de las víctimas, quienes ven penas que no son acordes al delito, esto afecta a la reparación de las víctimas y a cerrar las heridas que genera la comisión de esos delitos”, indicó Ana Piquer.

Aprovechando la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado, el organismo presentó una campaña internacional de recolección de firmas, para dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1978; reformar el Código de la Justicia Militar y asegurar la incorporación de los Derechos Humanos en todas las políticas y programas de Gobierno.

Junto con reiterar la desazón por los escasos avances en el terreno de los derechos básicos, Ana Piquer enfatizó en que ninguno de los candidatos presidenciales ha contestado la misiva que les fue enviada, donde AI – Chile solicita incorporar estos temas en sus programas.

Revisa el informe de Amnistía acá