El conflicto se generó por la contratación del excarabinero Sebastián Zamora, quien ha sido objeto de cuestionamientos públicos por ser acusado de ser responsable de lanzar a un joven desde el puente Pío Nono en octubre de 2020.
“Las autoridades son responsables por los hechos ocurridos bajo su mando y tienen la obligación de garantizar que quienes protestan no estén en riesgo de morir”, señaló la directora de para las América de AI, Erika Guevara.
“Nunca escuchamos a políticos como Ricardo Lagos Weber exigirle al gobierno de Piñera y a la institución de Carabineros que pidieran perdón por el daño que habían provocado”, dijo la dirigenta.
Felipe Leiva, uno de los abogados demandantes, explicó a Radio Universidad de Chile por qué consideran que la civil es la vía idónea para lograr reparación y cómo esta demanda pretende llamar a la reflexión sobre la necesidad de una reforma a la policía.
La coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas, explicó a Radio Universidad de Chile cómo ha sido el trabajo de los últimos tres meses y aseguró que las vulneraciones “son estructurales”, no solo vienen de Carabineros.
El manifestante perdió la visión de su ojo derecho producto del actuar de Carabineros, sumándose otro caso similar en Quilpué.
Vicente Muñoz, estudiante de Actuación Teatral de nuestra casa de estudios fue agredido ayer, y uno de los balines que se le disparó impactó en su ojo izquierdo, causando perdida de visión.
El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, reconoció que la selección femenina de fútbol femenina arriesga una grave sanción luego que las jugadoras posaran con un cartel denunciando las violaciones a los DD.HH. cometidos en Chile.
Integrantes de la Defensoría Popular pertenecientes a diversas organizaciones y cooperativas jurídicas indicaron que la acción legal pretende profundizar en las responsabilidades políticas del Presidente ante las constantes vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas.
Según el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, las manifestaciones pacíficas han sido escenarios de represión policial desproporcionada. Esta semana, dicho gremio entra ya a su cuarta semana de paro nacional.
La no firma del Tratado de Escazú, del Pacto Global para la Migración Segura de la ONU, eliminar la posibilidad de legislar sobre matrimonio igualitario, “Control de Identidad a menores” y “Calle segura”, y seguir aplicando la Ley Antiterrorista en contra el pueblo mapuche, son algunas de las críticas que hacen desde el organismo a las acciones impulsadas por el Ejecutivo.
La columna continuó su paso pese a negativa de Carabineros, quien finalmente dispersó a los convocados con bombas lacrimógenas. El comunero Marcelo Catrillanca precisó que seguirán movilizándose sin autorización y por la libre determinación del pueblo originario.