Este miércoles se inició el juicio contra el Estado de Chile, por la aplicación de la Ley Antiterrorista contra comuneros indígenas. La primera jornada en la audiencia del caso rotulado “Norín, Catrimán y otros”, en San José de Costa Rica, estuvo marcada por los testimonios de cada uno de los casos y representantes del Estado.
Primero, la Corte escuchó a un representante por cada caso, relatos enfocados en las consecuencias del encarcelamiento. Expusieron en este orden, Jaime Marileo, acusado en el caso “Poluco Podenco”, el werkén, Víctor Ancalaf y Juan Pichún hijo del lonko de Temulemu, Pascual Pichún, recientemente fallecido e involucrado en el llamado “caso de los lonkos”, junto a la cabeza de la comunidad de Diádico, Aniceto Norín.
El joven Juan Pichún, dio cuenta de la mayor dificultad de su padre después de una condena de 5 años: “El mayor problema al salir de la cárcel fue demostrar a los no mapuche que mi padre no es lo que el Estado dijo que era, un terrorista. Otro problema es no tener derecho a participación ciudadana, negarle el voto, impedir su participación para asumir un cargo público”.
Por otro lado Jaime Marileo, del caso Poluco Pidenco, tocó el tema económico y administrativo, además del estigma que significa, desde temas gruesos a los detalles más cotidianos, cargar con una acusación por terrorismo.
“Yo salgo con condicional, y llego a mi comunidad que está militarizada. En lo personal, tengo una hija, una compañera y una pequeña casa, y se hace difícil en el tema laboral. No me reciben por tener esos antecedentes por Ley Antiterrorista. Además, mi licencia de conducir es por un año, pese a que la ley la entrega por seis años, me indican que es por la aplicación de esta ley”, indicó.
La declaración de Víctor Ancalaf también profundizó en estas consecuencias, a veces invisibles de la prisión política, centrándose en los costos emocionales y familiares que implicó una condena de 10 años a la que fue sometido.
Ancalaf apuntó que “al separar a la familia de su núcleo, se produce una división. El ambiente de los mapuche detenidos, hay un quiebre por la lejanía y el aislamiento, consecuencia de ello, la conducta de los niños tiene que ver con la cercanía con sus padres”.
Luego siguió el testimonio de un jurista en representación del Estado, quien expuso sobre la modificación a la Ley Antiterrorista que se realizó el año 2010, después de una extensa huelga de hambre que mantuvieron los comuneros en distintos penales del país.
Este es el primer juicio por discriminación al pueblo mapuche por parte del Estado que llega a la Corte Interamericana, lo que podría significar una sanción para Chile. La Corte podría obligar al Estado a adoptar medidas para evitar que se vuelvan a cometer estos abusos, es decir, llevarla a corregir el marco institucional, según señalan los abogados defensores de los distintos dirigentes.
Este jueves 30 de mayo a las 9.00 de Costa Rica (11 horas en Chile), la audiencia escuchará el dictamen pericial de tres peritos, uno propuesto por los querellantes, otro por el Estado y el tercero por la misma Corte Interamericana.
Este miércoles se inició el juicio contra el Estado de Chile, por la aplicación de la Ley Antiterrorista contra comuneros indígenas. La primera jornada en la audiencia del caso rotulado “Norín, Catrimán y otros”, en San José de Costa Rica, estuvo marcada por los testimonios de cada uno de los casos y representantes del Estado.
Primero, la Corte escuchó a un representante por cada caso, relatos enfocados en las consecuencias del encarcelamiento. Expusieron en este orden, Jaime Marileo, acusado en el caso “Poluco Podenco”, el werkén, Víctor Ancalaf y Juan Pichún hijo del lonko de Temulemu, Pascual Pichún, recientemente fallecido e involucrado en el llamado “caso de los lonkos”, junto a la cabeza de la comunidad de Diádico, Aniceto Norín.
El joven Juan Pichún, dio cuenta de la mayor dificultad de su padre después de una condena de 5 años: “El mayor problema al salir de la cárcel fue demostrar a los no mapuche que mi padre no es lo que el Estado dijo que era, un terrorista. Otro problema es no tener derecho a participación ciudadana, negarle el voto, impedir su participación para asumir un cargo público”.
Por otro lado Jaime Marileo, del caso Poluco Pidenco, tocó el tema económico y administrativo, además del estigma que significa, desde temas gruesos a los detalles más cotidianos, cargar con una acusación por terrorismo.
“Yo salgo con condicional, y llego a mi comunidad que está militarizada. En lo personal, tengo una hija, una compañera y una pequeña casa, y se hace difícil en el tema laboral. No me reciben por tener esos antecedentes por Ley Antiterrorista. Además, mi licencia de conducir es por un año, pese a que la ley la entrega por seis años, me indican que es por la aplicación de esta ley”, indicó.
La declaración de Víctor Ancalaf también profundizó en estas consecuencias, a veces invisibles de la prisión política, centrándose en los costos emocionales y familiares que implicó una condena de 10 años a la que fue sometido.
Ancalaf apuntó que “al separar a la familia de su núcleo, se produce una división. El ambiente de los mapuche detenidos, hay un quiebre por la lejanía y el aislamiento, consecuencia de ello, la conducta de los niños tiene que ver con la cercanía con sus padres”.
Luego siguió el testimonio de un jurista en representación del Estado, quien expuso sobre la modificación a la Ley Antiterrorista que se realizó el año 2010, después de una extensa huelga de hambre que mantuvieron los comuneros en distintos penales del país.
Este es el primer juicio por discriminación al pueblo mapuche por parte del Estado que llega a la Corte Interamericana, lo que podría significar una sanción para Chile. La Corte podría obligar al Estado a adoptar medidas para evitar que se vuelvan a cometer estos abusos, es decir, llevarla a corregir el marco institucional, según señalan los abogados defensores de los distintos dirigentes.
Este jueves 30 de mayo a las 9.00 de Costa Rica (11 horas en Chile), la audiencia escuchará el dictamen pericial de tres peritos, uno propuesto por los querellantes, otro por el Estado y el tercero por la misma Corte Interamericana.
Este miércoles se inició el juicio contra el Estado de Chile, por la aplicación de la Ley Antiterrorista contra comuneros indígenas. La primera jornada en la audiencia del caso rotulado “Norín, Catrimán y otros”, en San José de Costa Rica, estuvo marcada por los testimonios de cada uno de los casos y representantes del Estado.
Primero, la Corte escuchó a un representante por cada caso, relatos enfocados en las consecuencias del encarcelamiento. Expusieron en este orden, Jaime Marileo, acusado en el caso “Poluco Podenco”, el werkén, Víctor Ancalaf y Juan Pichún hijo del lonko de Temulemu, Pascual Pichún, recientemente fallecido e involucrado en el llamado “caso de los lonkos”, junto a la cabeza de la comunidad de Diádico, Aniceto Norín.
El joven Juan Pichún, dio cuenta de la mayor dificultad de su padre después de una condena de 5 años: “El mayor problema al salir de la cárcel fue demostrar a los no mapuche que mi padre no es lo que el Estado dijo que era, un terrorista. Otro problema es no tener derecho a participación ciudadana, negarle el voto, impedir su participación para asumir un cargo público”.
Por otro lado Jaime Marileo, del caso Poluco Pidenco, tocó el tema económico y administrativo, además del estigma que significa, desde temas gruesos a los detalles más cotidianos, cargar con una acusación por terrorismo.
“Yo salgo con condicional, y llego a mi comunidad que está militarizada. En lo personal, tengo una hija, una compañera y una pequeña casa, y se hace difícil en el tema laboral. No me reciben por tener esos antecedentes por Ley Antiterrorista. Además, mi licencia de conducir es por un año, pese a que la ley la entrega por seis años, me indican que es por la aplicación de esta ley”, indicó.
La declaración de Víctor Ancalaf también profundizó en estas consecuencias, a veces invisibles de la prisión política, centrándose en los costos emocionales y familiares que implicó una condena de 10 años a la que fue sometido.
Ancalaf apuntó que “al separar a la familia de su núcleo, se produce una división. El ambiente de los mapuche detenidos, hay un quiebre por la lejanía y el aislamiento, consecuencia de ello, la conducta de los niños tiene que ver con la cercanía con sus padres”.
Luego siguió el testimonio de un jurista en representación del Estado, quien expuso sobre la modificación a la Ley Antiterrorista que se realizó el año 2010, después de una extensa huelga de hambre que mantuvieron los comuneros en distintos penales del país.
Este es el primer juicio por discriminación al pueblo mapuche por parte del Estado que llega a la Corte Interamericana, lo que podría significar una sanción para Chile. La Corte podría obligar al Estado a adoptar medidas para evitar que se vuelvan a cometer estos abusos, es decir, llevarla a corregir el marco institucional, según señalan los abogados defensores de los distintos dirigentes.
Este jueves 30 de mayo a las 9.00 de Costa Rica (11 horas en Chile), la audiencia escuchará el dictamen pericial de tres peritos, uno propuesto por los querellantes, otro por el Estado y el tercero por la misma Corte Interamericana.
