La Fundación Pro Acceso, entidad ciudadana que desarrolla el tema de la transparencia, organizó la mesa de discusión titulada “Transparencia en los procesos de acreditación a instituciones de educación superior”. Los principales expositores fueron el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Matko Koljatic; el gerente técnico de la Corporación de Universidades Privadas, Carlos Pereira; y el presidente del directorio de Educación 2020, Mario Waissbluth. Este último, cuestionó “la publicidad engañosa de carreras que no están acreditadas”.
En este sentido, el presidente de educación 2020 indicó que “si de mí dependiera yo no aceptaría un solo anuncio más en la prensa, en sitios web, o sea, en publicidad de carreras. A mí lo que me importa es la publicidad de las carreras y si en el fondo un joven está entrando a estudiar la carrera “X” en la sede “Z” y puede perfectamente ser una “universidad” acreditada y que tenga una carrera de porquería en la sede “Z”. Debiera haber una obligación de transparencia activa que diga en cada publicidad cuál es el estado de acreditación de cada carrera”.
Además de limitar la publicidad, se recomendó modificar el actual sistema mediante el cual las instituciones de educación superior contratan directamente a consultoras de acreditación. Si ésta no hace una calificación “buena y barata”, según Waissbluth, “simplemente no son nuevamente contratadas”. Así también, se recomendó obligar a las instituciones a garantizar que al momento del egreso de una carrera el estudiante comprenda lo que lea, pues a la fecha, sólo el 8% de los titulados entiende completamente lo que lee.
El presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Matko Koljatic, rechazó que el tema de la transparencia se plantee como una dicotomía entre entidades públicas y entidades privadas.
Por esto, Matko Koljatic, explicó que “tanto en las privadas como en las estatales ha habido situaciones en las cuales, no se ha dado la acreditación a instituciones estatales y privadas, se les ha dado pocos años a instituciones privadas y estatales. Este no es un problema de privados versus Estado, es un problema de gente haciendo mal las cosas – gente haciendo bien las cosas. De modo que esa especie de antinomía de lo que han hecho los privados peca y lo que hace el Estado no. A propósito de estafa, qué hizo la UTEM en la carrera de Criminalística”.
Acreditar una carrera cuesta unos 8 millones de pesos, de manera que acreditar los 17 mil programas (carreras) que hay en Chile cuesta unos 100 mil millones de pesos (200 millones de dólares). Pero las utilidades de la educación superior son de 2 billones 400 mil millones de pesos (5 mil millones de dólares). O sea, cerca del 4% de las utilidades.
Pese a ello, el gerente técnico de la Corporación de Universidades Privadas, Carlos Pereira, dijo que acreditar es caro y pidió paciencia para transparentar: “Las universidades pasan años desde un proceso a otro trabajando exclusivamente para acreditarse nuevamente, por lo tanto, son muy costosos. Las carreras no solamente cuestan 8 millones, que es lo que cobra la agencia acreditadora cuando hace un proceso de acreditación, sino que a la universidad le significa acreditar una carrera trabajar en ella durante muchos años, porque tiene formular la información A, B, C y una serie de otros anexos que de acuerdo a la estructura se tiene, es un proceso tremendamente caro para las universidades”.
La crisis del sistema de acreditación alcanzó su momento más álgido cuando la Justicia dispuso la detención del ex presidente subrogante de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, por recibir coimas para acreditar a la Universidad SEK, a la Universidad del Mar y a la Universidad Pedro de Valdivia. También por la detención de los ex rectores de estas instituciones José Schroeder, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén. En este caso por soborno.
El año 1995 había 200 mil estudiantes matriculados en la educación superior de Chile, mientras que en 2012 se contabilizó a más de un millón de estudiantes matriculados en 60 universidades, 44 institutos profesionales y 59 centros de formación técnica (CFT).
La Fundación Pro Acceso, entidad ciudadana que desarrolla el tema de la transparencia, organizó la mesa de discusión titulada “Transparencia en los procesos de acreditación a instituciones de educación superior”. Los principales expositores fueron el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Matko Koljatic; el gerente técnico de la Corporación de Universidades Privadas, Carlos Pereira; y el presidente del directorio de Educación 2020, Mario Waissbluth. Este último, cuestionó “la publicidad engañosa de carreras que no están acreditadas”.
En este sentido, el presidente de educación 2020 indicó que “si de mí dependiera yo no aceptaría un solo anuncio más en la prensa, en sitios web, o sea, en publicidad de carreras. A mí lo que me importa es la publicidad de las carreras y si en el fondo un joven está entrando a estudiar la carrera “X” en la sede “Z” y puede perfectamente ser una “universidad” acreditada y que tenga una carrera de porquería en la sede “Z”. Debiera haber una obligación de transparencia activa que diga en cada publicidad cuál es el estado de acreditación de cada carrera”.
Además de limitar la publicidad, se recomendó modificar el actual sistema mediante el cual las instituciones de educación superior contratan directamente a consultoras de acreditación. Si ésta no hace una calificación “buena y barata”, según Waissbluth, “simplemente no son nuevamente contratadas”. Así también, se recomendó obligar a las instituciones a garantizar que al momento del egreso de una carrera el estudiante comprenda lo que lea, pues a la fecha, sólo el 8% de los titulados entiende completamente lo que lee.
El presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Matko Koljatic, rechazó que el tema de la transparencia se plantee como una dicotomía entre entidades públicas y entidades privadas.
Por esto, Matko Koljatic, explicó que “tanto en las privadas como en las estatales ha habido situaciones en las cuales, no se ha dado la acreditación a instituciones estatales y privadas, se les ha dado pocos años a instituciones privadas y estatales. Este no es un problema de privados versus Estado, es un problema de gente haciendo mal las cosas – gente haciendo bien las cosas. De modo que esa especie de antinomía de lo que han hecho los privados peca y lo que hace el Estado no. A propósito de estafa, qué hizo la UTEM en la carrera de Criminalística”.
Acreditar una carrera cuesta unos 8 millones de pesos, de manera que acreditar los 17 mil programas (carreras) que hay en Chile cuesta unos 100 mil millones de pesos (200 millones de dólares). Pero las utilidades de la educación superior son de 2 billones 400 mil millones de pesos (5 mil millones de dólares). O sea, cerca del 4% de las utilidades.
Pese a ello, el gerente técnico de la Corporación de Universidades Privadas, Carlos Pereira, dijo que acreditar es caro y pidió paciencia para transparentar: “Las universidades pasan años desde un proceso a otro trabajando exclusivamente para acreditarse nuevamente, por lo tanto, son muy costosos. Las carreras no solamente cuestan 8 millones, que es lo que cobra la agencia acreditadora cuando hace un proceso de acreditación, sino que a la universidad le significa acreditar una carrera trabajar en ella durante muchos años, porque tiene formular la información A, B, C y una serie de otros anexos que de acuerdo a la estructura se tiene, es un proceso tremendamente caro para las universidades”.
La crisis del sistema de acreditación alcanzó su momento más álgido cuando la Justicia dispuso la detención del ex presidente subrogante de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, por recibir coimas para acreditar a la Universidad SEK, a la Universidad del Mar y a la Universidad Pedro de Valdivia. También por la detención de los ex rectores de estas instituciones José Schroeder, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén. En este caso por soborno.
El año 1995 había 200 mil estudiantes matriculados en la educación superior de Chile, mientras que en 2012 se contabilizó a más de un millón de estudiantes matriculados en 60 universidades, 44 institutos profesionales y 59 centros de formación técnica (CFT).
La Fundación Pro Acceso, entidad ciudadana que desarrolla el tema de la transparencia, organizó la mesa de discusión titulada “Transparencia en los procesos de acreditación a instituciones de educación superior”. Los principales expositores fueron el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Matko Koljatic; el gerente técnico de la Corporación de Universidades Privadas, Carlos Pereira; y el presidente del directorio de Educación 2020, Mario Waissbluth. Este último, cuestionó “la publicidad engañosa de carreras que no están acreditadas”.
En este sentido, el presidente de educación 2020 indicó que “si de mí dependiera yo no aceptaría un solo anuncio más en la prensa, en sitios web, o sea, en publicidad de carreras. A mí lo que me importa es la publicidad de las carreras y si en el fondo un joven está entrando a estudiar la carrera “X” en la sede “Z” y puede perfectamente ser una “universidad” acreditada y que tenga una carrera de porquería en la sede “Z”. Debiera haber una obligación de transparencia activa que diga en cada publicidad cuál es el estado de acreditación de cada carrera”.
Además de limitar la publicidad, se recomendó modificar el actual sistema mediante el cual las instituciones de educación superior contratan directamente a consultoras de acreditación. Si ésta no hace una calificación “buena y barata”, según Waissbluth, “simplemente no son nuevamente contratadas”. Así también, se recomendó obligar a las instituciones a garantizar que al momento del egreso de una carrera el estudiante comprenda lo que lea, pues a la fecha, sólo el 8% de los titulados entiende completamente lo que lee.
El presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Matko Koljatic, rechazó que el tema de la transparencia se plantee como una dicotomía entre entidades públicas y entidades privadas.
Por esto, Matko Koljatic, explicó que “tanto en las privadas como en las estatales ha habido situaciones en las cuales, no se ha dado la acreditación a instituciones estatales y privadas, se les ha dado pocos años a instituciones privadas y estatales. Este no es un problema de privados versus Estado, es un problema de gente haciendo mal las cosas – gente haciendo bien las cosas. De modo que esa especie de antinomía de lo que han hecho los privados peca y lo que hace el Estado no. A propósito de estafa, qué hizo la UTEM en la carrera de Criminalística”.
Acreditar una carrera cuesta unos 8 millones de pesos, de manera que acreditar los 17 mil programas (carreras) que hay en Chile cuesta unos 100 mil millones de pesos (200 millones de dólares). Pero las utilidades de la educación superior son de 2 billones 400 mil millones de pesos (5 mil millones de dólares). O sea, cerca del 4% de las utilidades.
Pese a ello, el gerente técnico de la Corporación de Universidades Privadas, Carlos Pereira, dijo que acreditar es caro y pidió paciencia para transparentar: “Las universidades pasan años desde un proceso a otro trabajando exclusivamente para acreditarse nuevamente, por lo tanto, son muy costosos. Las carreras no solamente cuestan 8 millones, que es lo que cobra la agencia acreditadora cuando hace un proceso de acreditación, sino que a la universidad le significa acreditar una carrera trabajar en ella durante muchos años, porque tiene formular la información A, B, C y una serie de otros anexos que de acuerdo a la estructura se tiene, es un proceso tremendamente caro para las universidades”.
La crisis del sistema de acreditación alcanzó su momento más álgido cuando la Justicia dispuso la detención del ex presidente subrogante de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, por recibir coimas para acreditar a la Universidad SEK, a la Universidad del Mar y a la Universidad Pedro de Valdivia. También por la detención de los ex rectores de estas instituciones José Schroeder, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén. En este caso por soborno.
El año 1995 había 200 mil estudiantes matriculados en la educación superior de Chile, mientras que en 2012 se contabilizó a más de un millón de estudiantes matriculados en 60 universidades, 44 institutos profesionales y 59 centros de formación técnica (CFT).
