Después de sostener reuniones con diversas autoridades locales, municipalidades e incluso regionales, haber enviado cartas, y agotado todas las posibilidades de diálogo, las comunidades ya están llegando a la Justicia con distintos casos de contaminación con arsénico y otros minerales pesados altamente peligrosos para la salud.
Ese es el caso de movimientos sociales, organizaciones de base, comunidades indígenas, pobladores y estudiantes, quienes llegaron a los Segundos Tribunales Ambientales, instalados en Antofagasta, a interponer una denuncia contra el ministerio del Medio Ambiente, después de años de lidiar con la contaminación de sus aguas.
Sobre esto se refirió Álvaro Toro, abogado patrocinador e integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA): “Es un tremendo pasivo ambiental especialmente por relaves de minerales que ahora la gente está constatando que contaminan las napas, que están alimentando las aguas que son domésticas y para riego, y para eso no veo que haya ninguna medida concreta de parte de las autoridades para remediar este hecho, es probable de que si las cosas siguen así, los tribunales van a tener que determinar y esperamos que obligue al Estado hacerse cargo”.
El jurista afirmó que la demanda fue acogida y que ahora sólo resta notificar el ministerio, a quien sindican como responsable por “la vulneración sistemática de la salud de las personas de la región”.
Los metales que contaminan las aguas en Arica región vienen de Copaquilla, donde existe un relave de la minera Choquelimpie en la comuna de Putre. Esto no es novedad, casos como este existen desde el extremo norte a la quinta región. Puchuncaví-Quintero es un ejemplo emblemático.
Allí se desarrolla una querella “contra quien resulte responsable” de la presunta muerte por contaminación de 29 ex trabajadores de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), hoy CODELCO-Ventanas.
En este sentido, el abogado Raúl Meza, quien conduce el caso dio una mirada al proceso que comienza en Arica: “Me parece que la creación de estos Tribunales Ambientales necesariamente va a llevar a una judicialización de los temas medio ambientales, en particular lo que está relacionado con la contaminación de metales pesados, ya sea en aire, mar o tierra y en consecuencia obviamente que a mí me parece de mucha relevancia que haya un tribunal especializado que por primera vez vaya a entrar a investigar estos temas medio ambientales”.
El abogado añadió que, en caso de comprobarse que alguno de los ex trabajadores murió debido a los daños provocados por los metales pesados, va a generar una eventual avalancha de demandas respecto a la sociedad civil por el debido respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la Salud y la vida.
Además, indicó que las autoridades tienden a no responder a los requerimientos, hasta que no se compruebe que la muerte de un ciudadano se debe a la presencia de alguno estos elementos, postura con la que difirió con fuerza el toxicólogo de la Universidad de Chile, Andrei Tchermichin para quien, en temas tan delicados como este, se debe actuar de forma preventiva.
En esa línea, el toxicólogo de nuestra casa de estudios afirmó que “nosotros como médicos no podemos estar de acuerdo que se muera una persona por cáncer si es que la causa es predecible. Cuando las personas se mueren de enfermedades que no son predecibles, bueno los tratamos, lo podemos lamentar, pero no hay nada que se pueda hacer. Sin embargo, cuando la causa es predecible, nosotros exigimos que se prevenga y se evite la muerte en vano de personas”.
Vale señalar que Radio Universidad de Chile contactó al Ministerio del Medioambiente y al de Salud para conversar sobre este proceso de judicialización y ambas carteras se remitieron mutuamente sin que ninguna quisiera entregar su opinión al respecto.
Después de sostener reuniones con diversas autoridades locales, municipalidades e incluso regionales, haber enviado cartas, y agotado todas las posibilidades de diálogo, las comunidades ya están llegando a la Justicia con distintos casos de contaminación con arsénico y otros minerales pesados altamente peligrosos para la salud.
Ese es el caso de movimientos sociales, organizaciones de base, comunidades indígenas, pobladores y estudiantes, quienes llegaron a los Segundos Tribunales Ambientales, instalados en Antofagasta, a interponer una denuncia contra el ministerio del Medio Ambiente, después de años de lidiar con la contaminación de sus aguas.
Sobre esto se refirió Álvaro Toro, abogado patrocinador e integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA): “Es un tremendo pasivo ambiental especialmente por relaves de minerales que ahora la gente está constatando que contaminan las napas, que están alimentando las aguas que son domésticas y para riego, y para eso no veo que haya ninguna medida concreta de parte de las autoridades para remediar este hecho, es probable de que si las cosas siguen así, los tribunales van a tener que determinar y esperamos que obligue al Estado hacerse cargo”.
El jurista afirmó que la demanda fue acogida y que ahora sólo resta notificar el ministerio, a quien sindican como responsable por “la vulneración sistemática de la salud de las personas de la región”.
Los metales que contaminan las aguas en Arica región vienen de Copaquilla, donde existe un relave de la minera Choquelimpie en la comuna de Putre. Esto no es novedad, casos como este existen desde el extremo norte a la quinta región. Puchuncaví-Quintero es un ejemplo emblemático.
Allí se desarrolla una querella “contra quien resulte responsable” de la presunta muerte por contaminación de 29 ex trabajadores de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), hoy CODELCO-Ventanas.
En este sentido, el abogado Raúl Meza, quien conduce el caso dio una mirada al proceso que comienza en Arica: “Me parece que la creación de estos Tribunales Ambientales necesariamente va a llevar a una judicialización de los temas medio ambientales, en particular lo que está relacionado con la contaminación de metales pesados, ya sea en aire, mar o tierra y en consecuencia obviamente que a mí me parece de mucha relevancia que haya un tribunal especializado que por primera vez vaya a entrar a investigar estos temas medio ambientales”.
El abogado añadió que, en caso de comprobarse que alguno de los ex trabajadores murió debido a los daños provocados por los metales pesados, va a generar una eventual avalancha de demandas respecto a la sociedad civil por el debido respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la Salud y la vida.
Además, indicó que las autoridades tienden a no responder a los requerimientos, hasta que no se compruebe que la muerte de un ciudadano se debe a la presencia de alguno estos elementos, postura con la que difirió con fuerza el toxicólogo de la Universidad de Chile, Andrei Tchermichin para quien, en temas tan delicados como este, se debe actuar de forma preventiva.
En esa línea, el toxicólogo de nuestra casa de estudios afirmó que “nosotros como médicos no podemos estar de acuerdo que se muera una persona por cáncer si es que la causa es predecible. Cuando las personas se mueren de enfermedades que no son predecibles, bueno los tratamos, lo podemos lamentar, pero no hay nada que se pueda hacer. Sin embargo, cuando la causa es predecible, nosotros exigimos que se prevenga y se evite la muerte en vano de personas”.
Vale señalar que Radio Universidad de Chile contactó al Ministerio del Medioambiente y al de Salud para conversar sobre este proceso de judicialización y ambas carteras se remitieron mutuamente sin que ninguna quisiera entregar su opinión al respecto.
Después de sostener reuniones con diversas autoridades locales, municipalidades e incluso regionales, haber enviado cartas, y agotado todas las posibilidades de diálogo, las comunidades ya están llegando a la Justicia con distintos casos de contaminación con arsénico y otros minerales pesados altamente peligrosos para la salud.
Ese es el caso de movimientos sociales, organizaciones de base, comunidades indígenas, pobladores y estudiantes, quienes llegaron a los Segundos Tribunales Ambientales, instalados en Antofagasta, a interponer una denuncia contra el ministerio del Medio Ambiente, después de años de lidiar con la contaminación de sus aguas.
Sobre esto se refirió Álvaro Toro, abogado patrocinador e integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA): “Es un tremendo pasivo ambiental especialmente por relaves de minerales que ahora la gente está constatando que contaminan las napas, que están alimentando las aguas que son domésticas y para riego, y para eso no veo que haya ninguna medida concreta de parte de las autoridades para remediar este hecho, es probable de que si las cosas siguen así, los tribunales van a tener que determinar y esperamos que obligue al Estado hacerse cargo”.
El jurista afirmó que la demanda fue acogida y que ahora sólo resta notificar el ministerio, a quien sindican como responsable por “la vulneración sistemática de la salud de las personas de la región”.
Los metales que contaminan las aguas en Arica región vienen de Copaquilla, donde existe un relave de la minera Choquelimpie en la comuna de Putre. Esto no es novedad, casos como este existen desde el extremo norte a la quinta región. Puchuncaví-Quintero es un ejemplo emblemático.
Allí se desarrolla una querella “contra quien resulte responsable” de la presunta muerte por contaminación de 29 ex trabajadores de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), hoy CODELCO-Ventanas.
En este sentido, el abogado Raúl Meza, quien conduce el caso dio una mirada al proceso que comienza en Arica: “Me parece que la creación de estos Tribunales Ambientales necesariamente va a llevar a una judicialización de los temas medio ambientales, en particular lo que está relacionado con la contaminación de metales pesados, ya sea en aire, mar o tierra y en consecuencia obviamente que a mí me parece de mucha relevancia que haya un tribunal especializado que por primera vez vaya a entrar a investigar estos temas medio ambientales”.
El abogado añadió que, en caso de comprobarse que alguno de los ex trabajadores murió debido a los daños provocados por los metales pesados, va a generar una eventual avalancha de demandas respecto a la sociedad civil por el debido respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la Salud y la vida.
Además, indicó que las autoridades tienden a no responder a los requerimientos, hasta que no se compruebe que la muerte de un ciudadano se debe a la presencia de alguno estos elementos, postura con la que difirió con fuerza el toxicólogo de la Universidad de Chile, Andrei Tchermichin para quien, en temas tan delicados como este, se debe actuar de forma preventiva.
En esa línea, el toxicólogo de nuestra casa de estudios afirmó que “nosotros como médicos no podemos estar de acuerdo que se muera una persona por cáncer si es que la causa es predecible. Cuando las personas se mueren de enfermedades que no son predecibles, bueno los tratamos, lo podemos lamentar, pero no hay nada que se pueda hacer. Sin embargo, cuando la causa es predecible, nosotros exigimos que se prevenga y se evite la muerte en vano de personas”.
Vale señalar que Radio Universidad de Chile contactó al Ministerio del Medioambiente y al de Salud para conversar sobre este proceso de judicialización y ambas carteras se remitieron mutuamente sin que ninguna quisiera entregar su opinión al respecto.
