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Año XII, 18 de enero de 2020

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Caso Farmacias: Imputados deberán pagar $255 millones

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la propuesta del Ministerio Público y decretó la suspensión condicional del procedimiento contra los 10 imputados del caso “colusión de las farmacias”. La adulteración fraudulenta de precios en la que incurrieron estas personas sólo será sancionada con una compensación económica, ascendente a 250 millones de pesos en total, y una serie de requisitos conductuales.

Narayan Vila

  Lunes 8 de julio 2013 15:28 hrs. 

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, aceptó el acuerdo alcanzado por la Fiscalía Centro Norte y las 10 personas imputadas por adulteración fraudulenta de precios y decretó la suspensión temporal del procedimiento.

Con esto, todas las personas formalizadas, un ex gerente general del Laboratorio Medipharm y 9 ex y actuales altos cargos de las cadenas farmacéuticas Fasa, Cruz Verde y Salco Brand, deberán cumplir una serie de requisitos económicos y conductuales para que, en un año más, se cierre, sin responsabilidades penales, este caso.

Las condiciones fijadas por el magistrado son el pago, en dinero o medicamentos, de 255 millones de pesos, que irán en beneficio de la Liga Chilena Contra la Epilepsia,  la Corporación Nacional del Cáncer, Coaniquem y Cruz Roja.

También se estableció que los imputados Ricardo Valdivia, Cristián Catalán, Sergio Purcell y Ricardo Ewert asistan a cursos de capacitación sobre ética empresarial.

Algo similar con Roberto Belloni, Ramón Ávila, Mario Zemelman, Mehilin Velásquez, Claudia Carmona y Judith Carreño, quienes deberán elaborar programas de “cumplimiento de la libre competencia” y de “prevención del delito” para las cadenas en las que trabajan.

Osvaldo Acosta, abogado de Ricardo Valdivia, gerente de negocios de Cruz Verde, quedó conforme con la resolución de la Justicia.

En este sentido, el representante del gerente de Farmacias Cruz Verde señaló que “esta es una de las alternativas que ofrece el procedimiento, mi representado es inocente, se mantiene inocente en esta condición por esta salida, y por lo tanto, son soluciones que el sistema ofrece y que la han tomado por la razones que cada uno puede determinar del caso. Mientras no haya una condena la persona es inocente”.

Fernando Santelices, abogado del ex diputado Jaime Mulet, aseguró que “la gravedad y naturaleza de los hechos requerían que existiera una sanción penal por parte del Poder Judicial”.

El jurista dijo tener la convicción de que, en caso de haberse desarrollado el juicio oral, las personas formalizadas “iban a ser condenadas entre los 3 y 5 años”.

Santelices explicó por qué la suspensión condicional permite a todos los imputados declararse como “inocentes”.

En esa línea, el abogado Santelices explicó que “la suspensión condicional del procedimiento efectivamente no requiere la admisión de responsabilidad y como lo ha sostenido nuestro representado, Jaime Mulet, estas personas son responsables y debieron haber sido juzgadas ante un tribunal oral de la República, para que se sancionara la conducta colusiva de las empresas”.

Andrés Montes, de la Fiscalía Regional Centro Norte, declaró que el dictamen dejó “dos aspectos relevantes: uno, que los imputados se comprometieron a desarrollar conductas preventivas y, dos, que aprobaron condiciones para que los imputados reparen a la sociedad”.

El fiscal, junto con enfatizar en que las personas acusadas no son inocentes, declaró que la legislación vigente es “insuficiente para hacerse cargo de la colusión como fenómeno delictivo”.

Por esto, el fiscal detalló que “el día de hoy incluso el magistrado ha dejado claramente establecido que la pena en un juicio como este podría haber llegado a 21 días y obviamente sin ningún tipo de privación de libertad. Pregúntele si es inocente si hubiese aceptado la suspensión condicional. La investigación del Ministerio Público llevo a formar la convicción de que había responsabilidad y por eso presentó acusación”.

Asistieron a la audiencia el diputado Tucapel Jiménez y el senador Guido Girardi, querellantes en el caso, quienes se comprometieron a intentar reponer en el Código Penal sanciones de cárcel para la colusión.

El caso “colusión de las farmacias” se hizo público en 2009, cuando la Confusam y una serie de parlamentarios denunciaron esta práctica, donde las tres principales cadenas acordaron elevar los costos de 222 medicamentos, registrándose hasta un 3 mil por ciento de sobreprecio en algunos remedios.