La resolución absolutoria para los diez acusados de colusión en el Caso Farmacias, abrió un debate sobre el rol del Ministerio Público en la investigación, la legislación que permite investigar y sancionar este tipo de carteles y cómo se aplica la justicia en los delitos denominados “de cuello y corbata”.
La empresa deberá pagar más de seiscientos millones de pesos y un multa de 50 UTM, por no respetar un acuerdo compensatorio firmado con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que fue alcanzado entre la empresa y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en el marco del proceso por colusión en que estuvo involucrada la cadena farmacéutica en 2009.
La Corte de Apelaciones determinó que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) podrá hacerse parte de la demanda de los consumidores afectados por las infracciones cometidas por Cruz Verde, Fasa y Salco Brand.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó los alegatos por la admisibilidad de la demanda colectiva presentada por el Caso de Colusión de Farmacias. Las tres empresas involucradas creen que la acción es improcedente, mientras que las partes acusantes reivindican el derecho a la solicitud de indemnización para los afectados.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la propuesta del Ministerio Público y decretó la suspensión condicional del procedimiento contra los 10 imputados del caso “colusión de las farmacias”. La adulteración fraudulenta de precios en la que incurrieron estas personas sólo será sancionada con una compensación económica, ascendente a 250 millones de pesos en total, y una serie de requisitos conductuales.
