Huelga de trabajadores de ALMA abre debate sobre valor del cielo chileno
¿Cuánto vale nuestro cielo?, ¿cómo son los convenios que el país firma con observatorios astronómicos extranjeros? ¿Quién protege a los trabajadores contratados por ellos?, estas son algunas de las preguntas que surgen a raíz del conflicto de ALMA y su huelga.
Domingo 8 de septiembre 2013 10:03 hrs.
El conflicto detonado con la huelga de los trabajadores sindicalizados del telescopio ALMA (siglas en inglés para Gran Conjunto Milimétrico/ Submilimétrico de Atacama), va más allá de una discordancia de opiniones entre empresarios y funcionarios. Los convenios internacionales que Chile ha firmado con instituciones extranjeras, dueñas de proyectos astronómicos, deja en completo desamparo a quienes son contratados por ella.
La pregunta sobre los límites que cada uno de estos acuerdos tiene con el país, son una materia de análisis de varios nombres ligados al desarrollo de la ciencia y también al mundo del trabajo. Cuánto Chile valora su cielo azulado, otra de las preguntas sin respuesta.
Existen límites, el Estado nacional transa algunas facultades para que estos grandes observatorios se emplacen en el territorio, algunos económicos, como el impedimento de desarrollar otro tipo de actividad económica en la zona para impedir la contaminación del cielo y otros personales: en el caso puntual de Alma, trabajadores contratados bajo el Código Laboral chileno, en un lugar donde la Inspección del Trabajo no puede fiscalizar. Así lo explicó Víctor González, presidente del sindicato de trabajadores.
“Tienes que pedirle permiso al empleador para fiscalizar y depende de ellos si es que están de acuerdo o no. De hecho, el representante legal de nuestro empleador dijo en la mesa que ellos recibirían la solicitud de fiscalización y la decidirían entre ellos y verían si hay fundamentos o no para fiscalizar. Yo creo que ese es el paraíso de cualquier empresa, donde la posibilidad de ser fiscalizados por alguna autoridad pública depende si es que ellos están dispuestos a ser fiscalizados o no, es anular completamente cualquier posibilidad de control en ese sentido”, expresó.
El amparo diplomático que tienen algunos de estos proyectos, por ejemplo el caso de Paranal, donde los contratos no se acogen al Código Nacional, es reflexionado por Leopoldo Soto, secretario de la Sociedad Chilena de Física.
“Las negociaciones se hacen sin una mirada de Estado, sin una mirada a largo plazo y sin una mirada transversal a las necesidades del país y de todos los actores involucrados y estas cosas habría que revisarlas para los acuerdos futuros y para ver cómo se sigue trabajando con los consorcios internacionales, porque por un lado está esto de las condiciones laborales de la gente y por otro la forma en que Chile ha negociado su recurso cielo, prácticamente entregándolo por una compensación muy pero muy baja”, afirmó.
El director del Observatorio AURA (siglas en inglés para Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía), Chris Smith, indicó que “los convenios bajo los cuales trabajamos en Chile son establecidos para el beneficio de ambas partes, para traer los observatorios aquí y para que cuando llegamos, beneficie al pueblo chileno. Y por supuesto es importante destacar que también hay un aporte económico porque el observatorio está empleando un buen número de chilenos”.
A lo largo de la huelga de ALMA, hemos sido testigos de cómo los trabajadores han planteado que la empresa atenta contra su trabajo y salud, problemas que van desde turnos más largos de lo permitido para un trabajo en altura, hasta no tener un lugar para almorzar, situaciones que claramente no van en simetría de beneficios para ambas partes.
Otro de los costos que estos convenios han tenido para el país fue la norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica en las regiones de Antofagasta y Coquimbo, lugares donde los municipios tuvieron que asumir el costo de un cambio en las luminarias para no entorpecer el trabajo de los telescopios.
Si bien cada convenio tiene sus matices, el de Alma como tal, señala que el consorcio de Universidades estadounidenses Associated Universities Inc. (AUI) en conjunto con Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO), ambos financistas del proyecto, deben pagar al país una cantidad de dinero por concepto de arriendo del terreno, al desarrollo de la astronomía nacional y al progreso económico social de la región (U$700 mil anuales), además entrega tiempo de observación para científicos chilenos o extranjeros asociados a universidades nacionales, además AUI y ESO anualmente pagan 184.466 (ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis) dólares americanos y 169.598 (ciento sesenta y nueve mil quinientos noventa y ocho) Euros respectivamente, a CONICYT para un fondo de desarrollo en astronomía.
En cuanto a los trabajadores del observatorio más grande del mundo, la mayor preocupación declarada por ellos es que si bien, el Estado exigió a las instituciones que operan ALMA (ESO y AUI, en ese instante), la constitución de una persona jurídica, de nacionalidad Chilena, con la cual se suscribió el contrato de concesión, llamada “Concesionaria Proyecto Radioastronomy Chajnantor Ltda”; para las normas laborales, el respeto a éstas quedó solo sometido a la voluntad de la empresa. Todo lo anterior de acuerdo a la forma en que la Cancillería interpreta las prerrogativas entregadas a AUI, de acuerdo al oficio ordinario 4114 del 12 de abril de 2013.
El conflicto detonado con la huelga de los trabajadores sindicalizados del telescopio ALMA (siglas en inglés para Gran Conjunto Milimétrico/ Submilimétrico de Atacama), va más allá de una discordancia de opiniones entre empresarios y funcionarios. Los convenios internacionales que Chile ha firmado con instituciones extranjeras, dueñas de proyectos astronómicos, deja en completo desamparo a quienes son contratados por ella.
La pregunta sobre los límites que cada uno de estos acuerdos tiene con el país, son una materia de análisis de varios nombres ligados al desarrollo de la ciencia y también al mundo del trabajo. Cuánto Chile valora su cielo azulado, otra de las preguntas sin respuesta.
Existen límites, el Estado nacional transa algunas facultades para que estos grandes observatorios se emplacen en el territorio, algunos económicos, como el impedimento de desarrollar otro tipo de actividad económica en la zona para impedir la contaminación del cielo y otros personales: en el caso puntual de Alma, trabajadores contratados bajo el Código Laboral chileno, en un lugar donde la Inspección del Trabajo no puede fiscalizar. Así lo explicó Víctor González, presidente del sindicato de trabajadores.
“Tienes que pedirle permiso al empleador para fiscalizar y depende de ellos si es que están de acuerdo o no. De hecho, el representante legal de nuestro empleador dijo en la mesa que ellos recibirían la solicitud de fiscalización y la decidirían entre ellos y verían si hay fundamentos o no para fiscalizar. Yo creo que ese es el paraíso de cualquier empresa, donde la posibilidad de ser fiscalizados por alguna autoridad pública depende si es que ellos están dispuestos a ser fiscalizados o no, es anular completamente cualquier posibilidad de control en ese sentido”, expresó.
El amparo diplomático que tienen algunos de estos proyectos, por ejemplo el caso de Paranal, donde los contratos no se acogen al Código Nacional, es reflexionado por Leopoldo Soto, secretario de la Sociedad Chilena de Física.
“Las negociaciones se hacen sin una mirada de Estado, sin una mirada a largo plazo y sin una mirada transversal a las necesidades del país y de todos los actores involucrados y estas cosas habría que revisarlas para los acuerdos futuros y para ver cómo se sigue trabajando con los consorcios internacionales, porque por un lado está esto de las condiciones laborales de la gente y por otro la forma en que Chile ha negociado su recurso cielo, prácticamente entregándolo por una compensación muy pero muy baja”, afirmó.
El director del Observatorio AURA (siglas en inglés para Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía), Chris Smith, indicó que “los convenios bajo los cuales trabajamos en Chile son establecidos para el beneficio de ambas partes, para traer los observatorios aquí y para que cuando llegamos, beneficie al pueblo chileno. Y por supuesto es importante destacar que también hay un aporte económico porque el observatorio está empleando un buen número de chilenos”.
A lo largo de la huelga de ALMA, hemos sido testigos de cómo los trabajadores han planteado que la empresa atenta contra su trabajo y salud, problemas que van desde turnos más largos de lo permitido para un trabajo en altura, hasta no tener un lugar para almorzar, situaciones que claramente no van en simetría de beneficios para ambas partes.
Otro de los costos que estos convenios han tenido para el país fue la norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica en las regiones de Antofagasta y Coquimbo, lugares donde los municipios tuvieron que asumir el costo de un cambio en las luminarias para no entorpecer el trabajo de los telescopios.
Si bien cada convenio tiene sus matices, el de Alma como tal, señala que el consorcio de Universidades estadounidenses Associated Universities Inc. (AUI) en conjunto con Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO), ambos financistas del proyecto, deben pagar al país una cantidad de dinero por concepto de arriendo del terreno, al desarrollo de la astronomía nacional y al progreso económico social de la región (U$700 mil anuales), además entrega tiempo de observación para científicos chilenos o extranjeros asociados a universidades nacionales, además AUI y ESO anualmente pagan 184.466 (ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis) dólares americanos y 169.598 (ciento sesenta y nueve mil quinientos noventa y ocho) Euros respectivamente, a CONICYT para un fondo de desarrollo en astronomía.
En cuanto a los trabajadores del observatorio más grande del mundo, la mayor preocupación declarada por ellos es que si bien, el Estado exigió a las instituciones que operan ALMA (ESO y AUI, en ese instante), la constitución de una persona jurídica, de nacionalidad Chilena, con la cual se suscribió el contrato de concesión, llamada “Concesionaria Proyecto Radioastronomy Chajnantor Ltda”; para las normas laborales, el respeto a éstas quedó solo sometido a la voluntad de la empresa. Todo lo anterior de acuerdo a la forma en que la Cancillería interpreta las prerrogativas entregadas a AUI, de acuerdo al oficio ordinario 4114 del 12 de abril de 2013.
El conflicto detonado con la huelga de los trabajadores sindicalizados del telescopio ALMA (siglas en inglés para Gran Conjunto Milimétrico/ Submilimétrico de Atacama), va más allá de una discordancia de opiniones entre empresarios y funcionarios. Los convenios internacionales que Chile ha firmado con instituciones extranjeras, dueñas de proyectos astronómicos, deja en completo desamparo a quienes son contratados por ella.
La pregunta sobre los límites que cada uno de estos acuerdos tiene con el país, son una materia de análisis de varios nombres ligados al desarrollo de la ciencia y también al mundo del trabajo. Cuánto Chile valora su cielo azulado, otra de las preguntas sin respuesta.
Existen límites, el Estado nacional transa algunas facultades para que estos grandes observatorios se emplacen en el territorio, algunos económicos, como el impedimento de desarrollar otro tipo de actividad económica en la zona para impedir la contaminación del cielo y otros personales: en el caso puntual de Alma, trabajadores contratados bajo el Código Laboral chileno, en un lugar donde la Inspección del Trabajo no puede fiscalizar. Así lo explicó Víctor González, presidente del sindicato de trabajadores.
“Tienes que pedirle permiso al empleador para fiscalizar y depende de ellos si es que están de acuerdo o no. De hecho, el representante legal de nuestro empleador dijo en la mesa que ellos recibirían la solicitud de fiscalización y la decidirían entre ellos y verían si hay fundamentos o no para fiscalizar. Yo creo que ese es el paraíso de cualquier empresa, donde la posibilidad de ser fiscalizados por alguna autoridad pública depende si es que ellos están dispuestos a ser fiscalizados o no, es anular completamente cualquier posibilidad de control en ese sentido”, expresó.
El amparo diplomático que tienen algunos de estos proyectos, por ejemplo el caso de Paranal, donde los contratos no se acogen al Código Nacional, es reflexionado por Leopoldo Soto, secretario de la Sociedad Chilena de Física.
“Las negociaciones se hacen sin una mirada de Estado, sin una mirada a largo plazo y sin una mirada transversal a las necesidades del país y de todos los actores involucrados y estas cosas habría que revisarlas para los acuerdos futuros y para ver cómo se sigue trabajando con los consorcios internacionales, porque por un lado está esto de las condiciones laborales de la gente y por otro la forma en que Chile ha negociado su recurso cielo, prácticamente entregándolo por una compensación muy pero muy baja”, afirmó.
El director del Observatorio AURA (siglas en inglés para Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía), Chris Smith, indicó que “los convenios bajo los cuales trabajamos en Chile son establecidos para el beneficio de ambas partes, para traer los observatorios aquí y para que cuando llegamos, beneficie al pueblo chileno. Y por supuesto es importante destacar que también hay un aporte económico porque el observatorio está empleando un buen número de chilenos”.
A lo largo de la huelga de ALMA, hemos sido testigos de cómo los trabajadores han planteado que la empresa atenta contra su trabajo y salud, problemas que van desde turnos más largos de lo permitido para un trabajo en altura, hasta no tener un lugar para almorzar, situaciones que claramente no van en simetría de beneficios para ambas partes.
Otro de los costos que estos convenios han tenido para el país fue la norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica en las regiones de Antofagasta y Coquimbo, lugares donde los municipios tuvieron que asumir el costo de un cambio en las luminarias para no entorpecer el trabajo de los telescopios.
Si bien cada convenio tiene sus matices, el de Alma como tal, señala que el consorcio de Universidades estadounidenses Associated Universities Inc. (AUI) en conjunto con Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO), ambos financistas del proyecto, deben pagar al país una cantidad de dinero por concepto de arriendo del terreno, al desarrollo de la astronomía nacional y al progreso económico social de la región (U$700 mil anuales), además entrega tiempo de observación para científicos chilenos o extranjeros asociados a universidades nacionales, además AUI y ESO anualmente pagan 184.466 (ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis) dólares americanos y 169.598 (ciento sesenta y nueve mil quinientos noventa y ocho) Euros respectivamente, a CONICYT para un fondo de desarrollo en astronomía.
En cuanto a los trabajadores del observatorio más grande del mundo, la mayor preocupación declarada por ellos es que si bien, el Estado exigió a las instituciones que operan ALMA (ESO y AUI, en ese instante), la constitución de una persona jurídica, de nacionalidad Chilena, con la cual se suscribió el contrato de concesión, llamada “Concesionaria Proyecto Radioastronomy Chajnantor Ltda”; para las normas laborales, el respeto a éstas quedó solo sometido a la voluntad de la empresa. Todo lo anterior de acuerdo a la forma en que la Cancillería interpreta las prerrogativas entregadas a AUI, de acuerdo al oficio ordinario 4114 del 12 de abril de 2013.
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