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Diputados y expertos en alerta por envío de dinero a “paraísos fiscales”

Como una demostración patente de las deficiencias de nuestra legislación tributaria calificaron parlamentarios y fiscalizadores de impuestos internos que empresas chilenas mantengan activos por al menos 2,3 billones de pesos, unos 5.000 millones de dólares, en los llamados “paraísos fiscales”.

Javier Candia

  Lunes 23 de septiembre 2013 21:01 hrs. 
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Se denomina paraísos fiscales aquellos países cuya legislación permite guardar dineros en cuentas secretas, sin pago de impuestos, práctica principalmente utilizada por quienes buscan lavar dinero, como por ejemplo los narcotraficantes.

Por lo mismo la Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que participan los países que se autodenominan más desarrollados, recomienda su eliminación y obliga a sus integrantes a limitar el uso de los paraísos fiscales.

Luego de la polémica por los dineros que en las Islas vírgenes tiene Laurence Golborne, The Clinic solicitó a Impuestos Internos,  a través de la Ley de Transparencia, las estadísticas a este respecto, las que demostraron la enorme cantidad de dinero que empresarios chilenos mantienen en esos lugares.

Es necesario recalcar que “la información disponible tiene alcance tributario y no económico y, por lo mismo, no da cuenta de la totalidad de las empresas chilenas ni tampoco de todas sus relacionadas o subsidiarias.

A juicio de Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, con estos datos solo se demuestra la precariedad de nuestra institucionalidad para regular la evasión y la elución, por medio de planificaciones agresivas de las empresas, para enviar sus dineros a paraísos fiscales.

Los funcionarios han elaborado una propuesta de reforma tributaria que, por ejemplo, propone regular los precios de transferencia, dado que no sólo se requiere una buena legislación en Chile, sino que también debe estar conectada con los países vecinos.

Apablaza afirmó a Radio Universidad de Chile que se requiere una reforma tributaria real.

“Y establecer tasas fijas respecto de los dineros que se van para afuera, si son remesas encubiertas, si van a paraísos fiscales, se deben tributar en Chile con un impuesto adicional. Esa norma de control tiene que ir en una reforma tributaria que se plantea cualquier candidato que salga como presidente, porque de lo contrario vamos a seguir con la misma legislación que adolece de estos daños”, afirmó.

En esa línea, el diputado demócrata cristiano Fuad Chahín, miembro de la Comisión de Economía de la Cámara,  indicó que resulta urgente fortalecer el Servicio de Impuestos Internos y mejorar los mecanismos de control de la evasión y la elución.

“Hay que revisar todos los tratados de libre tributación y hay que fiscalizar con mayores herramientas de control por parte del Servicio de Impuestos Internos, o más facultades inclusivas, sobre cuál es el origen de estos recursos, si tributario o no. A mí me parece que es fundamental fortalecer el Servicio de Impuestos Internos e ir generando hechos grabados que permitan que estos recursos paguen los impuestos que corresponden en Chile”, enfatizó.

Manuel Ossandón Larraín inició un juicio contra su hermano Bernardo, puesto que, según denuncia, este último se apropió de dineros de una herencia a por medio del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, y transfirió sus activos a una sociedad educacional en Panamá.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado de Manuel Ossandón, Sergio Contreras, afirmó que nuestra ley permite muchas trampas.

“No olvidemos que el Servicio de Impuestos Internos logró cursar dos liquidaciones, quizás las más altas en la historia de nuestro país, por 200 millones de dólares una y la otra por 180 millones de dólares, a sociedades controladas por Bernardo Ossandón Larraín, hermano de mi representado, quien finalmente se está investigando por el delito de defraudación en contra de mi representado”, aseveró.

El abogado, coincidió con Juan Apablaza y Fuad Chahín en la necesidad de fortaecer las atribuciones y dotar de más recursos a entes fiscalizadores como el Servicio de Impuestos Internos.

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