En el trasfondo de la discusión del presupuesto público del próximo año, los trabajadores del Estado dieron a conocer su petitorio de demandas laborales, que incluye como cuestión central el reajuste salarial de 8,8% (igual al reajuste del salario mínimo), con un diferencial de 10% en favor de los sueldos que están por debajo de los 750 mil pesos. La demanda general busca beneficiar a los 750 mil trabajadores estatales, que laboran en los 340 organismos públicos dependientes del Gobierno, en la salud hospitalaria y en la municipal, en la educación tanto del sector municipal y particular-subvencionado, las universidades estatales y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, detalló el énfasis fundamental de este petitorio: “Presentamos al menos cuatro puntos fundamentales: El primero tiene que ver con cobertura, luego el monto evidentemente del reajuste que está en el marco del 8,8% con un diferencial para aquellas rentas más bajas del 10%, el tercer énfasis tiene que ver con el incremento de los beneficios, que también ha sido una demanda que se ha planteado en otros procesos negociadores y lo último tiene que ver con remuneraciones mínimas para los profesionales que hoy no están garantizadas
La presentación del pliego de demandas de la mesa del sector público sucedió en el contexto de las declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien dijo que este proceso de negociación debe realizarse en un plazo máximo de 12 días, e idealmente después de las elecciones del 17 de noviembre, lo que fue rechazado por las 14 federaciones y confederaciones de trabajadores públicos, por considerar que después de esa fecha el Gobierno estará políticamente perdido porque las elecciones ya estarán resueltas.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, llamó al Gobierno a realizar una negociación de verdad, y no imponer un proyecto legal de reajuste como hizo durante la discusión del salario mínimo, pues de otro modo va a repetir el error de manejo político cometido en conflictos laborales como el del Registro Civil o el de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
“Le recomendamos que no tropiece con la misma piedra, recordemos lo que ocurrió con el salario mínimo, lo adelantó, lo envío sin consenso y así se demoro también en el Congreso, por lo tanto, es importante que exista tiempo para poder buscar soluciones en la mesa de negociaciones y no provoquemos una movilización que los trabajadores estamos dispuestos a realizar, si es que también no se nos escucha. Si pretende hacer una negociación con los trabajadores en una semana y que además se tramite en el Congreso, eso no es una negociación”, indicó el titular de la ANEF.
De la Puente dijo que de los 220 mil trabajadores que están en los 340 organismos públicos de la Administración Central del Estado (o sea, el Gobierno), el 60% labora a contrata y el 10% está a honorarios, sin cotización de salud y previsión y con gran inestabilidad laboral, mientras que apenas el 30% tiene contrato de planta, aun cuando la ley establece que el 80% debería tener este tipo de contrato y apenas el 20% debería estar a contrata y honorarios. Esto es vulnerado, según Raúl De la Puente, a través de las normativas de Presupuesto de cada uno de los 21 ministerios, lo que demuestra la precariedad de los trabajadores públicos.
En el trasfondo de la discusión del presupuesto público del próximo año, los trabajadores del Estado dieron a conocer su petitorio de demandas laborales, que incluye como cuestión central el reajuste salarial de 8,8% (igual al reajuste del salario mínimo), con un diferencial de 10% en favor de los sueldos que están por debajo de los 750 mil pesos. La demanda general busca beneficiar a los 750 mil trabajadores estatales, que laboran en los 340 organismos públicos dependientes del Gobierno, en la salud hospitalaria y en la municipal, en la educación tanto del sector municipal y particular-subvencionado, las universidades estatales y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, detalló el énfasis fundamental de este petitorio: “Presentamos al menos cuatro puntos fundamentales: El primero tiene que ver con cobertura, luego el monto evidentemente del reajuste que está en el marco del 8,8% con un diferencial para aquellas rentas más bajas del 10%, el tercer énfasis tiene que ver con el incremento de los beneficios, que también ha sido una demanda que se ha planteado en otros procesos negociadores y lo último tiene que ver con remuneraciones mínimas para los profesionales que hoy no están garantizadas
La presentación del pliego de demandas de la mesa del sector público sucedió en el contexto de las declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien dijo que este proceso de negociación debe realizarse en un plazo máximo de 12 días, e idealmente después de las elecciones del 17 de noviembre, lo que fue rechazado por las 14 federaciones y confederaciones de trabajadores públicos, por considerar que después de esa fecha el Gobierno estará políticamente perdido porque las elecciones ya estarán resueltas.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, llamó al Gobierno a realizar una negociación de verdad, y no imponer un proyecto legal de reajuste como hizo durante la discusión del salario mínimo, pues de otro modo va a repetir el error de manejo político cometido en conflictos laborales como el del Registro Civil o el de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
“Le recomendamos que no tropiece con la misma piedra, recordemos lo que ocurrió con el salario mínimo, lo adelantó, lo envío sin consenso y así se demoro también en el Congreso, por lo tanto, es importante que exista tiempo para poder buscar soluciones en la mesa de negociaciones y no provoquemos una movilización que los trabajadores estamos dispuestos a realizar, si es que también no se nos escucha. Si pretende hacer una negociación con los trabajadores en una semana y que además se tramite en el Congreso, eso no es una negociación”, indicó el titular de la ANEF.
De la Puente dijo que de los 220 mil trabajadores que están en los 340 organismos públicos de la Administración Central del Estado (o sea, el Gobierno), el 60% labora a contrata y el 10% está a honorarios, sin cotización de salud y previsión y con gran inestabilidad laboral, mientras que apenas el 30% tiene contrato de planta, aun cuando la ley establece que el 80% debería tener este tipo de contrato y apenas el 20% debería estar a contrata y honorarios. Esto es vulnerado, según Raúl De la Puente, a través de las normativas de Presupuesto de cada uno de los 21 ministerios, lo que demuestra la precariedad de los trabajadores públicos.
En el trasfondo de la discusión del presupuesto público del próximo año, los trabajadores del Estado dieron a conocer su petitorio de demandas laborales, que incluye como cuestión central el reajuste salarial de 8,8% (igual al reajuste del salario mínimo), con un diferencial de 10% en favor de los sueldos que están por debajo de los 750 mil pesos. La demanda general busca beneficiar a los 750 mil trabajadores estatales, que laboran en los 340 organismos públicos dependientes del Gobierno, en la salud hospitalaria y en la municipal, en la educación tanto del sector municipal y particular-subvencionado, las universidades estatales y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, detalló el énfasis fundamental de este petitorio: “Presentamos al menos cuatro puntos fundamentales: El primero tiene que ver con cobertura, luego el monto evidentemente del reajuste que está en el marco del 8,8% con un diferencial para aquellas rentas más bajas del 10%, el tercer énfasis tiene que ver con el incremento de los beneficios, que también ha sido una demanda que se ha planteado en otros procesos negociadores y lo último tiene que ver con remuneraciones mínimas para los profesionales que hoy no están garantizadas
La presentación del pliego de demandas de la mesa del sector público sucedió en el contexto de las declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien dijo que este proceso de negociación debe realizarse en un plazo máximo de 12 días, e idealmente después de las elecciones del 17 de noviembre, lo que fue rechazado por las 14 federaciones y confederaciones de trabajadores públicos, por considerar que después de esa fecha el Gobierno estará políticamente perdido porque las elecciones ya estarán resueltas.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, llamó al Gobierno a realizar una negociación de verdad, y no imponer un proyecto legal de reajuste como hizo durante la discusión del salario mínimo, pues de otro modo va a repetir el error de manejo político cometido en conflictos laborales como el del Registro Civil o el de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
“Le recomendamos que no tropiece con la misma piedra, recordemos lo que ocurrió con el salario mínimo, lo adelantó, lo envío sin consenso y así se demoro también en el Congreso, por lo tanto, es importante que exista tiempo para poder buscar soluciones en la mesa de negociaciones y no provoquemos una movilización que los trabajadores estamos dispuestos a realizar, si es que también no se nos escucha. Si pretende hacer una negociación con los trabajadores en una semana y que además se tramite en el Congreso, eso no es una negociación”, indicó el titular de la ANEF.
De la Puente dijo que de los 220 mil trabajadores que están en los 340 organismos públicos de la Administración Central del Estado (o sea, el Gobierno), el 60% labora a contrata y el 10% está a honorarios, sin cotización de salud y previsión y con gran inestabilidad laboral, mientras que apenas el 30% tiene contrato de planta, aun cuando la ley establece que el 80% debería tener este tipo de contrato y apenas el 20% debería estar a contrata y honorarios. Esto es vulnerado, según Raúl De la Puente, a través de las normativas de Presupuesto de cada uno de los 21 ministerios, lo que demuestra la precariedad de los trabajadores públicos.
