De los 26 mil 692 casos que deben ser investigados mediante sumario, mil 543 cuentan con procesos cerrados. La mayoría de ellos tiene sanción. Sin embargo, parlamentarios cuestionan la baja cantidad funcionarios destituidos.
El presidente de la ANEF respondió a la controversia sobre el acuerdo entre el sector público y el Gobierno. Además, manifestó sus discrepancias con el porcentaje de reajuste pactado calificándolo como “una suerte de estanco”.
Según consignó Emol, Pérez señaló “la norma criticada en reajuste al sector público por un sector político no es un ‘amarre’, evita la discrecionalidad abusiva, termina con los despidos arbitrarios y conversa con el trabajo decente”.
La coordinadora de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, insistió en la urgencia de establecer criterios de estabilidad laboral y advirtió que la movilización sigue sobre la mesa si la oferta no responde la demanda de un reajuste real del 2%.
Los funcionarios proponen nuevos mínimos salariales y un bono para rentas bajas. Dirigentes de los gremios alertaron que el Presupuesto no considera recursos para reajuste y pidieron avanzar tanto en estabilidad laboral como en trabajo decente.
El documento elaborada por la Universidad Diego Portales identificó retrocesos regulatorios en protección ambiental, falencias en la respuesta estatal ante emergencias y un sistema sanitario con “sobrecarga” pública y “crisis” privada.
El presidente de la organización, José Pérez Debelli, se refirió a los dichos de presidenciables sobre el empleo público. A su juicio, no solo se ofende a los propios trabajadores, sino que “atentan contra la dignidad de las personas que atendemos”.
La fiscal Lorena Parra llevará la indagación penal. Mientras, diputados presentaron denuncias ante el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Además, el Ejecutivo instruyó el inicio de sumarios en todos los servicios públicos.
Más de 60 mil personas se manifestaron a nivel nacional por los “retrocesos” en las condiciones laborales de los trabajadores del Estado. La movilización fue cuestionada por el Gobierno, pero aseguraron que el proceso de ajuste seguirá adelante.
El mandatario argentino criticó además a la oposición por “subirse el sueldo”, y defendió que renunciará a su paga vitalicia que le corresponde por haber ocupado el cargo de presidente.
La investigación basada en los datos de la última Encuesta Casen reveló que las personas asalariadas en Chile ganan menos de $500 mil líquidos, realidad que pone en evidencia la transversalidad de los bajos salarios en el país.
Mediante una declaración publicada en redes sociales, la agrupación exigió al Ejecutivo “la aclaración y correción de esta injusticia, por su falta de visión política y de objetividad”.
Más de 1 millón de trabajadores tendrán derecho a usar de manera preferente su feriado durante vacaciones escolares y más de 363 mil podrán acordar modalidades de trabajo híbridas. La ley se remite a privados, pero es discutida en el sector público.
En la mesa de negociación entre las autoridades y los trabajadores se abordó la reducción de la jornada laboral a 40 horas para el sector público. Se busca que el Gobierno ingrese un proyecto de ley a mediados del próximo año.
Según señalaron en un comunicado, su objetivo para este año será “conducir una negociación que ponga como base la recuperación plena del poder adquisitivo perdido”.
El presidente de la organización, José Pérez Debelli, insistió en que lo aprobado por el Consejo significa un “retroceso” en materia laboral y cuestionó una “invisibilización” de las y los trabajadores del sector público.
El proyecto fue despachado al Senado y contempla bonos y aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias.
