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Año XIII, 17 de septiembre de 2021

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Resaltan necesidad de contar con leyes que exijan calidad en la educación superior

Comienza un nuevo proceso de admisión y los estudiantes deben comenzar a elegir sus casas de estudios. La certificación de las casas de estudio es uno de los factores a considerar pero, ¿qué tan válida es esta referencia después de los cuestionamientos que se gatillaron a la Comisión Nacional de Acreditación?, ¿cómo ha cambiado el escenario desde entonces?

Paula Correa A.

  Lunes 21 de octubre 2013 18:31 hrs. 
CNA1


Hace pocos días se conoció el rechazo por parte de la Comisión Nacional de Acreditación a la Universidad de las Américas, cuando restan pocos meses para la rendición de la PSU y comienza un nuevo proceso de admisión. La institución fue notificada formalmente recién este lunes y tiene un plazo de cinco días hábiles para apelar. Si aun así rechazan su acreditación, la UDLA puede recurrir a la Comisión Nacional de Educación buscando una nueva oportunidad.

Son más de una veintena las universidades que deben acreditarse este año. Se espera que sigan los procesos del INACAP, instituciones regionales como la Universidad de La Frontera o la de Los Lagos, así como la UTEM y la Gabriela Mistral. Pero aún ronda una sombra de dudas sobre el proceso de acreditación después de que se hiciera público el llamado caso coimas en 2012, donde se descubrió que algunos de los integrantes del organismo habían recibido estímulos económicos para aprobar las solicitudes de certificación.

Luego de esto la comisión fue reformada y se le dio una nueva conducción a manos de Matko Koljatic, quien inició un proceso de trasparencia activa. La Fundación Pro-Acceso ha seguido de cerca el cambio, dando fe de que los procedimientos se han refinado, a través de la creación de un manual de ética dirigido a los consejeros para la detección temprana de conflicto de interés, la publicación de todas las actas, la fijación de canales de denuncia, entre otros procedimientos.

Sin embargo, el Director de Estudios del organismo, Felipe Ibarra, sostuvo que, desde que se generaron estos cambios, como fundación solicitaron datos sobre los expedientes de acreditación de cinco universidades (Pedro de Valdivia, Universidad del Mar, Las Américas, Santo Tomás y UNIACC)  y no les fueron entregados en su totalidad, por lo que afirmó que lo ideal sería que toda la información de los expedientes estuviera disponible.

Lo mismo debiera ocurrir, afirmó, con los estándares de transparencia, los criterios con los que se toman las decisiones para evitar que ocurran casos como, por ejemplo, el de la Universidad Bernardo O’Higgins, donde la CNA rechazó la acreditación, pero al apelar, el Consejo Nacional de Educación la reestableció en junio de este año. Con todos estos antecedentes, Ibarra afirmó que efectivamente hay avances pero no son tan de fondo como se requiere.

En este sentido, Director de Estudios de la Fundación Pro-Acceso explicó que “lamentablemente la comisión puede establecer buenas prácticas, lo que está haciendo canales de denuncia, manuales, pero acá lo que tiene que haber es un cambio institucional y eso ya requiere una modificación natural del sistema de acreditación, o sea, evitar los conflictos de interés más allá de sean considerado en el manual de buenas prácticas debe estar establecido en una ley. Los tiempos de ingreso, por ejemplo, que tienen los consejeros que no pueden desempeñarse luego en otras funciones relacionadas con la agencia acreditadora, luego ser consejero debería ser más largo”.

El directivo añadió que se podría también abrir posibilidad a las agencias de acreditadoras institucionales, para evitar que las universidades se acrediten con unas agencias y no otras, lo que genera una serie de vicios, entre varias otras reformas necesarias.

Pero recordemos que está en pleno proceso de tramitación la Agencia Nacional de Educación, proyecto que el Gobierno envió al Parlamento a inicios de año y que está en pleno trámite. La iniciativa establece un nuevo sistema de acreditación que pretende asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de las instituciones y sus carreras.

No obstante hay quienes se oponen al proyecto. Ente ellos está el ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso.

Por esto, el ex Secretario Ejecutivo del organismo de acreditación afirmó que “el proyecto de ley entregado por el Gobierno mantiene la idea del mejoramiento de la calidad, es decir, medir en cuanto aumenta o decrece el autocontrol que la institución ejerce sobre la calidad, pero sigue sin medir la calidad. Lo que se requiere hacer es una ley que se aplique de forma transitoria durante un período de 10 años al menos que permita medir en términos absolutos a través de indicadores objetivos la calidad de las instituciones y las carreras, de modo de ir paulatinamente cerrando todas aquellas instituciones que no cumplan estos requisitos mínimos”.
Basso añadió que hacerlo de otro modo “es seguir engañando a la opinión pública, los estudiantes y las familias chilenas”.

Según indicó, ocupando parámetros objetivos que consideren los recursos conforme al número de estudiantes, se podría fácilmente cerrar el 30 o 40 por ciento de las carreras existentes e iniciar el proceso de clausura de muchas universidades “de dudosa reputación”.

Además, puso la alerta sobre la necesidad de investigar los sistemas de lucro en las universidades que están blanqueando el robo continuo de recursos de los estudiantes y del Estado a través de las sociedades espejo, las inmobiliarias y otras tácticas. “Lamentablemente cuando se dicte una ley puede ser demasiado tarde”.

En ese sentido, afirmó que es ese el tema que hay que enfrentar para que un sistema de acreditación sea realmente creíble y se pueda constituir en la herramienta válida que debe ser para las familias y toda la sociedad en procesos tan importantes como la admisión.

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