Tal como lo anunciaron al momento de aprobar la Ley de Televisión Digital, parlamentarios de la UDI presentaron ayer lunes un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar la normativa.
El recurso, presentado por 36 gremialistas, buscaría asegurar “la libertad de expresión y el pluralismo de los medios”, según han manifestado, declarando inconstitucionales cuatro puntos de la norma.
El primero de ellos es el que obliga a los canales a emitir “campañas de utilidad o interés público”, las que estarían diseñadas por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, por lo que la UDI teme que se transformarían en un medio de propaganda del Estado de carácter obligatorio, como ocurre en algunos países de Latinoamérica.
En este punto coincide la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, que agrupa a las asociaciones de los canales de televisión, radios comerciales y prensa, la que ha declarado su rechazo a “ciertos elementos que atentan contra la autonomía” de los medios.
Lo mismo ocurre con el aspecto de la normativa que manda respetar el “pluralismo, el respeto a la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género”, el que fue calificado por la UDI y por los medios comerciales como una medida arbitraria y que atentaría contra su línea editorial.
Además, la ley establece que no podrán otorgarse nuevas concesiones a personas jurídicas que ya sean titulares de una, excepto a TVN, punto que el gremialismo considera que iría en perjuicio de otras estaciones.
Y pese a que la llegada de la TVD prometía terminar con la concentración de la propiedad de medios y, de acuerdo a los expertos la ley terminó consagrando completamente lo contrario, el último aspecto impugnado por la UDI busca liberar a las empresas de operadoras de televisión por cable (“permisionarios de servicios limitados de televisión”) de su obligación de difundir al menos cuatro canales locales o regionales en cada zona, argumentando que afectaría se libertad económica.
El Tribunal Constitucional tiene veinte días para resolver desde que el requerimiento se ponga en tabla, por lo que se calcula que el fallo se podría conocer en un mes aproximadamente.
Tal como lo anunciaron al momento de aprobar la Ley de Televisión Digital, parlamentarios de la UDI presentaron ayer lunes un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar la normativa.
El recurso, presentado por 36 gremialistas, buscaría asegurar “la libertad de expresión y el pluralismo de los medios”, según han manifestado, declarando inconstitucionales cuatro puntos de la norma.
El primero de ellos es el que obliga a los canales a emitir “campañas de utilidad o interés público”, las que estarían diseñadas por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, por lo que la UDI teme que se transformarían en un medio de propaganda del Estado de carácter obligatorio, como ocurre en algunos países de Latinoamérica.
En este punto coincide la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, que agrupa a las asociaciones de los canales de televisión, radios comerciales y prensa, la que ha declarado su rechazo a “ciertos elementos que atentan contra la autonomía” de los medios.
Lo mismo ocurre con el aspecto de la normativa que manda respetar el “pluralismo, el respeto a la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género”, el que fue calificado por la UDI y por los medios comerciales como una medida arbitraria y que atentaría contra su línea editorial.
Además, la ley establece que no podrán otorgarse nuevas concesiones a personas jurídicas que ya sean titulares de una, excepto a TVN, punto que el gremialismo considera que iría en perjuicio de otras estaciones.
Y pese a que la llegada de la TVD prometía terminar con la concentración de la propiedad de medios y, de acuerdo a los expertos la ley terminó consagrando completamente lo contrario, el último aspecto impugnado por la UDI busca liberar a las empresas de operadoras de televisión por cable (“permisionarios de servicios limitados de televisión”) de su obligación de difundir al menos cuatro canales locales o regionales en cada zona, argumentando que afectaría se libertad económica.
El Tribunal Constitucional tiene veinte días para resolver desde que el requerimiento se ponga en tabla, por lo que se calcula que el fallo se podría conocer en un mes aproximadamente.
Tal como lo anunciaron al momento de aprobar la Ley de Televisión Digital, parlamentarios de la UDI presentaron ayer lunes un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar la normativa.
El recurso, presentado por 36 gremialistas, buscaría asegurar “la libertad de expresión y el pluralismo de los medios”, según han manifestado, declarando inconstitucionales cuatro puntos de la norma.
El primero de ellos es el que obliga a los canales a emitir “campañas de utilidad o interés público”, las que estarían diseñadas por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, por lo que la UDI teme que se transformarían en un medio de propaganda del Estado de carácter obligatorio, como ocurre en algunos países de Latinoamérica.
En este punto coincide la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, que agrupa a las asociaciones de los canales de televisión, radios comerciales y prensa, la que ha declarado su rechazo a “ciertos elementos que atentan contra la autonomía” de los medios.
Lo mismo ocurre con el aspecto de la normativa que manda respetar el “pluralismo, el respeto a la diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género”, el que fue calificado por la UDI y por los medios comerciales como una medida arbitraria y que atentaría contra su línea editorial.
Además, la ley establece que no podrán otorgarse nuevas concesiones a personas jurídicas que ya sean titulares de una, excepto a TVN, punto que el gremialismo considera que iría en perjuicio de otras estaciones.
Y pese a que la llegada de la TVD prometía terminar con la concentración de la propiedad de medios y, de acuerdo a los expertos la ley terminó consagrando completamente lo contrario, el último aspecto impugnado por la UDI busca liberar a las empresas de operadoras de televisión por cable (“permisionarios de servicios limitados de televisión”) de su obligación de difundir al menos cuatro canales locales o regionales en cada zona, argumentando que afectaría se libertad económica.
El Tribunal Constitucional tiene veinte días para resolver desde que el requerimiento se ponga en tabla, por lo que se calcula que el fallo se podría conocer en un mes aproximadamente.
