El lunes pasado, 36 parlamentarios de la UDI llegaron al Tribunal Constitucional para presentar este requerimiento, que debe analizar la ley antes de que ésta entre en vigencia. Los diputados buscan impugnar cuatro puntos del proyecto de Ley de Televisión Digital Terrestre.
Entre ellos está que el Consejo Nacional de Televisión pueda obligar a los canales a emitir campañas de utilidad o interés público, las que elaborará el ministerio Secretaría General de la Presidencia. El jefe de bancada UDI, Gustavo Hasbún, uno de los firmantes, indicó que la definición de “campaña de interés público” es muy amplia y que la norma implicaría tener una intervención directa del Estado.
También les preocupa que se exija a los canales respetar el pluralismo y el respeto a la diversidad, lo que señalan es arbitrario y afecta la autonomía de los canales a definir su línea editorial.
Sobre esto se refirió el experto en telecomunicaciones, el abogado de la Universidad de Chile, Pedro Huichalaf: “Tiene que cumplir ciertos lineamientos generales respecto del correcto funcionamiento, ese es el concepto que a ellos les molesta porque la ley va a exigir además de un proyecto técnico, además de decir tengo buenas instalaciones para emitir televisión pública, además tengo que cumplir con ciertos principios los cuales no puedo transgredir. Según ellos atenta contra la libertad de expresión, si me preguntan a mí, yo creo que no, porque son principios amplios, por ejemplo, la no discriminación, no atentar contra los derechos humanos, darle cobertura amplia a todos los sectores, son principios generales que debería exigir una televisión pública abierta”.
Al respecto, el Doctor en Comunicaciones de la Universidad Católica, Sergio Godoy afirmó que la UDI tiene una visión ideológica: que no se le ponga ningún tipo de restricción a los concesionarios, e indicó que si es legítimo sumar promociones de ciertos valores de interés público pero por un mecanismo más operativo que la decisión del CNTV bajo una serie de criterios opacos ya que esto puede ser, efectivamente, motivo de ciertas complejidades. En ese sentido indicó que se debió aprobar la idea de solicitarles una propuesta programática, un tema que fue eliminando de la ley por falta de consenso.
La UDI también tiene inquietud sobre artículo que señala que no podrán tener nuevas concesiones personas jurídicas que ya cuenten con una, salvo TVN. Este punto había sido destacado anteriormente por el Subsecretario, Jorge Attom, quien en conversación con nuestra emisora, afirmó que “impide la concentración de medios”. El reparo de los diputados es que sería una discriminación a favor de TVN, pero la ley aclara que esa señal no es para TVN en sí misma, sino que para terceros que transmitan a través del canal público.
Además de esto pretenden impugnar la cláusula que obliga a los cable operadores a difundir al menos cuatro canales locales o regionales, lo que es conocido como “Must Carry”. El gerente general de ARCATEL (la Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión de Señal Abierta de Chile), Rodrigo Moreno, se refirió a este punto.
En esa línea, el ejecutivo de la agrupación de estaciones televisivas de regiones indicó que “consideramos y tenemos la certeza de que es una medida que apoya el desarrollo de los medios regionales y locales, en este caso la Televisión Local que está arraigada a las zonas de cobertura descentralizando la información que reciben los televidentes, es una medida de fomento que no consideramos que sea arbitraria, ni discriminadora, es una discriminación positiva en el fondo”
Según los plazos constitucionales, el Tribunal tiene 20 días como máximo para resolver el requerimiento desde que se ponga en tabla, lo que ocurriría ésta o la próxima semana, por lo que se estima que la decisión debiera ser conocida en un mes.
Así, la puesta en marcha del proyecto de Ley de Televisión Digital tardará un poco y se podrían modificar estos cuatro puntos, ante lo que desde el ministerio de Telecomunicaciones señalan “sólo resta esperar y respetar la resolución del TC”.
El lunes pasado, 36 parlamentarios de la UDI llegaron al Tribunal Constitucional para presentar este requerimiento, que debe analizar la ley antes de que ésta entre en vigencia. Los diputados buscan impugnar cuatro puntos del proyecto de Ley de Televisión Digital Terrestre.
Entre ellos está que el Consejo Nacional de Televisión pueda obligar a los canales a emitir campañas de utilidad o interés público, las que elaborará el ministerio Secretaría General de la Presidencia. El jefe de bancada UDI, Gustavo Hasbún, uno de los firmantes, indicó que la definición de “campaña de interés público” es muy amplia y que la norma implicaría tener una intervención directa del Estado.
También les preocupa que se exija a los canales respetar el pluralismo y el respeto a la diversidad, lo que señalan es arbitrario y afecta la autonomía de los canales a definir su línea editorial.
Sobre esto se refirió el experto en telecomunicaciones, el abogado de la Universidad de Chile, Pedro Huichalaf: “Tiene que cumplir ciertos lineamientos generales respecto del correcto funcionamiento, ese es el concepto que a ellos les molesta porque la ley va a exigir además de un proyecto técnico, además de decir tengo buenas instalaciones para emitir televisión pública, además tengo que cumplir con ciertos principios los cuales no puedo transgredir. Según ellos atenta contra la libertad de expresión, si me preguntan a mí, yo creo que no, porque son principios amplios, por ejemplo, la no discriminación, no atentar contra los derechos humanos, darle cobertura amplia a todos los sectores, son principios generales que debería exigir una televisión pública abierta”.
Al respecto, el Doctor en Comunicaciones de la Universidad Católica, Sergio Godoy afirmó que la UDI tiene una visión ideológica: que no se le ponga ningún tipo de restricción a los concesionarios, e indicó que si es legítimo sumar promociones de ciertos valores de interés público pero por un mecanismo más operativo que la decisión del CNTV bajo una serie de criterios opacos ya que esto puede ser, efectivamente, motivo de ciertas complejidades. En ese sentido indicó que se debió aprobar la idea de solicitarles una propuesta programática, un tema que fue eliminando de la ley por falta de consenso.
La UDI también tiene inquietud sobre artículo que señala que no podrán tener nuevas concesiones personas jurídicas que ya cuenten con una, salvo TVN. Este punto había sido destacado anteriormente por el Subsecretario, Jorge Attom, quien en conversación con nuestra emisora, afirmó que “impide la concentración de medios”. El reparo de los diputados es que sería una discriminación a favor de TVN, pero la ley aclara que esa señal no es para TVN en sí misma, sino que para terceros que transmitan a través del canal público.
Además de esto pretenden impugnar la cláusula que obliga a los cable operadores a difundir al menos cuatro canales locales o regionales, lo que es conocido como “Must Carry”. El gerente general de ARCATEL (la Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión de Señal Abierta de Chile), Rodrigo Moreno, se refirió a este punto.
En esa línea, el ejecutivo de la agrupación de estaciones televisivas de regiones indicó que “consideramos y tenemos la certeza de que es una medida que apoya el desarrollo de los medios regionales y locales, en este caso la Televisión Local que está arraigada a las zonas de cobertura descentralizando la información que reciben los televidentes, es una medida de fomento que no consideramos que sea arbitraria, ni discriminadora, es una discriminación positiva en el fondo”
Según los plazos constitucionales, el Tribunal tiene 20 días como máximo para resolver el requerimiento desde que se ponga en tabla, lo que ocurriría ésta o la próxima semana, por lo que se estima que la decisión debiera ser conocida en un mes.
Así, la puesta en marcha del proyecto de Ley de Televisión Digital tardará un poco y se podrían modificar estos cuatro puntos, ante lo que desde el ministerio de Telecomunicaciones señalan “sólo resta esperar y respetar la resolución del TC”.
El lunes pasado, 36 parlamentarios de la UDI llegaron al Tribunal Constitucional para presentar este requerimiento, que debe analizar la ley antes de que ésta entre en vigencia. Los diputados buscan impugnar cuatro puntos del proyecto de Ley de Televisión Digital Terrestre.
Entre ellos está que el Consejo Nacional de Televisión pueda obligar a los canales a emitir campañas de utilidad o interés público, las que elaborará el ministerio Secretaría General de la Presidencia. El jefe de bancada UDI, Gustavo Hasbún, uno de los firmantes, indicó que la definición de “campaña de interés público” es muy amplia y que la norma implicaría tener una intervención directa del Estado.
También les preocupa que se exija a los canales respetar el pluralismo y el respeto a la diversidad, lo que señalan es arbitrario y afecta la autonomía de los canales a definir su línea editorial.
Sobre esto se refirió el experto en telecomunicaciones, el abogado de la Universidad de Chile, Pedro Huichalaf: “Tiene que cumplir ciertos lineamientos generales respecto del correcto funcionamiento, ese es el concepto que a ellos les molesta porque la ley va a exigir además de un proyecto técnico, además de decir tengo buenas instalaciones para emitir televisión pública, además tengo que cumplir con ciertos principios los cuales no puedo transgredir. Según ellos atenta contra la libertad de expresión, si me preguntan a mí, yo creo que no, porque son principios amplios, por ejemplo, la no discriminación, no atentar contra los derechos humanos, darle cobertura amplia a todos los sectores, son principios generales que debería exigir una televisión pública abierta”.
Al respecto, el Doctor en Comunicaciones de la Universidad Católica, Sergio Godoy afirmó que la UDI tiene una visión ideológica: que no se le ponga ningún tipo de restricción a los concesionarios, e indicó que si es legítimo sumar promociones de ciertos valores de interés público pero por un mecanismo más operativo que la decisión del CNTV bajo una serie de criterios opacos ya que esto puede ser, efectivamente, motivo de ciertas complejidades. En ese sentido indicó que se debió aprobar la idea de solicitarles una propuesta programática, un tema que fue eliminando de la ley por falta de consenso.
La UDI también tiene inquietud sobre artículo que señala que no podrán tener nuevas concesiones personas jurídicas que ya cuenten con una, salvo TVN. Este punto había sido destacado anteriormente por el Subsecretario, Jorge Attom, quien en conversación con nuestra emisora, afirmó que “impide la concentración de medios”. El reparo de los diputados es que sería una discriminación a favor de TVN, pero la ley aclara que esa señal no es para TVN en sí misma, sino que para terceros que transmitan a través del canal público.
Además de esto pretenden impugnar la cláusula que obliga a los cable operadores a difundir al menos cuatro canales locales o regionales, lo que es conocido como “Must Carry”. El gerente general de ARCATEL (la Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión de Señal Abierta de Chile), Rodrigo Moreno, se refirió a este punto.
En esa línea, el ejecutivo de la agrupación de estaciones televisivas de regiones indicó que “consideramos y tenemos la certeza de que es una medida que apoya el desarrollo de los medios regionales y locales, en este caso la Televisión Local que está arraigada a las zonas de cobertura descentralizando la información que reciben los televidentes, es una medida de fomento que no consideramos que sea arbitraria, ni discriminadora, es una discriminación positiva en el fondo”
Según los plazos constitucionales, el Tribunal tiene 20 días como máximo para resolver el requerimiento desde que se ponga en tabla, lo que ocurriría ésta o la próxima semana, por lo que se estima que la decisión debiera ser conocida en un mes.
Así, la puesta en marcha del proyecto de Ley de Televisión Digital tardará un poco y se podrían modificar estos cuatro puntos, ante lo que desde el ministerio de Telecomunicaciones señalan “sólo resta esperar y respetar la resolución del TC”.
