El proyecto de ley de televisión digital no solo significa que se podrá ver imagen de mejor calidad y más canales, sino una serie de otros temas que motivan la controversia por estos días. Un asunto central del proyecto es la definición de “pluralismo”, porque la ley obliga a los canales a incluir a la “diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de género”.
El Congreso aprobó esta definición, pero los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Gobierno impugnaron ciertos articulados del proyecto ante el Tribunal Constitucional, órgano estatal autónomo que revisa que los proyectos legales se ajusten a los principios de la Constitución de 1980. Pero el Tribunal Constitucional dio su visto bueno el pasado 8 de noviembre. Por eso al Gobierno le quedó el último recurso que le da la institucionalidad, y que consiste en aplicar un veto presidencial, lo que sucedió el viernes.
Así se instala la posición del Gobierno, que defiende que no se puede imponer a los canales una definición de pluralismo, porque eso sería entrometerse en la línea editorial de los medios de comunicación.
La Red de Televisoras Comunitarias y Populares de Chile, una de las que denunció en su momento que las propuestas de los canales comunitarios fueron excluidas por el Gobierno, expresa que “el proyecto es pésimo para la diversidad cultural y social del país”, y que “esta definición amplia en algo ayudaba, pero ya ni siquiera se podrá contar con ella”, según indica el vocero de esta organización e integrante del directorio del canal Señal 3 La Victoria, Luis Lillo,
El vocero destaca que “sabemos que el veto venía si el Tribunal Constitucional votaba en contra de lo que plantea la UDI. Piñera tenía que mandar este veto, porque no le interesa el pluralismo, no le interesa televisión mapuche, representantes indígenas que permitan diversidad. Antes de irse tiene que dejar todo amarrado, los medios de comunicación son sociales, no para servirse del pueblo”.
Además de la definición de pluralismo, el veto presidencial va a sacar los artículos aprobados sobre la obligación de los canales de transmitir campañas de utilidad pública, y la obligación de que Televisión Nacional de Chile tenga una segunda concesión, para así transportar señales de concesionarios regionales y comunales que no tengan medios para transmisión propia.
Para evidenciar la falta de pluralismo de los canales de televisión, la presidenta del Observatorio de Medios FUCATEL, Manuela Gumucio, ejemplifica que este debate, que debería en su opinión tener amplia difusión, está ausente en la televisión.
A su juicio, “este es un debate fundamental, debiera darse en los propios canales, y no hay ni una palabra. Tenemos un pluralismo magro, escuálido, necesitamos avanzar en eso. Quienes no tienen recursos económicos, tienen derecho a una información con todos los puntos de vista”.
El Observatorio de Medios FUCATEL, que en su momento expuso estos argumentos ante el Tribunal Constitucional, criticó la falta de transparencia del veto presidencial del Gobierno, mientras que los 36 diputados de la UDI que impugnaros al proyecto de ley de televisión digital agradecieron la acción del Gobierno, porque –según expresó el abogado Germán Concha- así se está salvaguardando la libertad de los medios de comunicación para dar cobertura a los temas que les interesan y en los términos que consideren pertinentes.-
Finalmente, el Consejo Nacional de Televisión, institución que con el veto presidencial pierde la oportunidad de decidir sobre campañas de utilidad pública en los canales, expresó a través de su presidente, Hernán Chadwick, que este no es un veto mayor que motive desacuerdo, porque mejora la calidad de la ley, al simplificar términos que habían quedado confusos. El Consejo Nacional de Televisión releva que el país podría tener una ley de televisión digital en diciembre, después de 5 años de trámite en el Congreso.