La instancia denominada Mesa de Participación Ciudadana y fortalecimiento de la Sociedad Civil del Senado, agrupa a diversas organizaciones sociales cuyo objetivo esencial es instar a los parlamentarios a considerar una agenda política que favorezca la participación efectiva de la sociedad civil en las decisiones públicas.
La instancia, que fue creada en 2011 con la idea de establecer vínculos entre el mundo social y la política, sesionó este lunes en la sede del Congreso Nacional en Santiago, con la presencia de diputados y senadores electos.
El coordinador de la secretaría técnica de esta Mesa, Ronald Wilson, aseguró que existen muchas demandas por institucionalizar este espacio y lograr una mayor efectividad, para lo cual resulta fundamental el carácter vinculador de las propuestas que emanan de las organizaciones sociales.
“No hay una tradición de vinculación de la participación ciudadana en el parlamento, ese es un elemento que hay que ir creando en cómo generar una participación que no esté basada en la buena voluntad de los parlamentarios de escuchar a las organizaciones sociales, sino de cómo esa información y demandas tengan un correlato más institucional y vinculante”, insistió.
Una de las invitadas por las organizaciones sociales fue la diputada electa del Partido Comunista Karol Cariola, quien destacó la necesidad de que las leyes comiencen a construirse desde espacios colectivos y participativos. Incluso, apuntando a la posibilidad de una colegislación entre la ciudadanía y las autoridades parlamentarias.
“Nosotros nos hemos planteado la necesidad de desarrollar un proceso de colegislatura popular, donde la ciudadanía tenga no solo la posibilidad de opinar sino de participar en la toma de decisiones. Esperamos que en esta nueva instancia que se empieza a configurar podamos jugar un rol activo en abrir esos espacios, en canalizar esas inquietudes, y no solamente incluir a la Cámara de Diputados, sino también al Senado y al poder Ejecutivo”, señaló.
Por su parte, Daniel Oyarzún, director de la Red de Voluntarios de Chile y coordinador de la Mesa de Seguimiento de la Ley 20500, sobre los derechos de las personas a participar en espacios de la gestión pública, enfatizó en la idea de fortalecer el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, expresando su preocupación por los fondos concursables a los que pueden acceder las organizaciones sociales.
“Lo mínimo, aquello que hace que una organización funcione, debe garantizarlo el Estado, esa es la forma en que funcionan los países del primer mundo, eso lo tenemos que aprender. El fondo de fortalecimiento hay que restructurarlo hacia esa vía, que garantice que las organizaciones de la sociedad civil pueden al menos vivir, y no tener que estar en una precariedad absoluta, o recortar fondos de los proyectos a los que postulan para poder vivir”, advirtió, criticando el actual escenario.
Proyectando un proceso participativo, aunque con ciertos obstáculos, el senador electo del Partido Socialista Carlos Montes no dudó en aterrizar ciertas propuestas, como el tema de la colegislación.
“Hay temas que el parlamento no ha tomado, temas que se están planteando y se busca camino para influir más con ellos. Nunca va a ser una cosa redondita, van a haber distintas contradicciones propias del proceso. Hoy día la colegislación es entre el Ejecutivo y el Legislativo, que puedan influir más o menos otros actores va a depender de cómo se desenvuelvan, pero desde el punto de vista jurídico institucional no es propiamente colegislar”, apuntó.
Si bien se trata de una instancia que por ahora sólo se vincula con los senadores, desde las diversas organizaciones se propusieron relacionar esta Mesa de Participación Ciudadana también con la Cámara de Diputados, en acuerdo con los propios legisladores.
Cabe destacar, además, que la institucionalización del Consejo Nacional de Participación Ciudadana figura en el programa de la Presidenta electa Michelle Bachelet.
La instancia denominada Mesa de Participación Ciudadana y fortalecimiento de la Sociedad Civil del Senado, agrupa a diversas organizaciones sociales cuyo objetivo esencial es instar a los parlamentarios a considerar una agenda política que favorezca la participación efectiva de la sociedad civil en las decisiones públicas.
La instancia, que fue creada en 2011 con la idea de establecer vínculos entre el mundo social y la política, sesionó este lunes en la sede del Congreso Nacional en Santiago, con la presencia de diputados y senadores electos.
El coordinador de la secretaría técnica de esta Mesa, Ronald Wilson, aseguró que existen muchas demandas por institucionalizar este espacio y lograr una mayor efectividad, para lo cual resulta fundamental el carácter vinculador de las propuestas que emanan de las organizaciones sociales.
“No hay una tradición de vinculación de la participación ciudadana en el parlamento, ese es un elemento que hay que ir creando en cómo generar una participación que no esté basada en la buena voluntad de los parlamentarios de escuchar a las organizaciones sociales, sino de cómo esa información y demandas tengan un correlato más institucional y vinculante”, insistió.
Una de las invitadas por las organizaciones sociales fue la diputada electa del Partido Comunista Karol Cariola, quien destacó la necesidad de que las leyes comiencen a construirse desde espacios colectivos y participativos. Incluso, apuntando a la posibilidad de una colegislación entre la ciudadanía y las autoridades parlamentarias.
“Nosotros nos hemos planteado la necesidad de desarrollar un proceso de colegislatura popular, donde la ciudadanía tenga no solo la posibilidad de opinar sino de participar en la toma de decisiones. Esperamos que en esta nueva instancia que se empieza a configurar podamos jugar un rol activo en abrir esos espacios, en canalizar esas inquietudes, y no solamente incluir a la Cámara de Diputados, sino también al Senado y al poder Ejecutivo”, señaló.
Por su parte, Daniel Oyarzún, director de la Red de Voluntarios de Chile y coordinador de la Mesa de Seguimiento de la Ley 20500, sobre los derechos de las personas a participar en espacios de la gestión pública, enfatizó en la idea de fortalecer el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, expresando su preocupación por los fondos concursables a los que pueden acceder las organizaciones sociales.
“Lo mínimo, aquello que hace que una organización funcione, debe garantizarlo el Estado, esa es la forma en que funcionan los países del primer mundo, eso lo tenemos que aprender. El fondo de fortalecimiento hay que restructurarlo hacia esa vía, que garantice que las organizaciones de la sociedad civil pueden al menos vivir, y no tener que estar en una precariedad absoluta, o recortar fondos de los proyectos a los que postulan para poder vivir”, advirtió, criticando el actual escenario.
Proyectando un proceso participativo, aunque con ciertos obstáculos, el senador electo del Partido Socialista Carlos Montes no dudó en aterrizar ciertas propuestas, como el tema de la colegislación.
“Hay temas que el parlamento no ha tomado, temas que se están planteando y se busca camino para influir más con ellos. Nunca va a ser una cosa redondita, van a haber distintas contradicciones propias del proceso. Hoy día la colegislación es entre el Ejecutivo y el Legislativo, que puedan influir más o menos otros actores va a depender de cómo se desenvuelvan, pero desde el punto de vista jurídico institucional no es propiamente colegislar”, apuntó.
Si bien se trata de una instancia que por ahora sólo se vincula con los senadores, desde las diversas organizaciones se propusieron relacionar esta Mesa de Participación Ciudadana también con la Cámara de Diputados, en acuerdo con los propios legisladores.
Cabe destacar, además, que la institucionalización del Consejo Nacional de Participación Ciudadana figura en el programa de la Presidenta electa Michelle Bachelet.
La instancia denominada Mesa de Participación Ciudadana y fortalecimiento de la Sociedad Civil del Senado, agrupa a diversas organizaciones sociales cuyo objetivo esencial es instar a los parlamentarios a considerar una agenda política que favorezca la participación efectiva de la sociedad civil en las decisiones públicas.
La instancia, que fue creada en 2011 con la idea de establecer vínculos entre el mundo social y la política, sesionó este lunes en la sede del Congreso Nacional en Santiago, con la presencia de diputados y senadores electos.
El coordinador de la secretaría técnica de esta Mesa, Ronald Wilson, aseguró que existen muchas demandas por institucionalizar este espacio y lograr una mayor efectividad, para lo cual resulta fundamental el carácter vinculador de las propuestas que emanan de las organizaciones sociales.
“No hay una tradición de vinculación de la participación ciudadana en el parlamento, ese es un elemento que hay que ir creando en cómo generar una participación que no esté basada en la buena voluntad de los parlamentarios de escuchar a las organizaciones sociales, sino de cómo esa información y demandas tengan un correlato más institucional y vinculante”, insistió.
Una de las invitadas por las organizaciones sociales fue la diputada electa del Partido Comunista Karol Cariola, quien destacó la necesidad de que las leyes comiencen a construirse desde espacios colectivos y participativos. Incluso, apuntando a la posibilidad de una colegislación entre la ciudadanía y las autoridades parlamentarias.
“Nosotros nos hemos planteado la necesidad de desarrollar un proceso de colegislatura popular, donde la ciudadanía tenga no solo la posibilidad de opinar sino de participar en la toma de decisiones. Esperamos que en esta nueva instancia que se empieza a configurar podamos jugar un rol activo en abrir esos espacios, en canalizar esas inquietudes, y no solamente incluir a la Cámara de Diputados, sino también al Senado y al poder Ejecutivo”, señaló.
Por su parte, Daniel Oyarzún, director de la Red de Voluntarios de Chile y coordinador de la Mesa de Seguimiento de la Ley 20500, sobre los derechos de las personas a participar en espacios de la gestión pública, enfatizó en la idea de fortalecer el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, expresando su preocupación por los fondos concursables a los que pueden acceder las organizaciones sociales.
“Lo mínimo, aquello que hace que una organización funcione, debe garantizarlo el Estado, esa es la forma en que funcionan los países del primer mundo, eso lo tenemos que aprender. El fondo de fortalecimiento hay que restructurarlo hacia esa vía, que garantice que las organizaciones de la sociedad civil pueden al menos vivir, y no tener que estar en una precariedad absoluta, o recortar fondos de los proyectos a los que postulan para poder vivir”, advirtió, criticando el actual escenario.
Proyectando un proceso participativo, aunque con ciertos obstáculos, el senador electo del Partido Socialista Carlos Montes no dudó en aterrizar ciertas propuestas, como el tema de la colegislación.
“Hay temas que el parlamento no ha tomado, temas que se están planteando y se busca camino para influir más con ellos. Nunca va a ser una cosa redondita, van a haber distintas contradicciones propias del proceso. Hoy día la colegislación es entre el Ejecutivo y el Legislativo, que puedan influir más o menos otros actores va a depender de cómo se desenvuelvan, pero desde el punto de vista jurídico institucional no es propiamente colegislar”, apuntó.
Si bien se trata de una instancia que por ahora sólo se vincula con los senadores, desde las diversas organizaciones se propusieron relacionar esta Mesa de Participación Ciudadana también con la Cámara de Diputados, en acuerdo con los propios legisladores.
Cabe destacar, además, que la institucionalización del Consejo Nacional de Participación Ciudadana figura en el programa de la Presidenta electa Michelle Bachelet.
