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Año XII, 27 de mayo de 2020

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Consejeros Regionales en picada contra nueva ley

El proyecto de ley que discute las atribuciones y funciones de los Consejeros Regionales, le otorga más facultad al Intendente en desmedro de los representantes de la comunidad. El hecho ha causado revuelo en los Cores, quienes se presentarán ante los diputados para evitar su aprobación.

Diana Torres

  Miércoles 15 de enero 2014 18:19 hrs. 





El pasado 17 de noviembre se eligió popularmente por primera vez a los Consejeros Regionales (Cores), cargos que anteriormente eran designados por el Consejo Municipal y que sufrieron un cambio dado a la iniciativa impulsada por el Presidente Sebastián Piñera.

Son 278 a nivel nacional, los cuales empezarán a cumplir sus labores el 14 de marzo y que fueron electos con la primicia de que tendrían una mayor participación en la toma de decisiones de la región. Sin embargo, la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, de “Fortalecimiento de la Regionalización”, no contempla estos temas y fue aprobada por los diputados, pasando a segundo trámite constitucional en el Senado.

Para la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile (ANCORE) la situación es inadmisible, dado que transfiere competencias de los Gobiernos Regionales en diversas materias.

Es por esto que los Cores de la Región Metropolitana declararon que dar el victo bueno, es un “atentado a la regionalización y descentralización”. Por lo que acudirán a los diputados para que no voten la iniciativa.

Manuel Hernández, reelecto por la Provincial Santiago II, calificó de inconsecuente la medida:“Aquí se ha engañado, públicamente se le ha mentido a la ciudadanía porque s ele ha hecho pensar que era posible elegir Consejeros Regionales en el marco de una ley que permitía la equidad territorial y política, y por ende, que permitiera un desarrollo más sustentable de las regiones, lo que se ve absolutamente contrariado con el proyecto”, indicó.

Este cargo, que si bien fue elegidos con el propósito de aprobar, sustituir o rechazar los proyectos regionales financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ya no contará con la atribución, puesto que la ley viene a eliminar esta facultad, dejando a los Consejeros con la misión de aprobar o rechazar marcos presupuestarios generales, delegando al Intendente la aprobación en específico de cada diseño.

Mauricio Morales, Core independiente por la comuna de Chacabuco, emplazó a las autoridades por generar un retroceso en las atribuciones, al concentrar el estatus jurídico y administrativo en manos del Intendente.

Asimismo, la alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda, Claudina Muñoz, se sumó a la demanda, ya que con la aprobación de la ley se afecta también a las comunas de la región, por falta de observaciones técnicas, apuntó.

“Cuando se concentra el poder en una sola persona también se tiene el poder de decidir por sobre los demás, por lo tanto, todas las acciones técnicas que nos han hecho hacer desde el mundo municipal, los programas, la metodología, la forma de postular, qué sentido tiene de competencia, si al último tengo que conversar con una sola persona”.

Felipe Berríos, candidato electo por Talagante no dudó en determinar que la modificación rompe los lazos con la ciudadanía.

“Yo me pregunto si hay algún vicio de constitucionalidad, porque uno se presenta con ciertas atribuciones de aprobar proyectos, de definir inversiones a implementar en las provincias, y ahora el Gobierno, en acuerdo transversal con los legisladores, modifica nuestras atribuciones dejándonos en una posición incómoda frente a los compromisos que democrática y participativamente construimos junto a la ciudadanía”, aseguró.

Asimismo, Claudio Bustamante, core perteneciente a la UDI culpó al ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, de intervenir en el proyecto y “asegurar el presidencialismo por sobre los valores que defienden”.

Finalmente, en la declaración pública que emitieron fueron claros en emplazar a las autoridades al insistir que la sola elección directa no soluciona los graves problemas de centralización en la estructura administrativa y fiscal del Estado, por lo que hay que asegurar la equidad territorial y profundizar la democracia.