Ayer se cumplieron 97 años desde la fundación del Diario La Nación y mañana, jueves 16 de enero, se abrirán los sobres con las ofertas económicas para su venta definitiva.
Ha sido una estrategia orquestada sigilosamente por el gobierno de Sebastián Piñera. Primero con la designación, mediante decreto, de representantes del Fisco en todas las reuniones de accionistas de la Empresa Periodística La Nación S.A., donde el Estado posee un 69,26% de la propiedad, para luego encomendar a la Tesorería General–también a través de decreto, firmado por el Presidente de la República y el ministro Andrés Chadwick- la disolución anticipada y posterior liquidación de la sociedad, lo que se acordó en sesión extraordinaria del 24 de septiembre de 2012.
A continuación vino el cierre de su edición impresa, en diciembre de 2012, y el traslado de todos los trabajadores desde el edificio histórico construido especialmente para albergar al periódico, y que por lo mismo debería ser considerado patrimonio nacional, los que ahora se encuentran hacinados en unos pocos pisos de un viejo edificio en calle Serrano. Siendo la última de las jugadas, tras la liquidación de la empresa, el acuerdo de “enajenación del diario electrónico nación.cl y todos los activos que forman parte de esta unidad económica por medio de licitación pública”, como señala el aviso publicado en el propio diario.
Se trata de un jaque mate definitivo a su existencia, que le vio transitar desde un medio de carácter público a una sociedad anónima, y a la vez una grave afrenta a la libertad de expresión en Chile. Por parte de un Estado que tiene como límite a su actuar, así lo dictamina la Constitución Política, el respeto a los derechos humanos garantizados en tratados ratificados y vigentes en el país, como lo son la Declaración Universal de Naciones Unidas y la Convención Americana de la OEA, que consagran el derecho de toda persona a emitir, difundir y recibir información por cualquier medio.
Precisamente esta última dimensión, la de recibir, produce que este sea un derecho considerado de doble faz y de carácter colectivo, puesto que al afectarse la emisión y difusión de contenidos, se vulnera al mismo tiempo el derecho que tenemos todas y todos a acceder a dichos contenidos. En palabras simples, nuestro derecho a estar informados.
De allí que la alevosa actuación del gobierno, además de ser una decisión política para aniquilar un medio que siempre le incomodó, constituya una medida ilegal y arbitraria. Ilegal, al vulnerar el derecho constitucional a la libertad de expresión, y arbitraria, pues no consta razonabilidad ni existen méritos para desahuciar a un diario que ha sido exitoso tanto en su cobertura como en sus réditos económicos. En efecto, de acuerdo al Estado Financiero Consolidado elaborado en el marco de este proceso por los Auditores Independientes PWC, Empresa Periodística La Nación ostenta “una situación patrimonial positiva y flujos de efectivo constantes que reflejan una conveniente situación contable”.
A ello se agrega el carácter público que ostenta en su esencia el diario, siendo nada menos que el Estado, el mismo que tiene el deber de garantizar el pluralismo frente a monopolios u oligopolios que de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atentan contra la democracia misma, quien actúa no tan solo regulando o interviniendo un medio de este carácter, sino derechamente liquidándolo. Lo anterior, en uno de los países de América Latina con los mayores índices de concentración en la propiedad de los medios de comunicación.
