La Contraloría General de la República, acogió una iniciativa que obliga a los profesionales de la salud a informar previamente a los padres, de las adolescentes menores de 14 años, que soliciten la píldora del día después. Situación que se justificó en la argumentación del contralor, Ramiro Mendoza, quien explicó que el dictamen adquiere sentido ya que se defiende el derecho de los padres de tener pleno conocimiento de lo que hacen sus hijos.
Sin embargo, la disposición no estaba contemplada, ya que si bien es cierto que las matronas tienen que entregar la píldora de emergencia a todas las personas, previa consejería, en el caso de los adolescentes, solo se debe informar al padre, madre o al adulto mayor responsable que este determine.
La medida fue impulsada por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina y la ONG Comunidad y Justicia, quienes en octubre del año pasado solicitaron al contralor pronunciarse sobre una supuesta contradicción en la ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, y el reglamento publicado en enero 2010 que determinaba el conocimiento del adulto responsable.
En este mismo sentido, el estatuto ratifica y ordena que no debe haber interpretaciones arbitrarias de alcaldes, quienes en muchos casos prohibían la entrega de la píldora en los consultorios.
Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas de Chile, señaló que la entrega de la píldora no es un tema valórico, sino que sanitario y de responsabilidad del Estado, por lo que los alcaldes no tienen la facultad de determinar este tipo de cosas. Además evaluó el hecho como un “retroceso”.
“Lo que me dice la ley y el reglamento es que se aplique la ley. Entonces por qué hoy se hace un caos mediático diciendo que los profesionales no cumplimos con la ley, cuando sí lo hacemos. No hay nada que me diga que debo avisarle al padre o a la madre, yo me reservo la facultad de decir si le informo o no”, explicó defendiendo su postura.
Según la profesional, el alcalde vulnera los derechos reproductivos de las adolescentes y además viola el derecho profesional de confidencialidad.
La presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Gabriela Farías, indicó que con estas iniciativas se anula el interés de las niñas de acercarse de manera voluntaria a los servicios públicos.
“Lamentablemente, por la poca educación sexual que hay en nuestra sociedad, lo que va a ocurrir es que va a ir la mamá, va a ir el papá, va a ir el cuidador de esa niña y la va a retar, no va a ir más allá, ni buscará las causas, sino que se convertirá en castigo. Es necesario que profundicemos en la salud sexual y en la educación de esta en nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló.
En esta misma línea, la presidenta de la agrupación insistió que es necesario que esto parta en los colegios, desde una mirada que sea coherente y que tengan un impacto social, ya que “si bien es cierto que están en una edad intermedia, entre niño y adolescente, la sociedad los ha impulsado a tener mayor autonomía, por lo que hay que saber guiarlos”.
Asimismo, las profesionales advirtieron que la iniciativa puede provocar un aumento en abortos y embarazos adolecente.
La Contraloría General de la República, acogió una iniciativa que obliga a los profesionales de la salud a informar previamente a los padres, de las adolescentes menores de 14 años, que soliciten la píldora del día después. Situación que se justificó en la argumentación del contralor, Ramiro Mendoza, quien explicó que el dictamen adquiere sentido ya que se defiende el derecho de los padres de tener pleno conocimiento de lo que hacen sus hijos.
Sin embargo, la disposición no estaba contemplada, ya que si bien es cierto que las matronas tienen que entregar la píldora de emergencia a todas las personas, previa consejería, en el caso de los adolescentes, solo se debe informar al padre, madre o al adulto mayor responsable que este determine.
La medida fue impulsada por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina y la ONG Comunidad y Justicia, quienes en octubre del año pasado solicitaron al contralor pronunciarse sobre una supuesta contradicción en la ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, y el reglamento publicado en enero 2010 que determinaba el conocimiento del adulto responsable.
En este mismo sentido, el estatuto ratifica y ordena que no debe haber interpretaciones arbitrarias de alcaldes, quienes en muchos casos prohibían la entrega de la píldora en los consultorios.
Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas de Chile, señaló que la entrega de la píldora no es un tema valórico, sino que sanitario y de responsabilidad del Estado, por lo que los alcaldes no tienen la facultad de determinar este tipo de cosas. Además evaluó el hecho como un “retroceso”.
“Lo que me dice la ley y el reglamento es que se aplique la ley. Entonces por qué hoy se hace un caos mediático diciendo que los profesionales no cumplimos con la ley, cuando sí lo hacemos. No hay nada que me diga que debo avisarle al padre o a la madre, yo me reservo la facultad de decir si le informo o no”, explicó defendiendo su postura.
Según la profesional, el alcalde vulnera los derechos reproductivos de las adolescentes y además viola el derecho profesional de confidencialidad.
La presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Gabriela Farías, indicó que con estas iniciativas se anula el interés de las niñas de acercarse de manera voluntaria a los servicios públicos.
“Lamentablemente, por la poca educación sexual que hay en nuestra sociedad, lo que va a ocurrir es que va a ir la mamá, va a ir el papá, va a ir el cuidador de esa niña y la va a retar, no va a ir más allá, ni buscará las causas, sino que se convertirá en castigo. Es necesario que profundicemos en la salud sexual y en la educación de esta en nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló.
En esta misma línea, la presidenta de la agrupación insistió que es necesario que esto parta en los colegios, desde una mirada que sea coherente y que tengan un impacto social, ya que “si bien es cierto que están en una edad intermedia, entre niño y adolescente, la sociedad los ha impulsado a tener mayor autonomía, por lo que hay que saber guiarlos”.
Asimismo, las profesionales advirtieron que la iniciativa puede provocar un aumento en abortos y embarazos adolecente.
La Contraloría General de la República, acogió una iniciativa que obliga a los profesionales de la salud a informar previamente a los padres, de las adolescentes menores de 14 años, que soliciten la píldora del día después. Situación que se justificó en la argumentación del contralor, Ramiro Mendoza, quien explicó que el dictamen adquiere sentido ya que se defiende el derecho de los padres de tener pleno conocimiento de lo que hacen sus hijos.
Sin embargo, la disposición no estaba contemplada, ya que si bien es cierto que las matronas tienen que entregar la píldora de emergencia a todas las personas, previa consejería, en el caso de los adolescentes, solo se debe informar al padre, madre o al adulto mayor responsable que este determine.
La medida fue impulsada por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina y la ONG Comunidad y Justicia, quienes en octubre del año pasado solicitaron al contralor pronunciarse sobre una supuesta contradicción en la ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, y el reglamento publicado en enero 2010 que determinaba el conocimiento del adulto responsable.
En este mismo sentido, el estatuto ratifica y ordena que no debe haber interpretaciones arbitrarias de alcaldes, quienes en muchos casos prohibían la entrega de la píldora en los consultorios.
Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas de Chile, señaló que la entrega de la píldora no es un tema valórico, sino que sanitario y de responsabilidad del Estado, por lo que los alcaldes no tienen la facultad de determinar este tipo de cosas. Además evaluó el hecho como un “retroceso”.
“Lo que me dice la ley y el reglamento es que se aplique la ley. Entonces por qué hoy se hace un caos mediático diciendo que los profesionales no cumplimos con la ley, cuando sí lo hacemos. No hay nada que me diga que debo avisarle al padre o a la madre, yo me reservo la facultad de decir si le informo o no”, explicó defendiendo su postura.
Según la profesional, el alcalde vulnera los derechos reproductivos de las adolescentes y además viola el derecho profesional de confidencialidad.
La presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Gabriela Farías, indicó que con estas iniciativas se anula el interés de las niñas de acercarse de manera voluntaria a los servicios públicos.
“Lamentablemente, por la poca educación sexual que hay en nuestra sociedad, lo que va a ocurrir es que va a ir la mamá, va a ir el papá, va a ir el cuidador de esa niña y la va a retar, no va a ir más allá, ni buscará las causas, sino que se convertirá en castigo. Es necesario que profundicemos en la salud sexual y en la educación de esta en nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló.
En esta misma línea, la presidenta de la agrupación insistió que es necesario que esto parta en los colegios, desde una mirada que sea coherente y que tengan un impacto social, ya que “si bien es cierto que están en una edad intermedia, entre niño y adolescente, la sociedad los ha impulsado a tener mayor autonomía, por lo que hay que saber guiarlos”.
Asimismo, las profesionales advirtieron que la iniciativa puede provocar un aumento en abortos y embarazos adolecente.
